Lila Zaire Flores Fernández
Luis Alfonso Mora Ruenes
El desarrollo del país y la forma en la que se concibe el derecho y nuestro sistema de justicia atraviesa un momento histórico. Sin ánimos de abonar al debate o exponer nuestra opinión sobre el contenido de la iniciativa de reforma al poder judicial, no podemos negar que abre una puerta para replantear nuestro sistema de justicia. Asimismo, la posibilidad de colocar en el centro del debate a la ciudadanía y el papel de la profesión jurídica para hacer frente a las necesidades de justicia del país.
La exposición de motivos de la iniciativa ha señalado como una de las causas para reformar al poder judicial el distanciamiento entre la sociedad y los poderes judiciales. Incluso, la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) señaló en el primer diálogo sobre la reforma que la crítica de la justicia en México debía tener como centro las necesidades de las víctimas y de las usuarias del sistema de justicia.
Lo cierto es que la sociedad percibe cierta desconfianza en las instituciones y que si hiciéramos un diagnóstico del sistema de justicia encontraríamos una larga lista de áreas de mejora. Solo por mencionar algunos datos, la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública ha señalado que la percepción de confianza sobre jueces y juezas es de apenas un 58.3% y la de las fiscalías estatales de 55.9% (INEGI, 2022).
De igual manera, el Índice de Estado de Derecho en México ha señalado deficiencias en los factores de justicia civil y penal, donde entre otras cosas, se mide la percepción de confianza en las instituciones de justicia, el acceso a asesoría legal asequible y de calidad, la investigación eficaz de los delitos y la ejecución efectiva de las resoluciones.
A propósito del momento que nos ofrece la coyuntura para asumir una postura crítica y constructiva de cómo debe de ser el sistema de justicia que queremos, creemos que es importante voltear a ver a los lugares donde se forman los futuros operarios del sistema de justicia: las escuelas de derecho. Si algo comparten todas las instituciones de justicia del país es la formación profesional de quienes las conforman y realizan las funciones sustantivas.
Bajo esta perspectiva es que nos hemos preguntado cuál es el rol que deben de cumplir las escuelas de derecho en la construcción de las instituciones jurídicas del país y del funcionamiento del sistema de justicia. La tarea no es sencilla, ya que el propio sistema de enseñanza del derecho es complejo. Si consideramos que México es el país con más escuelas de derecho en el mundo con 2119 universidades que ofrecen la licenciatura en derecho (CEEAD, 2023) y con una diversidad de oferta en cuanto a costo, planes y programas de estudio, las metodologías de enseñanza, y el tipo de perfiles de abogadas y abogados que buscan desarrollar.
La educación jurídica cobra mayor relevancia si consideramos los mecanismos de acceso a la profesión, ya que es suficiente tener un título y una cédula profesional para poder representar jurídicamente a las víctimas y personas usuarias del sistema de justicia, o se convierte en el primer filtro para acceder a un amplio catálogo de puestos de trabajo en los poderes judiciales, las fiscalías y defensorías y otras instituciones de la administración pública de todos los niveles de gobierno.
De ahí que el primer lugar en el que se puede abonar para contar con profesionistas del derecho con competencia técnica, sentido ético y de justicia son las escuelas de derecho. Imaginemos, por ejemplo, el escenario en el que la reforma al poder judicial es aprobada y al paso de diez o quince años quienes acceden a las posiciones de titulares de juzgados y tribunales egresan en este momento de la licenciatura en derecho: ¿Qué tipo de formación deberían de haber recibido? ¿Qué tipo de conocimientos, habilidades y actitudes sería deseable que hubieran desarrollado en la escuela de derecho? ¿Cómo su formación podría contribuir a un ejercicio profesional que transmita confianza hacia las instituciones y el sistema de justicia?
En un momento de reflexión sobre el sistema de justicia valdría la pena preguntarnos qué abogadas y abogados queremos que formen parte de este sistema, y cómo podríamos construirlo desde las universidades y quienes tienen la capacidad de modificar los planes y programas de estudio, o las miles de abogadas y abogados en el país que combinan su práctica profesional con la docencia.
El tipo de regulación sobre la enseñanza y las profesiones jurídicas en nuestro país nos permite reflexionar de manera abierta sobre cómo hacerle frente a la diversidad de contextos y necesidades jurídicas de todas las regiones del país, y aunque no podemos decidir cómo debe de ser la enseñanza del derecho sí podemos preguntarnos cómo podemos contribuir a la mejora continua de las escuelas de derecho para, de manera indirecta, incidir en el sistema de justicia que queremos.
Referencias
Centro de Estudios sobre la Enseñanza y el Aprendizaje del Derecho, A.C. (2023). Las escuelas de derecho en México. Instituciones de Educación Superior (IES) que ofrecen la Licenciatura en Derecho (LED) ciclo académico 2022-2023. Disponible en: ceead.org.mx/como-transformamos/biblioteca-digital
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (2022). Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública.
World Justice Project (2024). Índice de Estado de Derecho en México 2023-2024.