Mtra. Karime Athie Ortíz
En un contexto en el cuál de acuerdo al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en 2023 se registraron 379 mil 86 víctimas del delito, cifra que, entre otros delitos, contempla el feminicidio, homicidio doloso y homicidio culposo, privación ilegal de la libertad, tráfico de menores, corrupción de menores, extorsión y tráfico de menores; los derechos de las víctimas se vuelven fundamentales.
El 9 de enero de 2013, se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley General de Victimas, derivado de la cual se transformó la Procuraduría Social de Atención a Víctimas de Delitos a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV).
La CEAV es la instancia que a través del Modelo de Atención a Víctimas deben acompañarlas con acciones de ayuda efectiva e inmediata, así como impulsar políticas para la atención integral de las mismas.
Al respecto, el 25 de abril de 2023 se publicaron diversas reformas a la Ley General de Victimas (LGV), por lo que se replantearon objetivos para este 2024, entre los que se encuentran proporcionar servicio de asesoría jurídica federal, trabajo social, psicología y medicina; unificar los servicios que reciben las víctimas para poder medir e identificar los avances; así como, intensificar la promoción y protección de los derechos de las víctimas de delito y/o violaciones a derechos humanos del fuero federal.
La CEAV reporta que el número de personas que integraron el Registro Nacional de Víctimas en 2023, fue de 17,618, de los cuales 14 mil 773 pertenecen al ámbito estatal y 2 mil 845 al ámbito federal, mismas que de acuerdo a la LGV debieron recibir los servicios y atenciones correspondientes conforme a la gravedad, la magnitud del hecho delictivo y de la violación de sus derechos.
Los derechos de las victimas señalados en el Título Segundo, Capítulo I, de la LGV son explícitos respecto a las acciones y procedimientos que deben llevar a cabo las autoridades con las víctimas, sus familiares y toda aquella persona que tenga una relación inmediata.
Uno de los principales derechos de las víctimas es tener una investigación pronta y eficaz que permita la identificación y enjuiciamiento de las personas responsables del hecho victimizante, etapa fundamental para la justicia y la reparación del daño en todas sus formas.
El derecho a conocer la verdad sobre los hechos y de que la autoridad informe de los resultados de las investigaciones debe ser determinante y sin menoscabo de las consecuencias que de ello provenga; lamentablemente en muchos casos este derecho es transgredido por intereses exógenos de autoridades o terceros.
También tienen derecho a la protección para salvaguardar su vida y la integridad corporal en términos del artículo 34 de la Ley Federal contra Delincuencia Organizada, para esto es necesario destinar recursos suficientes que aseguren la infraestructura física y humana para garantizar la protección de las víctimas.
Todas las víctimas tienen derecho a recibir tratamiento especializado que permita la rehabilitación física y psicológica, así como a la seguridad del entorno, sin importar si existe un procedimiento penal en curso o de cualquier otra materia.
Para un efectivo acceso a la justicia inclusiva, es un derecho de las víctimas contar con la asistencia de las autoridades y de la protección del Estado, sin embargo, también deben contar con una representación legal, y es aquí donde la labor de las defensorías públicas se vuelve imprescindible y más aún el trabajo pro bono.
En ese sentido el trabajo “pro bono” que realizan diversas firmas de despachos, asociaciones de sociedad civil, las y los abogados de forma individual, brinda una oportunidad valiosa para las víctimas, ya que su representación durante el proceso legal es imprescindible.
Todas las victimas que hayan sufrido daño como consecuencia de la violación de sus derechos humanos o la comisión de un delito, ya sea como una víctima directa, indirecta o potencial, debe brindarse una reparación integral, incluyendo las medidas de restitución, rehabilitación, compensación, satisfacción y garantías de no repetición en los términos que marca la Ley.
En un país en donde la comisión del delito va en aumento, es necesario tener un panorama que permita visualizar las áreas de oportunidad y mejora por medio de programas y acciones encaminadas al cumplimiento y respeto de los derechos de las víctimas.
En la medida en la que las víctimas se vuelven vulnerables ante diversos factores endógenos del sistema, la actuación de las autoridades correspondientes se vuelve imperativa para asegurar el acceso a la justicia y la disminución de los índices de impunidad.