Martha Eugenia Magaña López
En el año de 1963, en la parroquia de San Juan Bautista, estado de Guerrero, Emili siendo una niña de 14 años de edad contrajo matrimonio religioso con Joseph, un joven de 17 años, con quien vivió en concubinato, para las leyes civiles, pues nunca se formalizó ante el Registro Civil.
Emili tuvo seis hijos y siempre se dedicó a la crianza y las labores propias del hogar; sin embargo, tanto ella como su pareja decidieron adquirir un terreno, en específico una parcela ejidal en el estado de Morelos.
En aquel tiempo, las leyes establecían que las Mujeres no podían celebrar actos de comercio sin la autorización de sus esposos; esto ponía a la Mujer en una posición de inferioridad con respecto al hombre, ya que ella siempre estuvo sujeta a la potestad de su padre, para después pasar a la potestad de su esposo, careciendo de capacidad patrimonial activa, es decir, lo que adquiría en realidad siempre fue administrado por un hombre, su padre o esposo.
Así, Emili al recibir la herencia de sus padres, entregó el importe relativo al cincuenta por ciento del valor del terreno a su pareja, por lo que se protocolizó la venta de la parcela y en dicha acta se especificó que tanto Emili como Joseph adquirieron el inmueble aportando en partes iguales.
No obstante, Joseph al realizar la inscripción ante el Registro Agrario Nacional, lo hizo solo a su nombre como jefe de familia, sin dar cuenta de ello a Emili, no obstante que ella, dedicó además del cuidado de sus hijos y las labores domésticas, también se dedicó a la siembra y cosecha de sorgo, en esa parcela.
En ese tiempo, en un matrimonio o concubinato, al varón le correspondía ser el jefe del hogar, representar a la familia y administrar en forma única los bienes, por ende, era el encargado exclusivo de manejar el patrimonio conjunto y el individual de la esposa.
Así, aunque no podía enajenar los bienes individuales de la esposa sin su permiso, sí podía hacerlo con el patrimonio común, el cual corresponde al que se adquiría de manera conjunta durante el matrimonio y éste se dividía entre los cónyuges cuando se disolvía el matrimonio; por tanto, el privilegio masculino de administrar los bienes durante la unión, aún hoy avalado por la cultura, contribuye a explicar la brecha de género en la propiedad basada en roles sociales.
Ello es así, ya que el hecho de que el marido pueda manejar de manera discrecional el patrimonio común, ha facilitado la acumulación de bienes a su favor o venta ficticia, hipoteca y otras maneras de aprovecharse de los bienes conjuntos lo cual, en el momento de la división, deja a la esposa en situación de desventaja.
A los 74 años de edad, Emili decide separarse de Joseph, meses después, es notificada de una orden de desalojo del predio, por lo que decide acudir ante el Tribunal Agrario a efecto de demandar el reconocimiento como propietaria de la parte alícuota del inmueble y a la vez, solicitó una medida cautelar, para que su expareja se abstuviera de excavar la tierra (pues este pretendía hacer un arenero, sin embargo al remover la tierra ya no es propicia para la siembra) y se le permitiera a ella continuar con el cultivo de sorgo, por ser a lo que se dedica para su supervivencia.
Las medidas precautorias o provisionales como las que solicitó Emili ante el Tribunal Agrario, son aquellas que buscan asegurar o conservar el objeto que se debate en la controversia, mientras se define quién tiene la razón en el juicio; con ellas se logra detener un daño grave o en ocasiones irreparable, en el caso, Emili busca que durante todo el tiempo que dure la controversia no se excave la tierra de la parcela que defiende, porque podría suceder que ya no fuera apta para producir, así como que se le permita continuar produciendo por ser esta actividad la que genera un ingreso con el cual se mantiene.
El Tribunal Agrario atendió la solicitud de Emili sobre las medidas precautorias, pero no para los efectos que la solicitó, sino en forma distinta, esto es, para que tanto ella como su expareja no ingresaran al predio y no lo modificaran en ninguna forma, lo cual implicaba que Emili no podría trabajar la tierra hasta que el juicio concluyera.
Ante esta decisión Emili acude ante una Jueza Federal a través de un amparo, quien determina que el Tribunal Agrario al emitir la medida cautelar no lo hizo con perspectiva de género, no obstante de la evidente asimetría de poder que puso a Emili en desigualdad frente a su contendiente, derivado de roles sociales.
En efecto, de una mirada jurídica lineal podríamos pensar que si dos personas hombre-mujer, que fueron pareja se disputan una porción de tierra, la medida cautelar de que ninguno pueda acceder a ella ni modificarla hasta que se concluya el juicio, es proporcional.
Pero, qué sucede cuando este mismo caso se analiza con perspectiva de género, ¿existen situaciones de poder y desigualdad que deban ser fracturadas? ¿debió analizarse la petición de Emili bajo esa perspectiva violeta?
Ambas interrogantes se responden en sentido afirmativo, como se precisó, por años en forma histórica y “cultural” las Mujeres han sido consideradas en un nivel inferior al varón por el solo hecho de ser Mujeres, los roles de género y estereotipos que se crearon por la sociedad partiendo de una idea errónea de minimizarla o verla con capacidades limitadas por ser físicamente distinta al hombre, lo cual ha puesto a la Mujer en situaciones de desigualdad estructural, que incluso impactan en el acceso a la justicia.
La perspectiva de género implica visibilizar esas desigualdades sociales en cada caso concreto, a efecto de una vez localizadas se tomen los mecanismos necesarios para fracturar los obstáculos y permitir que las Mujeres ejerzan en igualdad de condiciones a un varón, sus derechos.
No existe una fórmula jurídica determinada, pero si una serie de medidas y estándares para visibilizar las desigualdades por razón de género y eliminar las barreras que generan esa distinción injustificada, la cual implica una discriminación en contra de las Mujeres, conforme lo establece la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer CEDAW.
A su vez, en la Recomendación General 33[1], donde el tema central fue el acceso de las Mujeres a la justicia, el comité CEDAW reconoció que existen barreras para que las Mujeres ejerzan sus derechos en los mismos términos y condiciones frente a los hombres, esto derivado de los estereotipos, leyes discriminatorias, normas culturales patriarcales, situaciones de discriminación interseccional, problemas en materia probatoria, entre otros.
Así, para fracturar esas barreras y abrir el camino en la tutela igualitaria de derechos y el acceso efectivo a la justicia, se implementa la obligación de los juzgadores para observar el contexto del problema y analizar si en algún punto existe una desigualdad generada por algún estereotipo o rol de género que deba ser eliminado, para que la Mujer en igualdad de condiciones frente al hombre, válidamente pueda llevar un procedimiento justo y libre de injerencias por razón de género.
Además, como se explica en el caso de Emili el nivel de desigualdad que ha sufrido la Mujer, data desde los orígenes de la raza humana y la costumbre de administraciones de los bienes dentro de la familia siempre a cargo del hombre, por lo que se habla de una franca desigualdad estructural, por esa razón es que incluso las normas integran en su contenido barreras de género, pues se crearon bajo una ideología patriarcal, recordemos que Emili requería la autorización de su pareja para realizar cualquier acto de comercio, incluso sobre sus bienes.
Con base en estos estándares y analizados los hechos desde el origen de cómo es que ha vivido Emili y la razón por la cual, a diferencia de su pareja, no tuvo la oportunidad de administrar su patrimonio y de buscar un crecimiento profesional al tener asignado el rol de esposa y madre de seis hijos, para poder enfrentar hoy un proceso en forma equitativa con su expareja.
Así, al cuestionar los hechos, logramos ver que Emilli se encuentra en franca desventaja para iniciar la contienda a diferencia de su contraparte que es su expareja, si tomamos en cuenta los roles que cada uno desarrolló por “costumbres impuestas” es claro que el impacto en la posición que ahora se encuentran ambos para ejercer sus derechos en una contienda es completamente asimétrica, máxime que ahora ambos son adultos mayores.
Por tanto, la Jueza federal consideró que el Tribunal Agrario no visibilizó que Emili se sitúa como persona vulnerable por la intersección de diversos factores, al ser Mujer del campo, adulta mayor y con situación socioeconómica limitada por usos y costumbres; los cuales la ponen en una franca desventaja frente a su contraparte, que recordamos es su expareja, esa desigualdad, la origina ideas sociales que se generaron a manera de costumbre y que la norma no visibiliza tales como que Emili se casó siendo una niña, que dedicó su vida a cuidar a su pareja y seis hijos, lo cual limitó en forma evidente la posibilidad de crecer en un ámbito profesional, además las leyes restringían el derecho de la Mujer a administrar sus bienes y los obtenidos dentro de la familia.
Por esa razón la Jueza Federal considera que Emili al día en que se enfrenta a la controversia llega con múltiples desventajas que se matizan como “costumbres”, lo que hace muy difícil visibilizarlas como barreras; por ende, la omisión de considerar esos aspectos, provoca el trato desigualitario e injusto, ante una “aparente equidad”, por lo que el Tribunal que resolvió sobre las medidas cautelares debió emitir la determinación con perspectiva de género y de adulta mayor.
La Jueza federal indicó que el Tribunal Agrario no valoró las cuestiones de género que le planteó Emili para establecer si existe una asimetría de poder entre ella y su expareja demandada que debiera fracturar y bajo esa visión emitir la decisión.
También destacó la Jueza federal que no pasa inadvertido que tanto Emili como Joseph son adultos mayores, sin embargo, debe sumarse el hecho de que Emili se dedicó preponderantemente al hogar y al cuidado de sus seis hijos y trabajó la siembra de la parcela que adquirió, además de que no pudo administrar su patrimonio porque la ley no lo permitía al ser Mujer.
Sembanza de Emili
Actualmente Emili trabaja la producción de sorgo en la parte proporcional de la tierra que defiende en el juicio, mientras este concluye, lo que hace que pueda continuar allegándose de ese único ingreso que utiliza para su supervivencia.
Emili logró que le fuera reconocido su derecho a decidir, sin necesidad de estar sujeta a la tutela de su expareja.
¡Emili hoy abrió brecha!
@marthakmagana
[1] https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/BDL/2016/10710.pdf