Mtra. Karime Athie Ortíz
El 9 de diciembre, la Asamblea General de las Naciones Unidas declaró el Día Internacional contra la Corrupción por medio de la resolución A/RES/58/4, con la finalidad de sensibilizar a la población y gobiernos.
Por mucho tiempo hemos estado entre los países con más corrupción en el mundo, lo cual ha preocupado significativamente a los más altos niveles de gobierno y ante el llamado y exigencia de una sociedad alerta, se han instaurado mecanismos para el combate a la corrupción.
Tal es el caso del Sistema Nacional Anticorrupción, que en días pasados durante su Asamblea General, plantearon la necesidad de una agenda estratégica 2023 – 2024, así como, acciones coordinadas con los mandatarios de las entidades federativas y organizaciones de la sociedad civil.
El Sistema Nacional Anticorrupción cuenta con una Plataforma Digital Nacional que permite tener acceso a datos útiles para detectar, investigar y sancionar hechos de corrupción, así como para el control y fiscalización de recursos públicos, sin duda, una herramienta importante para el combate a la corrupción.
De acuerdo al Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el 57.1% de la población en México considera que la corrupción es uno de los problemas más importantes, ubicándose solo por debajo de la inseguridad y la delincuencia.
El costo promedio de la corrupción es de 3044 pesos por persona en términos reales y en el caso del sector empresarial de 7419.
La demanda ciudadana para combatir la corrupción es inaplazable, más aún en los próximos procesos electorales que serán trascendentales para la democracia en México.
Consolidar la confianza de las y los mexicanos en las instituciones será un gran reto, por lo que combatir la impunidad a través de los integrantes del Sistema Nacional Anticorrupción y de los sistemas locales será imprescindible y crucial para enfrentar las futuras adversidades sociales y económicas.
Para consolidar el largo andamiaje normativo y los mecanismos para combatir la corrupción es primordial contar siempre con la participación ciudadana como un derecho legítimo, fortalecer los sistemas de transparencia y rendición de cuentas, asignar presupuesto suficiente a los organismo e instituciones facultados para llevar a cabo acciones en materia de anticorrupción.
La opacidad, impunidad e ilegalidad, son tres de los grandes problemas de la corrupción en México; combatirla requiere voluntad política y una excepcional coordinación de todos los entes gubernamentales, las cifras y estadísticas son alarmantes y las demandas ciudadanas son crecientes.
“La honestidad es la mejor política”
Benjamín Franklin