Mtra. Karime Athie Ortíz
El pasado 29 de mayo, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el Decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 38 y 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) en materia de suspensión de derechos para ocupar cargo, empleo o comisión del servicio público.
Esta reforma prohíbe que agresores sexuales, deudores alimentarios o personas sentenciadas por violencia de género, puedan postularse para ocupar cargos de elección popular o desempeñarse como servidores públicos.
En otras palabras, suspende los derechos o prerrogativas a quienes tengan una sentencia firme por la comisión intencional de delitos contra la vida, integridad corporal, contra la libertad y seguridad sexual, por violencia familiar y violencia familiar equiparada o doméstica, violación a la intimidad sexual; por violencia política contra las mujeres en razón de género, en cualquiera de sus modalidades y tipos; y por ser declarada como persona deudora alimentaria morosa.
Este mandato constitucional aplicará para el próximo periodo electoral del 2024, y será el Instituto Nacional Electoral el responsable de garantizar que personas violentadoras no sean registradas y por lo tanto no puedan ocupar cargos de elección popular.
Para que la adición y reforma constitucional pudiera llevarse a cabo, fue necesario el voto de las dos terceras partes del Congreso de la Unión, así como la aprobación de la mayoría de las legislaturas de los estados y de la Ciudad de México, es decir, la aprobación de la mitad más uno de los congresos, tal cual lo establece el artículo 135 de la CPEUM.
Lo anterior se traduce en la aprobación de 17 congresos estatales, sin embargo, actualmente hay una validez histórica del 100% de las entidades federativas.
Al mencionar la 3 de 3 vs. violencia, es imprescindible reconocer la capacidad, esfuerzo, persistencia y liderazgo de Yndira Sandoval, activista y fundadora de “Las Constituyentes”, quien desde hace muchos años decidió encabezar esta lucha con la firme convicción de que ningún agresor debería estar en el poder, enfrentando y superando cada uno de obstáculos en su camino, con la fuerza inherente de una mujer que no se rinde, creando un precedente inédito en los tres poderes y los tres órdenes de gobierno, escribiendo una nueva historia, haciendo justicia por ella y por todas las mujeres del país.
Para su aprobación se sumaron las y los legisladores federales y estatales, así como colectivas importantes como Las Constituyentes, 50+1, Mujeres en Plural, asociaciones y organizaciones de la sociedad civil, convencidas(os) de la necesidad de avanzar coordinadamente en acciones concretas en la lucha contra la violencia de las mujeres.
Con el lema “Nigún agresor en el poder”, las redes sociales se inundaron para acentuar la importancia de la aprobación de la reforma y adición constitucional; crucial fue la voz de las y los ciudadanos exhortando que las personas que aspiren a desempeñar un cargo en el servicio público y de elección popular, deben cumplir con requisitos específicos para garantizar la idoneidad para el cumplimiento y desarrollo de sus funciones.
Con la aprobación de la 3 de 3 vs violencia, se consolida una etapa de apertura legislativa, de democracia y construcción de estructuras en favor de la impartición de la justicia, de reivindicación con la sociedad y en específico con las mujeres víctimas de violencia.
Se trata de una reforma constitucional sin precedentes respaldada por un aparato legislativo que no fue omiso ante las exigencias y exhortos de la sociedad.
Ante esta apertura legislativa, ni un paso atrás, es momento del cambio, de ejercer los derechos y de aplicar la Ley; seremos vigilantes permanentes de que se cumpla a cabalidad en cada una de las entidades federativas y de emprender desde lo legal las medidas pertinentes cuando sea necesario.