Rodrigo Escobar Garduño
Hace unos días, no se sabe bien si como producto de la entrada en vigor de la Reforma Electoral: Plan B, se dio una renuncia masiva de funcionarios directivos del Instituto Nacional Electoral.
Me han comentado que esto pudo deberse a un acto de “lealtad” hacia Lorenzo Córdova, quien ya se encuentra en el ocaso de su presidencia, otras versiones afirman que a parecer no hubo “apoyo” por parte del resto de los consejeros que se quedan, y ante la llegada de 4 nuevos perfiles, entre ellos una presidencia pintada de guinda, prefirieron anticipar su salida y con ello, además garantizar el pago de las liquidaciones a las que tienen derecho conforma a las normas vigentes.
En otro lugar mucho más céntrico, las cosas para el personal tampoco están resultando fáciles, me cuentan que la llegada de la ministra Piña Hernández a la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha significado el cese inmediato de muchos altos funcionarios, la desaparición de áreas completas en el máximo tribunal y también en el Consejo de la Judicatura Federal.
Se dice que hay un ánimo antizaldivarista desatado, que trata de extirpar todo lo que huela a la administración anterior como si se tratara de un tumor. Los verdugos de ayer terminaron siendo las víctimas de hoy, y es muy probable que, en tan solo 4 años, la historia se repita.
Estos dos acontecimientos, me sirven de pretexto para hablar de un tema que no es bien visto, por un amplio sector del funcionariado público: El servicio civil de carrera.
70 años de gobierno priista dejaron una profunda huella en el ejercicio del servicio público. La administración pública no solo se entendía como un mecanismo para la satisfacción de las necesidades sociales, el gobierno no solo era un prestador de servicios y bienes públicos, sino también como una fuente de recursos económicos para la compraventa de lealtades y favores.
El compromiso partidista, la lealtad hacia el sistema tenía un valor y un proceso y, por lo tanto, tenía que ser reconocida y recompensada mediante la designación en ciertas posiciones de mando, regularmente mejor remuneradas.
Esta visión patrimonialista y personalista del ejercicio del poder, llevó a la administración pública a tener que reinventarse cada 6 años, cada periodo presidencial tenía un periodo de ajuste, las obras, los programas, todo se detenía por el cambio de administración.
Había, sin duda, una curva de aprendizaje, los nuevos funcionarios llegaban en muchas ocasiones no por sus conocimientos en una materia, sino por su compromiso con el proyecto sexenal en turno.
Estas posiciones de mando, por lo general carecen de estabilidad en el empleo, por lo que un funcionario que quiera conservar su empleo difícilmente se opondría a los deseos del titular en turno, no importa que lo irregular o ilegal de la acción que le estuvieran pidiendo.
Una forma de combatir esa forma personalista y voluntarista de ejercer la función pública es contar con un servicio de carrera que garantice que ciertas posiciones dentro de la estructura gubernamental se reserven a personas que cuenten con los conocimientos técnicos y especializados necesarios para la prestación del servicio público.
Bajo esta lógica, es necesario distinguir entre los cargos políticos y técnicos, los primeros como su nombre lo indica tiene la función de cumplir con la agenda del gobierno o partido en turno y son de libre remoción por parte del titular del poder o dependencia, por otro lado, los cargos técnicos debe ser la piedra angular del servicio público, y responde a la lógica de las competencias y capacidades, por lo que su designación debe estar alejada de criterios de oportunidad política.
Como en muchas otras cosas, nuestro país empezó sumamente tarde la construcción de su servicio civil de carrera. Antes de la implementación del servicio civil de carrera de la administración pública había pocas experiencias exitosas, estaba por un lado el Servicio Exterior Mexicano, el incipiente Servicio Profesional Electoral del entonces Instituto Federal Electoral.
A nivel federal, en el año 2003 se expidió la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal; la idea fue interesante, pero duró poco el gusto, con el cambio de gobierno panista, empezó el desmantelamiento del servicio de carrera, hasta ser prácticamente inexistente en nuestros días.
El Servicio Civil de Carrera tiene por objeto proveer a los poderes públicos, de profesionales en diversas ramas del conocimiento, para que se desempeñen dentro de la administración. El reclutamiento de las personas que han de fungir como servidores públicos se debe realizar a base de rigurosos procesos de selección o reclutamiento, fundados en la mejor preparación e idoneidad para desempeñar el cargo, estos elementos deben ser evaluados a través de procedimientos objetivos, que permitan medir la capacidad de los aspirantes, dejando fuera elementos de carácter subjetivo, como podrían ser la relación con el titular de la dependencia o la recomendación de otros funcionarios de alto nivel.
Finalmente, a propósito de lo que señalaba yo al inicio sobre la renuncia de diversos funcionarios del INE y de la purga que está aconteciendo en el Poder Judicial de la Federación, Moctezuma Barragán y Roemer Andrés señalan como una de las ventajas de la instauración del servicio civil de carrera la siguiente:
Eliminación de la cultura de la lealtad individual: Esta cultura, que aún explica la conformación de muchos equipos de gobierno, no podrá ser sustituida en el corto plazo por una cultura de responsabilidades y de imparcialidad, dado que requiere de un amplio y constante proceso de modificaciones de los valores de los funcionarios públicos, así como del sistema de incentivos y castigos. Ante estas circunstancias un servicio civil bien establecido contribuiría al cambio en gran medida.
Ojalá que pronto veamos en el INE la selección de Directores y Titulares de Unidades Técnicas mediante un concurso de oposición, y en el Poder Judicial Federal, la implementación de un servicio de carrera de todos aquellos cargos no jurisdiccionales.
De cara a la renovación del Poder Ejecutivo debemos poner atención sobre las propuestas de las y los aspirantes para mejorar el funcionamiento de la administración pública, y dejar atrás el ejercicio del poder de forma voluntarista y ocurrente, necesitamos funcionarios que sepan decir no, al ejercicio abusivo del poder.