Mtra. Karime Athie Ortíz
En nuestro país, por Ley, toda persona tiene el derecho de solicitar gratuitamente la información generada, administrada o en posesión de las autoridades públicas, quienes como sujetos obligados deben entregarla sin que la persona acredite interés o justifique su uso.
A través del acceso a la información es posible evaluar y crear políticas públicas, programas sociales, transparentar el quehacer público, conocer sobre el ejercicio de las funciones de cada uno de los integrantes de los tres poderes de gobierno, visibilizar escenarios, situaciones actuales y panoramas sobre un tema en específico, entre otros.
Es por ello la importancia de facilitar el acceso a la información, específicamente para aquellos grupos poblacionales que enfrentan situaciones extremas o de vulnerabilidad.
Uno de estos grupos son las mujeres y niñas en nuestro país que, de acuerdo a la información pública, los índices de violencia en todos sus tipos y feminicidios, no ha cesado, situación que requiere atención urgente.
No solo somos datos y estadísticas, representamos más de la mitad de la población de nuestro país, con todo lo que ello implica en términos sociales y económicos; con todos los derechos establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y leyes que de ella emanan; derechos que en muchos casos son violentados.
De acuerdo a las proyecciones realizadas por el Consejo Nacional de Población, se estima que, hasta mitad del presente año, el total de mujeres en México fue de 66,425,589, cifra que representa más de la mitad de la población.
Derivado de la información pública, podemos saber y precisar las entidades con mayor número de mujeres, entre las que se encuentran la Ciudad de México, Oaxaca, Quintana Roo y Baja California.
Con respecto a la situación de violencia contra las mujeres, datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, señalan que durante el periodo de enero – mayo de 2022 se registraron 1,518 mujeres víctimas de muertes violentas; en este mismo periodo se registraron 113 niñas y adolescentes víctimas de homicidio doloso o feminicidio.
Así mismo, se registraron 131 mujeres menores de edad víctimas de trata de personas, 27,555 mujeres víctimas de lesiones dolosas, 1,173 mujeres desaparecidas y no localizadas.
Estas cifras reflejan la gravedad de la situación actual de las mujeres; no sólo es información que por Ley debe ser pública; la recopilación de datos y estadísticas debe servir para evaluar urgentemente la efectividad de los programas y políticas públicas; para llevar a cabo acciones transversales con los tres poderes de gobierno y con cada una de las entidades federativas; para prevenir y brindar atención inmediata e integral a las víctimas y sus familias, para la efectiva impartición de justicia y cero impunidad.
La generación de información con enfoque de género permite abrir nuevos panoramas y fortalecer los mecanismos para el respeto y ejercicio de los derechos humanos de las mujeres.
La existencia y facultades de los órganos garantes es primordial, pues llevan a cabo diversas acciones encaminadas a la información con enfoque de género, difusión de mecanismos para ejercer el derecho al efectivo acceso de información y su utilidad, así como, de impulsar la transparencia proactiva con perspectiva de género de los sujetos obligados.
La información siempre será una herramienta valiosa para las mujeres, para conocer, ejercer y exigir el respeto a nuestros derechos, de vincularlos a garantías que permitan mejorar las condiciones de vida y de participar en la toma de decisiones de estos y otros temas prioritarios.
¡No, no solo somos datos y estadísticas!