Rodrigo Escobar Garduño
May the odds be ever in your favor
The hunger games
Muchos pensábamos que después del fracaso de la reforma eléctrica, el actual gobierno y sus partidos no intentarían pasar una reforma que se antoja a todas luces regresiva.
Los partidos que, en ese momento integraban la coalición “Sí X México”[1], habían anunciado lo que denominaron moratoria constitucional, bajo esta lógica, estos partidos no aprobarían ninguna reforma a la ley fundamental, se referían básicamente a la eléctrica y electoral.
Pero, no contábamos con que en este inter se atravesaría la reforma militarista, que serviría de laboratorio para pasar la tan anhelada modificación electoral que demanda el presidente. ¿Cuál fue el método?, mediante la adquisición de votos de la oposición fundamentalmente del PRI y el PRD, esto le permitió al gobierno en turno alcanzar la votación requerida para modificar la Constitución.
Seguramente, viendo su éxito, el gobierno de la 4T consideró viable impulsar la discusión de un paquete de más de 50 iniciativas, aunque seamos sinceros, la que importa es la del presidente de la República.
Bueno, el 25 de octubre tuvo lugar una Reunión de trabajo sobre la reforma electoral de las Comisiones para la Reforma Político-electoral, Puntos Constitucionales y Gobernación y Población, todas de las Cámara de Diputados. Fue una mesa enorme, dado que se trataba de la reunión de los integrantes de 3 comisiones, más los coordinadores parlamentarios.
Y así vinieron los discursos, uno tras otro; muchos llenos de lugares comunes, referencias simplistas a problemas sumamente complejos, pero no todo fue retórica vacía y superflua, hubo mensajes interesantes, algunos de ellos preocupantes.
Lo primero que llama la atención es el cambio de posturas, no solo de la oposición, sino de algunos integrantes del grupo mayoritario de MORENA y sus ad láteres.
Oyendo las intervenciones de los y las diputadas, podemos advertir que los posicionamientos frente a una posible reforma se darán de la siguiente forma:
-Los duros de MORENA y el PT, que quieren aprobar la iniciativa del presidente casi en sus términos, en este grupo se ubicarían diputados como Fernández Noroña, Yiedckol Polvesky o Aleida Alavez, su misión es, sin duda, la cooptación y debilitamiento del INE y el Tribunal Electoral.
-Un grupo de moderados de todos los partidos. De MORENA, que reconocen que la iniciativa del presidente es intransitable como está, y pueden ceder, sobre todo en puntos que a todos los partidos interesan. Aquí podemos ubicar a Ignacio Mier (MORENA), Gutiérrez Luna (MORENA), Rubén Moreira (PRI), Jorge Romero (PAN).
-Finalmente, un grupo de duros del otro lado, que prácticamente rechazan en su totalidad las partes más relevantes de la iniciativa del presidente, sobre todo lo que tiene que ver la elección popular de consejeros y magistrados, reducción de diputados y senadores y financiamiento de partidos. En este bloque ubicamos a legisladores del PRD y MC.
La discusión apenas empieza, pero sería importante comentar ciertos puntos de los mencionados por algunos legisladores y que, como dijimos, cuando menos son incorrectos, cuando no, sumamente preocupantes.
Fernández Noroña afirmó que es urgente la salida de los integrantes del Consejo General del INE y de los magistrados del Tribunal Electoral, supongo que se refiere a los de la Sala Superior, incluso, se atrevió a cometer una infidencia -como él mismo dijo-, que todas las fuerzas políticas, más allá del discurso público, estaban de acuerdo con esto.
Destituir a consejeros y magistrados no solo violentaría los derechos de los integrantes de ambos órganos, sino que, más grave, atentaría contra los principios de imparcialidad e independencia que deben regir la actuación de los órganos electorales.
Generaría un clima de incertidumbre y desconfianza en los funcionarios electorales, pues sería producto de un acto ilegítimo, sus actos quedarían siempre bajo sospecha. Basta ver, por ejemplo, el caso de la CNDH, la cual ha abdicado de su función de vigilante del respeto a los derechos humanos de la gente, para favorecer las políticas de la actual administración.
Sin embargo, esto no es lo más grave, lo peor es que todos los que estaban en la mesa hicieron mutis, ninguno salió a desmentir al Diputado Noroña, pareciera una aceptación tácita de ese acuerdo, o quizá no tan tácita, porque en su intervención el Dip. Jorge Romero (PAN) afirmó que se trataba de defender instituciones, no personas, perece que en alusión a los integrantes de los órganos electorales.
Hay algunas expresiones que vale la pena comentar, por ejemplo, la presidenta de la Comisión para la reforma del Estado, la Diputada Graciela Sánchez afirmó que “…desde antes de 1977 hasta la fecha había predominado la agenda presidencial sobre las reformas electorales…”[2], esto evidencia el profundo desconocimiento de la evolución del sistema electoral, es algo más que estudiado, que las sucesivas reformas electorales que nos han dotado de un robusto y confiable sistema han sido producto, sobre todo, de la lucha de los grupos de izquierda.
La serie de reformas electorales que inicio en 1990 y concluyó en 1996, no fue una concesión graciosa de los presidentes en turno, baste recordar que, en tan solo 6 años, el entonces IFE pasó por 2 integraciones, primero, los efímeros consejeros magistrados, luego los consejeros ciudadanos y finalmente los consejeros electorales.[3]
En la reforma electoral de 1996, el 17 de enero de 1995, se firmaron los Compromisos para un acuerdo político nacional, suscrito por el PAN, PRI, PRD y PT, y Ernesto Zedillo como testigo de honor. Estos tenían por objeto “…consolidar la reforma democrática de México…” Fue hasta el 25 de julio de 1996, cuando Zedillo firmó la iniciativa, con la cual estaban de acuerdo el PRI, PAN PRD y PT.
Lo mismo podemos decir de la reforma electoral de 2007, donde las quejas del ahora presidente se incorporaron en la nueva legislación electoral (aunque ahora le falle la memoria) el actual sistema de comunicación política, el recuento de votos, las normas en materia de propaganda gubernamental (que tanto incomodan a los gobiernos de todos los partidos) todo eso, no fue producto de una agenda presidencial.
En otro orden de ideas, Alejandro Moreno, diputado, presidente de la Comisión de Gobernación y presidente del PRI, destacó la necesidad de revisar la permanencia de los procedimientos especiales sancionadores, “…qué tanto afectan a candidatos y a medios de comunicación porqué…”[4]
Seguramente se refiere a las sanciones que se les han impuesto a partidos, candidatos y funcionarios de todos los partidos, por infringir la normatividad electoral, olvidando la importancia que este procedimiento tiene para la equidad en la contienda y en la vigilancia del modelo de comunicación política e incluso del uso adecuado de los recursos públicos.
Los procedimientos especiales sancionadores surgen precisamente por la campaña negra en contra del entonces candidato y ahora presidente López Obrador.
Tal pareciera que los partidos políticos, prefieren reformar la ley, antes que dejar de violarla, es muy sencillo; si al diputado le preocupan que se perjudique a los candidatos y concesionarios de radio y televisión, pues no promuevan constantemente denuncias.
Aquí, los principales actores del procedimiento especial sancionador son los partidos políticos. Es preferible tener una vía para atender este tipo de reclamos y no usarla, que necesitarla y no tenerla.
Otras desafortunadas declaraciones provinieron del presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, el diputado Juan Ramiro Robledo y el Diputado Pedro Vázquez, del PT, integrante de la misma comisión.
El primero de ellos afirmó “…las acciones afirmativas son gestiones de impulso para conseguir igualdad social en muchos terrenos, deben estar en las normas, no pueden quedar a la discreción de su aplicación ni de las autoridades jurisdiccionales ni de las autoridades administrativas, a base de principios creados por las autoridades jurisdiccionales, se van creando normas que escapan de la competencia original que debe ser del legislativo.”[5]
Esto es falso, las autoridades electorales no han “inventado” ningún principio, lo que se ha hecho es darle contenido y aplicabilidad a principios que ya se encuentran contenidos en la constitución, como el de la igualdad, sobre la cual se sustentan algunas acciones afirmativas.
Debemos leer el principio de igualdad desde un punto de vista sustancial, no material, es cierto, todos somos iguales ante la ley, pero hay unos son más iguales que otros, eso es lo que hay que atacar, la desproporción que existe entre distintos grupos sociales que hace poco viable su participación en la vida política.
Afirma el legislador que la regulación de las acciones afirmativas corresponde al poder legislativo, y tiene toda la razón, entonces ¿por qué no lo han hecho? ¿qué se los ha impedido?
No es el único tema en el cual han sido omisos, también en la regulación de la reelección, la paridad de género en gubernaturas.
Mientras no asuman su responsabilidad, corresponde a las autoridades electorales velar porque se respeten los principios que ya están en la constitución.
En una misma tónica, el legislador petista señaló: “Otro importante aspecto de nuestra iniciativa es añadir las acciones afirmativas para incluir a los grupos históricamente discriminados o ignorados, pero al mismo tiempo se pone un candado, tanto a la autoridad administrativa electoral y a la jurisdiccional de implementarlas antes de iniciado el proceso electoral, lo anterior para darle certeza a todos los actores políticos…”[6]
Esto, pone de relieve el poco compromiso que tienen los partidos con la pluralidad y la inclusión de grupos en situación de vulnerabilidad, porque si bien hablan de garantizar estos derechos, en sus afirmaciones subyace la idea de limitar el ejercicio de ciertas atribuciones que les incomodan. Incluso apenas en el mes de septiembre la Sala Superior del TEPJF declaró existente la omisión del Congreso de la Unión de legislar en materia de acciones afirmativas a favor de la comunidad LGBT+.[7]
La discusión apenas empieza, los temas más álgidos sin duda serán los que tienen que ver con la integración de las autoridades electorales y la reducción del número de diputados y senadores; si la oposición cede en estos puntos, es muy posible que estemos en presencia de un regreso a los tiempos en los que el gobierno controlaba las autoridades electorales.
[1] PAN, PRI y PRD
[2] Cámara de Diputados, 25 de octubre de 2022, Reunión de las Comisiones Reforma Político-Electoral; Puntos Constitucionales; y Gobernación https://www.youtube.com/watch?v=ebd1gjEZc40, 42m27s.
[3] Una de las demandas más importantes de la lucha democrática era que el ejecutivo sacara las manos de los procesos electorales, esto se logró hasta la reforma electoral de 1996
[4] Idem Cámara de Diputados, 50m 18s
[5] Idem Cámara de Diputados, 55m 20s
[6] Idem Cámara de Diputados, 1h 28m 05s
[7] Ver sentencia del juicio ciudadano SUP-JDC-951/2022.