Dr. Ángel Durán Pérez
Desde que inició el siglo XXI, he sido testigo de cómo México ha experimentado una serie de transformaciones políticas significativas que han redefinido el panorama de su democracia.
El año 2000 marcó un hito histórico con la alternancia del poder, poniendo fin a más de siete décadas de gobierno continuo por parte del Partido Revolucionario Institucional (PRI). El Partido Acción Nacional (PAN) tomó la batuta, manteniéndose por dos sexenios hasta que en 2012, el PRI regresó al poder.
A lo largo de estos tres sexenios, a pesar de la alternancia, se profundizaron problemas críticos como la desigualdad, la injusticia, la inseguridad, la impunidad, la corrupción y el debilitamiento de las instituciones, los cuales siguieron dividiendo a la sociedad.
Sin embargo, en cada proceso electoral se ha demostrado el poder de la voluntad popular a través del voto.
En 2018, la ciudadanía mexicana, buscando un cambio profundo, votó abrumadoramente por el partido político de izquierda, MORENA, liderado por el Presidente Andrés Manuel López Obrador.
Este movimiento significó un rechazo claro a una oposición desgastada y percibida por muchos como renuente al cambio.
Los líderes de la oposición, vistos como los principales responsables de los problemas actuales (presidentes de los partidos de oposición actualmente eran los mismos, mandando un mensaje que el electorado no se dejó engañar: querían seguir gobernando, no entendieron el mensaje) continuaron dominando el panorama político sin ofrecer una verdadera renovación, lo que resultó en un respaldo masivo a MORENA en las elecciones subsecuentes.
Esta tendencia se reflejó en las elecciones de 2024, donde MORENA consolidó su posición al obtener la mayoría en los congresos locales, el Congreso de la Unión y la mayoría de las gubernaturas.
Este apoyo popular, no solo es un indicativo de la aprobación de las políticas actuales, sino también un mandato para el próximo gobierno a fin de realizar cambios profundos en el sistema democrático de México.
Estos cambios están destinados a reestructurar la composición y funcionamiento de los poderes públicos, tanto a nivel local como federal, incluyendo una posible reorganización del Poder Judicial, que podría diferir de los modelos propuestos por organismos internacionales como las Naciones Unidas.
El gobierno actual y el entrante han planteado que la elección de los jueces debería ser más inclusiva, implicando una mayor participación directa del pueblo (elegir el pueblo a sus jueces, esto va en contra de los tratados que México firmó en la ONU).
Esta propuesta, aunque diverge de las normas internacionales, refleja un deseo de democratizar aún más el proceso de selección judicial en México.
No obstante, esta aproximación ha suscitado críticas y observaciones a nivel internacional, especialmente porque va en contra de los tratados internacionales que México ha firmado.
En el análisis sobre la nueva dirección de la democracia en México, una pregunta crucial emerge: ¿existen reglas y prácticas adecuadas para la designación de los juzgadores en nuestro país? Actualmente, estos servidores públicos, que incluyen a los ministros y ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no son seleccionados mediante el voto popular.
Esta práctica responde a una recomendación de las Naciones Unidas, la cual argumenta que la naturaleza de los cargos judiciales exige un uso extensivo de la razonabilidad para resolver casos complejos.
Por ende, es esencial que los jueces sean expertos en derecho y demuestren una completa autonomía e independencia en sus resoluciones, evitando cualquier presión de otros poderes de facto.
Sin embargo, el panorama actual y las propuestas de reforma en México plantean la posibilidad de involucrar al electorado en la elección de estos cargos judiciales, aunque antes de mandarlos a que el pueblo los elija; los tres poderes revisan sus perfiles y si cuentan con requisito de conocer el derecho y con perfiles adecuados.
Esta idea ha generado un considerable debate. Los críticos argumentan que tal cambio podría comprometer la independencia judicial, temiendo que los juzgadores puedan perder las cualidades de imparcialidad y autonomía bajo la influencia del voto popular.
Este temor se fundamenta en la preocupación de que la elección popular podría traducirse en un debilitamiento del Poder Judicial o permitir una mayor intromisión de los poderes Legislativo y Ejecutivo en la Suprema Corte, erosionando así la esencial división de poderes.
La perspectiva de que el derecho internacional podría entrar en conflicto con el derecho mexicano sobre este punto, es una preocupación válida.
La posibilidad de que México adopte un modelo en el que los jueces sean elegidos por votación popular plantea desafíos significativos. ¿Cómo se asegurará que los jueces mantengan su independencia y no se vean influenciados por las fuerzas políticas que podrían favorecer su elección? ¿Cómo se equilibrará la voluntad popular con la necesidad de preservar un poder judicial que funcione de manera justa y sin influencias externas?
Esta situación nos sitúa ante una encrucijada donde se pondera la reforma del sistema judicial con el mantenimiento de sus principios fundamentales.
Si bien la participación ciudadana es un pilar de la democracia, la especialización y la independencia del poder judicial son igualmente cruciales para garantizar que se administre justicia de manera equitativa y eficaz.
La idea de elegir a los jueces por voto popular, podría ser vista como una forma de democratización del sistema judicial, pero también podría percibirse como una amenaza para la estabilidad y la imparcialidad de este poder del Estado.
En última instancia, la decisión sobre cómo proceder requerirá un análisis cuidadoso y un debate inclusivo, considerando tanto las normas internacionales como las condiciones específicas dentro de México.
Es esencial que cualquier reforma propuesta busque fortalecer la justicia y la independencia judicial, mientras se respetan los principios democráticos.
Esto no es solo una cuestión de legalidad, sino también de legitimidad y confianza en el sistema judicial, aspectos fundamentales para la salud y estabilidad de cualquier democracia.
Por ello, antes de tomar una decisión tan trascendental, es crucial involucrar a todas las partes interesadas en un diálogo nacional.
Este diálogo debería explorar profundamente los pros y los contras de la elección popular de los jueces, garantizando que cualquier cambio en el proceso de designación contribuya a un sistema judicial más robusto, imparcial y efectivo, capaz de adaptarse a las necesidades de una sociedad que exige transparencia y justicia
Aquí yace un desafío crucial: reorganizar el sistema democrático de manera que respete tanto los compromisos internacionales como la voluntad popular y fortalecer a las instituciones solo como lo dice nuestra CONSTITUCIÓN “el poder y el estado solo trabajará en beneficio del pueblo” por supuesto con sus diferentes interpretaciones.
Además de los cambios estructurales, es esencial que el próximo gobierno promueva una reconciliación nacional.
La fragmentación social puede ser contraproducente para el desarrollo de políticas efectivas y unidas. Por ello, es crucial convocar a un diálogo nacional que fomente una identidad compartida entre todos los mexicanos y mexicanas.
Este enfoque ayudaría a superar la actual democracia percibida como elitista y partidista que estuvo vigente por muchas décadas y a fomentar una que sea verdaderamente deliberativa y participativa.
El mensaje de la sociedad mexicana es claro y directo: ya no se tolerará un sistema en el que el discurso público y las acciones gubernamentales diverjan, ni uno que esté excesivamente influenciado por intereses políticos elitistas.
La elección reciente es un testimonio de una sociedad que desea un cambio genuino y que rechaza las prácticas del pasado que han perpetuado la desigualdad y el descontento.
Estamos ante un momento decisivo para la democracia en México. Es imperativo que todos los actores políticos, incluidos los partidos de la oposición y los actuales gobernantes, entiendan y respeten la voluntad popular.
La transformación democrática que está en marcha, debe fortalecerse con un compromiso renovado con la participación ciudadana y la transparencia.
Solo así podemos asegurar que la democracia en México evolucione de una manera que refleje verdaderamente los deseos y necesidades de su pueblo.
Este es el reto que enfrentamos hoy: redefinir nuestra democracia para que sea más inclusiva, justa, representativa y deliberativa.
Pero eso sí, no volver a desafiar la voluntad ciudadana, quienes en adelante ocuparán un cargo no podrán confiarse; el pueblo calla, manda mensajes, pero el día de ejercer su voto, ya sabe elegir.
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