Mtra. Karime Athie Ortíz
Muchas veces nos cuestionamos sobre la necesidad de que se legisle un hecho específico, sobre la creación de una nueva ley, o su adecuación a los tiempos actuales, esto conlleva procesos y mecanismos definidos que se apegan al ejercicio y aplicación de la norma jurídica.
Las “lagunas jurídicas” comúnmente llamadas “vacíos legales” son la ausencia de reglamentación en una materia o caso concreto, por lo que, quienes tienen a su cargo la facultad de impartir justica, tienen que recurrir a la utilización al derecho supletorio o a la interpretación de la norma para poder resolver lo más apegado a derecho posible.
Desde el punto de vista social, se ha incrementado la exigencia de legislar sobre situaciones no previstas en la norma y que, como consecuencia de ello, se han visto vulnerados sus derechos y sesgada la justicia.
La “Ley Olimpia”, la “Ley Vicaria”, la recientemente aprobada “Ley 3 de 3 contra la violencia”, entre muchas otras, son claros ejemplos actuales de la necesidad de tipificar delitos y sancionar a quienes sean responsables de su comisión.
El proceso legislativo se conforma por diferentes etapas que permiten garantizar un óptimo desarrollo para la creación o modificación de las normas jurídicas que finalmente habrán de impactar en la sociedad.
La primera parte es la iniciativa que de acuerdo al artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que el presidente de la República, los diputados y senadores, así como las legislaturas estatales son quien están facultados para presentarla.
En esta etapa la cámara de origen la recibe y turna a la Comisión correspondiente para su dictamen para posteriormente turnarse al pleno.
La discusión, es la etapa en la cual se abre en lo general o particular para que las y los diputados puedan pronunciarse para después someterse a votación; si es aprobada se manda al Ejecutivo para los efectos constitucionales, en caso de no ser aceptada se puede regresar a Comisiones o se deshecha.
La siguiente etapa es la sanción en la que el Ejecutivo acepta o no las modificaciones a una Ley posterior a la aprobación en el Congreso. Una vez aprobada y sancionada se ordena su publicación en el Diario Oficial de la Federación; la última etapa es la iniciación de la vigencia.
La participación de la ciudadanía, las organizaciones de la sociedad civil, y grupos focalizados de expertos y colegiados, en los procesos parlamentarios, cada vez es más activa, su inclusión para la toma decisión fomenta la democracia desde el recinto legislativo.
La armonización de las normas jurídicas es uno de los grandes pendientes y retos que presenta el Congreso Federal y los congresos estatales, su compatibilidad facilita el cumplimiento y simplifica los procesos jurídicos; su aplazamiento interfiere no solo en la práctica jurídica, sino también en el ejercicio de los derechos humanos, los cuales deben estar por encima de cualquier agenda legislativa o política.
Existen múltiples publicaciones sobre el Arte de Legislar, y es que si, es un arte, más allá de los intereses partidistas y políticos, los intereses de la ciudadanía deben prevalecer por encima de todo; legislar en favor de su bienestar debe ser siempre la premisa.
Poder llegar a acuerdos entre las diferentes fracciones parlamentarias es un gran desafío, más aún lo es el asimilar que se debe legislar por el bien común, ya que en muchas ocasiones las decisiones tomadas en el recinto legislativo tienen consecuencias importantes para el desarrollo de todo un país.
Es por ello, que cada legislador debe tomar consciencia de la alta responsabilidad que las y los ciudadanos les hemos conferido, la certeza de que desempañarán el cargo con profundo respeto y rectitud, y que las decisiones serán siempre anteponiendo los intereses de quienes confiamos en ellos (as) a través del voto.
Tener presente que el objetivo es la población, implica fortalecer las prácticas de parlamento abierto, impulsar la transparencia y acceso a la información, la rendición de cuentas y por supuesto la interacción de la ciudadanía en cada uno de los procesos legislativos.
Por lo que corresponde a la ciudadanía, la promoción del ejercicio del voto es importante, como lo es, el seguir participando activamente en los procesos de creación y modificación de leyes desde la experiencia territorial y del conocimiento; nuestra inclusión es elemental en una democracia, por lo que la permanencia es fundamental.