Lic. Raymundo Manuel Salcedo Flores
Luego de que las facciones políticas de nuestro país se reacomodaran para dar apertura a una posible reforma electoral, a pesar de que hace algunos meses habían decidido frenar toda iniciativa que se presentara al respecto, nuevamente está sobre la mesa la posibilidad de modificar las reglas del juego de cara a la elección de 2024.
Sobre la posible reforma electoral hay dos aspectos que pueden analizarse, uno de ellos es eminentemente político y otro de contenido jurídico; en este análisis se abordarán ambos aspectos.
En la historia reciente de México, al menos desde 1977 han existido una serie de reformas que han modificado la composición de los poderes de la Unión y su forma de elección; México ha transitado ya —con relativo éxito— de un sistema de partido único a una pluralidad de partidos políticos y ha dado los pasos iniciales a una democracia participativa como lo son los procesos de revocación de mandato y consulta popular.
500 diputados y 128 senadores es la composición actual del Congreso General, al que se han implementado mecanismos como la representación proporcional y las cuotas de género para buscar que se logre la mejor manera de representar a más de 130 millones de mexicanos.
Lamentablemente, muchos de esos 130 millones no siempre nos sentimos representados por quienes ocupan una curul en el Congreso; de ahí los amplios cuestionamientos que se han vertido respecto de los legisladores por representación proporcional.
Por otra parte, en el pasado reciente de México hay por lo menos dos procesos electorales cuyas irregularidades han hecho que un sector de la población los tilde de fraudulentos: 1988 y 2006; así como cuatro elecciones presidenciales —1994, 2000, 2006 y 2012— donde el candidato vencedor no obtuvo más del 50% de los votos; y en un caso —2006—, la diferencia oficial entre el primero y el segundo fue de apenas 0.56%, poco menos de 300,000 votos en un universo de 130,000 casillas instaladas en todo el país, lo que implicaba que un error humano de dos a tres votos por casilla podría implicar la variación del resultado en la elección presidencial de aquel año; esto sin tomar en cuenta las múltiples acusaciones de fraude que ocurrieron por entonces.
Los yerros de la democracia mexicana concurren con sus grandes logros: la reforma que democratizó el entonces Distrito Federal en 1997, la creación de diputados y senadores por representación proporcional para dar a las distintas fracciones políticas una mayor representación; crear un instituto electoral con autonomía respecto de los demás poderes son sólo algunas de las conquistas que la incipiente democracia mexicana ha logrado.
Se habla ahora de una reforma política; y aunque los medios de comunicación se refieren con mayor amplitud a la que fue presentada por el ejecutivo, lo cierto es que hay un total de 42 iniciativas de reforma en materia política-electoral que se encuentran bajo el escrutinio de nuestros legisladores.
De esta serie de iniciativas, la parte que ha sido de mayor relevancia en los medios de comunicación —sobre todo por ser parte de la iniciativa del presidente de la república— es la modificación del órgano que regula las elecciones, incluyendo modificaciones en el número de los consejeros y la forma de su designación.
Ahora bien, la idea de que los consejeros del instituto electoral (sea el nombre que finalmente se le quede) sean electos popularmente, de inicio puede parecer impráctica y hasta cierto punto populista, pues el papel del árbitro puede —y en muchas ocasiones debe— tener un sentido antipopular, pues es la autoridad que ha de decidir en qué casos sancionar a los contendientes, y lograr una competencia equitativa y justa; pero al margen de ello, la propuesta revela un problema de identidad y representación con el Instituto electoral.
¿Quién no se ha sentido obscenamente ultrajado con la forma en que los partidos políticos violan la ley y la falta de sanciones para con ellos? ¿Cuántas veces hemos visto formas de hacer publicidad que violan todos los límites posibles de la ley y sentirse defraudado por la manera tibia de actuar de los órganos electorales? ¿Quién no se siente defraudado por el hecho de que las multas que les imponen a los partidos políticos sean pagadas con el dinero de los contribuyentes?
Vamos, ¿cuándo se ha aplicado la pena máxima —la pérdida del registro— a un partido político por violar la ley?
Sin embargo, este sentimiento de falta de un órgano que realmente ejerza su tarea de árbitro no es —al menos en la percepción de quien esto escribe— algo que se pueda atribuir completamente al Instituto o sus integrantes. Las leyes electorales se han diseñado por los propios partidos políticos, y tal parece que son diseñadas para que no se afecte a esa élite partidista pese a las violaciones a la ley que se puedan perpetrar.
La elección popular de los consejeros electorales no parece ser la solución a ese trasfondo; sin embargo, aunque el argumento jurídico sobre mantener el esquema actual del órgano electoral pueda resultar plausible, la realidad lapidaria llega: si la ley electoral la hacen los partidos políticos, ésta será diseñada para la conveniencia de esos partidos y no para construir un órgano que realmente sea garante de elecciones libres y auténticas como lo mandata la Constitución.
Otros temas que destacan dentro del cuerpo de las iniciativas son los siguientes:
- Segunda vuelta electoral.
- Disminución de la edad necesaria para votar y para ejercer los cargos de diputado/senador.
- Disminución de legisladores plurinominales, en algunos casos se propone su extinción.
- Creación de escaños específicos para representantes de los migrantes.
- Incremento de requisitos para acceder al cargo de diputado/senador.
- Eliminación del financiamiento público que se asigna a los partidos políticos.
Todas estas propuestas destacan la urgente necesidad de hacer cambios en el sistema político mexicano. Lamentablemente, la realidad lapidaria ya apuntada se presenta también en estos temas. ¿Qué partido querrá eliminar su financiamiento público? ¿a cuál le conviene ir a una segunda vuelta electoral cuando “ganó” una elección con el 35% de los votos?, ¿no será que los escaños que correspondan a los representantes de los migrantes serán en realidad de legisladores que en su vida hayan tenido la condición de mexicano residente en el extranjero, sólo para cubrir una cuota partidista?, ¿la reducción de edad para votar podría ser instrumento para que las bases duras de los partidos les aseguren un mayor número de votos de un sector que difícilmente puede tomar racionalmente sus decisiones de vida?
Estas y otras preguntas surgen para ejemplificar el nivel de desconfianza y descontento que la sociedad mexicana tiene para con la clase política. La tarea de nuestros legisladores debe ser lograr un mayor acercamiento para con la ciudadanía.
Ahora bien, uno de los grandes logros de la democracia mexicana —ya se apuntó antes— es la creación de un órgano autónomo; el cual es, por supuesto, perfectible, pero ello no significa que el andamiaje ya construido y el camino ya recorrido deba ser desechado por completo para dar paso a un nuevo instituto, sobre todo de cara a las elecciones de 2024 que, al menos en tiempos políticos —e incluso procesales— se puede decir que están a la vuelta de la esquina.
No se trata de una defensa irrestricta de las instituciones electorales, ni de la idea de permanecer con el mismo esquema electoral que tantos descalabros ha dado a México, sino de perfeccionar esas instituciones para que sean auténticamente ciudadanas, para que el artículo 39 constitucional —tan citado para denostar a los gobiernos en turno y tan poco aplicado para permitir a la ciudadanía elegir libremente su forma de gobernarse— cobre una verdadera aplicación.
Y lo anterior, como se ha visto, no se logra únicamente con la reforma del instituto, ni estableciendo la segunda vuelta electoral, ni aumentando los requisitos para ser legislador, ni modificando la composición del Congreso, pues es la forma de hacer política y de concebir los procesos electorales lo que debe cambiar, desde el respeto a las reglas electorales, hasta la forma en que los candidatos proponen y hacen campaña; pasando por la manera en que los partidos políticos se proceden para obtener el voto.