Dr. Ángel Durán Pérez
En los últimos meses, tanto autoridades de la Universidad de Colima como directivos de su Ballet Folklórico y una de sus integrantes, han sido denunciados ante la Fiscalía General del Estado por la probable comisión de los delitos de discriminación y acoso laboral radicado en la carpeta de investigación NSJP/COL/CI/CJM3/138/202, delito tipificado en el artículo 152 bis del Código Penal para el Estado de Colima y por discriminación en la carpeta de investigación NSJP/COL/CI/CJM1/471/2023.
Se asegura que hay más víctimas, pero por temor a la estigmatización y a represalias no se atreven a denunciar.
Estos hechos también están siendo investigados por la Contraloría General de la Universidad de Colima, de la cual, según las víctimas, el director de investigación anterior aclaró que la expectativa de resolución y sanción no debería ser alta.
Aunado a esto, en reconocimiento de que éste órgano de investigación no tiene autonomía ni independencia de la Universidad, no se justifica que hasta la fecha, no se haya llevado a cabo una investigación que pueda dar lugar a erradicar dichos actos violatorios, principalmente de mujeres integrantes de ese prestigioso cuerpo de artistas que han enaltecido el nombre de la Universidad de Colima y de México a nivel nacional.
Estos mismos hechos se han dado a conocer por una de sus integrantes públicamente en redes sociales, ruedas de prensa, entrevistas de radio y prensa escrita, además lo hace también en algunos foros nacionales.
No obstante ello, y a pesar de que poco a poco va creciendo el apoyo de otras mujeres y activistas sociales a nivel nacional, y en el que a corto plazo otros organismos nacionales o internacionales pueden investigar el caso, a cinco meses de las denuncias no hay todavía ninguna resolución, ni por la contraloría universitaria, ni en la Fiscalía General del Estado, sin embargo, va avanzando poco a poco.
Esta misma activista, con valentía, también ha presentado una queja en la Comisión Estatal de Derechos Humanos, expediente CDHEC/2V/269/2023, denunciando la violación de sus derechos culturales y otros derechos de forma integral como lo ha hecho ante otras autoridades, además de poner en conocimiento la forma en cómo en esa institución se discrimina, por cuestiones de ideología, opinión, complexión, estatura y otras cualidades personales a las mujeres.
También se ha presentado una demanda laboral ante el Tribunal de Justicia Laboral del Estado de Colima, expediente 23-0385-125L, pues a pesar de que los integrantes del Ballet en comento desempeñan un trabajo calificado como atletas de alto rendimiento, les pagan $1,100.00 (mil cien pesos) mensuales, y los hacen firmar un contrato de prestación de servicios, no tienen prestaciones laborales, no les pagan todos los gastos y viáticos cuando viajan en giras internacional; es decir, los artistas del Ballet Folklórico de la Universidad de Colima no reciben el reconocimiento y apoyo que deberían, las condiciones en las que trabajan no son dignas y, finalmente, es más bien la vocación artística que tienen sus integrantes que las hace estar en esa institución y aguantar lo que ahí sucede.
No obstante, las precarias condiciones en las que se les mantiene a los y las artistas que conforman ese selecto grupo, las acusaciones presentadas en contra de algunas autoridades de la Universidad de Colima y del mismo Ballet Folklórico como institución, aún más, se ha denunciado que existe acoso laboral y discriminación en contra de varias mujeres, que tienen temor de denunciar públicamente, pues saben que las pueden despedir, como arbitrariamente se despidió a la denunciante, violando su derecho a seguir en el Ballet Folklórico.
A pesar de que varias autoridades estatales conocen de las denuncias presentadas, no es difícil pensar que algunas están apresurando a concluir los casos como ningún otro juicio, especialmente para archivar los expedientes, sin embargo, existen hasta ahora cuatro procesos legales ante diferentes autoridades, donde se está analizando la gravedad del caso. Ya se verá en los veredictos lo que sucede, pero se espera no sea un acto más de impunidad como los que a diario se dan en nuestro país.
Estos hechos los conoce la rectoría, los está investigando la Contraloría General de dicha institución académica y, a pesar de ser mujeres sus integrantes, no han mostrado empatía con la víctima, ¡con la única víctima que se atrevió a denunciar públicamente lo que ahí acontece!
La consecuencia de señalar y denunciar las violencias padecidas de parte de una compañera fue que la despidieron y la excluyeron de seguir formando parte de esa institución artística, donde a su vez se ha volcado la institución y de cierta manera echaron andar un sistema de revictimización hacia ella.
Valdría la pena que el Rector de la Universidad de Colima, quien ha señalado su preocupación por la investigación de todo acto que atente contra la dignidad de la mujer, diera instrucciones precisas, sobre todo a la Contraloría General de la Universidad para que haga una investigación seria de dichas acusaciones, pues sería mejor que esa institución diera muestras de hacer justicia a una o a muchas víctimas que estuvieran siendo afectadas por los actos denunciados, y establecer un sistema que garantice un espacio libre de acoso laboral y discriminación en contra de las y los integrantes de esa institución.
Si las investigaciones resultan en imputación de responsabilidades, la Universidad tendrá que establecer todo un sistema de reglas, emitir medidas cautelares y de no repetición, para que esto no siga ocurriendo.
Si al concluir las investigaciones y agotar recursos legales se detecta que hay víctimas, la institución acusada deberá establecer cualquier otra medida que repare integralmente los derechos de ellas.
La Universidad no tiene que quedarse callada ante los hechos denunciados por víctimas, especialmente cuando estas son mujeres, o cuando por abuso de directivos del Ballet Folklórico de la Universidad de Colima, se lleven a cabo prácticas de discriminación en contra de los integrantes, mandando el mensaje de que aquel o aquella que se queje será separado del Ballet.
La Universidad de Colima es una institución que forma parte del Estado Mexicano y su actividad educativa, la obliga a ser una institución que respeta los derechos humanos de todos y todas sus integrantes, entre ellos, quienes conforman el Ballet Folklórico.
Las denuncias presentadas son serias, y no existe ninguna razón por la cual desoír las denuncias de una o muchas víctimas, y más, aquellas que están silenciadas.
Hasta la fecha ha habido pocos escándalos grandes en la Universidad de Colima, pero éste que se ha generado por las denuncias presentadas por la ex integrante despedida y violentada en su dignidad humana, debe ser uno de los más significativos, ¿por qué entonces tanto silencio y opacidad en la investigación? ¿No es mejor que la ropa se lave en casa? El rector de la Universidad de Colima conoce las denuncias, lo correcto sería que se hiciera una investigación seria y responsable, no simulada.
Que dejen de proteger a posibles violentadores y discriminadores que puedan estar ahí amparados en la impunidad, si no se hace nada y se sigue usando la cultura de que el que denuncia está mal, estos casos seguirán sucediendo.
También es importante que otros grupos de mujeres u hombres que sean discriminados en esa institución, sean valientes y denuncien cualquier acto que denigre su dignidad humana.
Las instituciones universitarias como el Ballet Folklórico, lo componen gente muy profesional y talentosa, no merecen ser discriminados y todos tienen el derecho de pertenecer al Ballet, no es un favor que les hagan en general, la mayoría de ellos consiguió estar ahí por su talento, dedicación y vocación artística.
El ballet, es una institución que se mantiene con el presupuesto del Estado y de la Federación, lo cual hace que cualquier ciudadano que tenga las cualidades artísticas idóneas, tiene el derecho fundamental de pertenecer al Ballet.
Las autoridades universitarias o personas a quienes están subordinados y sus integrantes, no tienen derecho de denigrar o violar sus derechos.
Estamos en el siglo XXI, cualquier violación a los derechos humanos de las personas, tiene que ser investigada y de resultar responsable, tiene que declararse como una persona que transgrede la Ley y registrarse como violador de derechos humanos en contra de la víctima y resarcirle sus derechos de forma integral.
Eso lo dice el artículo 1, 16, 17 y 20 apartado B, de la Constitución Mexicana y todo el sistema victimal que tenemos en México empezando con la Ley General de Víctimas, y las instituciones encargadas para darle garantía, además el mismo sistema es vigente en cada una de las entidades federativas; por eso extraña el actuar de la Universidad de Colima, de no querer investigar con seriedad ni pronunciarse ante dichos actos vejatorios, a la U de C no le conviene encubrir a ningún violador de derechos humanos, porque puede salir raspada, al contrario debe de hacerle justicia a las víctimas, haciendo una buena investigación e imponer castigos ejemplares como lo condena el sistema victimal internacional, debe poner el ejemplo, pues ahí está el futuro de los nuevos profesionistas y dirigentes de nuestro país y no pueden crecer con una estructura educativa decimonónica y que aunque todo se sabe, que ahí se violan los derechos humanos, hay invisibilidad para las víctimas, impunidad en los hechos delictivos y como consecuencia, pareciera ser que nadie ve nada.
No, eso no es, ni debe ser, lo que se cultive diariamente en una universidad, debemos romper esas inercias negativas que no nos ayudan para nada y para eso, se ocupa voluntad de los dirigentes de nuestra máxima casa de estudios, (Universidad de Colima) deben volverse coadyuvantes con las autoridades que están investigando esos hechos, de lo contrario se estaría generando una complicidad institucional y eso a nadie conviene.
También estamos ante la posibilidad de que una investigación nacional o internacional pueda ser llevada a cabo, si las autoridades jurisdiccionales no lo hacen; estas actitudes u omisiones, daría causa para declarar al Estado Mexicano responsable internacionalmente, al no garantizar los derechos fundamentales de un o una artista, por el simple hecho de que es una costumbre, de que, quien quiera ser miembro del Ballet Folklórico de la Universidad de Colima, lo tiene que hacer casi gratuitamente y aparte de que no tiene ninguna seguridad social, sueldo o apoyo económico y, aún más, está sujeto a discriminación o acoso laboral, el tamiz de respeto y protección de derechos de personas como en el caso en estudio, con seguridad no pasará el estándar mínimo de garantía por parte del Estado Mexicano ante tribunales internacionales; pues como dice el dicho “que necesidad o que necedad de no querer investigar y preferir encubrir”. Incluso, se nota una costumbre reiterada que se ve en cualquier otra institución vengativa que revictimizan a la víctima, haciéndolo ver como intolerante, ignorarla, denigrarla públicamente, acudirá de las diligencias de juicio de manera arrogante e invisibilizarla; todo eso en detrimento y causando un daño tanto psicológico como laboral a la víctima, pues ella fue despedida por el simple hecho de defender su derecho a una vida libre de violencia y discriminación, y querer evitar que se le violenten sus derechos.
Lo anterior es absurdo y la Universidad de Colima tiene que llevar a cabo una investigación seria, para llegar a la verdad de los hechos, no tiene por qué solapar a ningún violador de derechos humanos, al contrario, debe estar vigilante para proteger a cualquier víctima que lo sea y ser muy cuidadosa, de tener personal capacitado, que conozca cuáles son los derechos de los integrantes de esta institución artística y puedan prevenir daños de esta naturaleza.
Además, con la sola denuncia, tendría que ser suficiente para que la universidad, haga un estudio de reingeniería administrativa, para revisar y corregir cualquier acoso, dentro del sistema en el que se mueven los artistas que integran el Ballet, a fin de prevenir violaciones a derechos fundamentales como los que se denuncian, pues no hay que esperar a que esto ocurra, para corregir o arreglar las cosas.
Lo anterior, conlleva la obligación de ver si el sistema legal bajo el que opera es el adecuado para hacer investigación; la Contraloría General, que es la encargada de evitar que se violenten los derechos de los integrantes de la comunidad universitaria, debe ser realmente autónoma e independiente y llevar procesos de investigación apegados a la ley, así como determinar y cuidar que se apoye a los artistas de acuerdo a la responsabilidad ética y de procedimientos que cada uno de ellos tenga.
Los artistas del Ballet tienen que ser apoyados y retribuidos de forma digna, tienen que ser considerados como empleados y recibir todas las garantías de seguridad social, seguro de gastos médicos cuando viajan y más cuando salen del país, reglamentos internos para que se establezca exactamente cuáles son sus funciones, atribuciones y deberes, que se les apoye en la entrega de toda la materia prima que necesitan para el desempeño de sus actividades artísticas, que todo el personal directivo conozca las necesidades de cada uno de sus integrantes y finalmente que se analice lo que se hace en otros países a fin de que la comodidad y el bienestar psicológico de cada uno de los integrantes, permita que den el máximo esfuerzo en beneficio de la Universidad, del Estado de Colima y de México, que sean dignos representantes de nuestra nación en el extranjero y que lleven al mundo entero, la cultura artística de nuestro país.
No creo que sea mucho pedir y la Universidad lo sabe y lo puede hacer, tiene que analizar las causas por las cuales se presentan esas denuncias, pero hacerlo con la seriedad debida y cambiar cualquier cosa que no esté funcionando o que esté afectando la dignidad de sus integrantes; es lo menos que se puede hacer y romper todas las estructuras sistémicas que se tienen, que en ocasiones, se investiga y se llega a la conclusión de que si hay responsabilidad de los servidores públicos o directores y lo único que sucede es que los jubilan o los cambian de plaza, pero el sistema infractor de derechos fundamentales sigue quedando, porque este daño sistémico no es exclusivamente de una persona hacia otra, ¡no! es sistémico y por eso se resuelve un problema, pero surgen otros, se separa a quien ocasionó la violación a derechos, pero luego llegan otros y sigue persistiendo el problema, o sea, es cuento de nunca acabar; esta forma no ayuda a erradicar el problema, solo lo maquilla; para hacerlo se necesita, sí separar a los perpetradores, pero también se tienen que atacar las causas, y esas causas están en un sistema administrativo de comportamiento decimonónico, generalmente plagados de impunidad, en donde los infractores, no son castigados, cuando mucho son cambiados de lugar y siguen sus prácticas, la conducta sigue ahí, pues se sabe que hay impunidad y las víctimas tienen que aguantarse, incluso, culturalmente se logra observar que el silencio es lo único que les garantiza a las víctimas permanecer en uno de esos lugares a pesar de lo que están sufriendo.
También es común que, quien levanta la voz o tiene la valentía de denunciar, se convierte en un blanco de desprestigio, y lo hacen con toda la finalidad de poner un ejemplo a todos aquellos que se animen a hacerlo y eso es lo que ha generado la omisión y la falta de interés por denunciar, (esto es corrupción y ésta provoca impunidad) apoco esto no lo ven las autoridades universitarias.
La Universidad de Colima es una de las instituciones que tiene prestigio internacional y forma parte de un grupo de universidades bien posicionadas, para mantener ese Rankin, ¿no se evaluará esta situación? está raro, ¡habrá que investigar! ¿por qué no mostrar interés en investigar estos hechos denunciados por parte de la U de C? Quisiera pensar que hay desinformación de la gravedad del problema de las máximas autoridades, o sea que sus subalternos no les hacen llegar la información tal cual, y que la matizan, el rector tiene que intervenir en estos casos, antes de que el tema se salga de control y se cause un daño a las víctimas.
Quizá valdría la pena que las víctimas, se den cuenta que, si se unen, pueden llegar a conseguir buenos resultados, no se trata de afectar a la universidad, no se trata de afectar a los directivos que ahí están, hay muchos que tienen un buen desempeño y que no violentan los derechos humanos, pero en ocasiones también se mantienen callados y el silencio es grave, pues deja que persistan violaciones como estas.
A nadie le conviene que en la Universidad de Colima se vean estos escándalos, pero mientras no se hagan investigaciones serias, existirá el riesgo del desprestigio institucional y educativo.
Ojalá la Universidad se muestre empática con este tipo de denuncias y coadyuve a la investigación seria y, de resultar cierto, debe emitir castigos ejemplares y proteger a la víctima que se animó a denunciar y evitar que sigan cometiendo estas tropelías, restituir a las víctimas que de alguna manera se han mantenido calladas y protegerlas, pero sobre todo, restaurar la dignidad de todas las personas que integran la comunidad universitaria y generar condiciones de prevención real para que esto no vuelva a ocurrir.
Eso sería un extraordinario mensaje de quienes hoy dirigen la Universidad de Colima, y qué decir de quienes viven este problema, agradecerían sobremanera a quien erradique este mal que tanto daño causa.
Éste “ensayo de denuncia” no lleva otra intención más que la petición de que se investigue un caso grave y que no se denigre a la víctima, sino que se muestre empatía con ella u ellas y se castigue al victimario y un mensaje serio a quienes alimentan a este sistema victimal.