Karime Athie Ortiz
Luis F. Fernández
México está transitando por una serie de procesos históricos que impactan directamente en la estructura y funcionamiento del Poder Judicial, todo ello derivado del Decreto que reforma diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 15 de septiembre del 2024.
Uno de los puntos más relevantes y preocupantes es la forma en la que elegimos a las personas juzgadoras en nuestro país al transitar de un mecanismo meritocrático de carrera judicial a la elección por voto directo de ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, magistraturas de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y de sus Salas Regionales, así como las magistraturas de los Tribunales Colegiados de Circuito y titulares de los juzgados de Distrito.
La reforma prevé la creación de un Tribunal de Disciplina Judicial con facultades de investigación y de carácter sancionador, el cual también será integrado por medio del voto popular. La reforma también establece que las personas juzgadoras no podrán ejercer su función jurisdiccional de forma interpretativa, sino que se aplicará de forma literal en todos los casos lo establecido en la Ley, lo cual podría poner el riesgo entre otras cosas, la impartición de justicia con perspectiva de género y cualquier otra interpretación que surja para aplicar principios jurídicos que garanticen la máxima protección de los derechos de las personas.
El día de hoy no existe un marco jurídico claro y suficiente que garantice la legalidad de actuación bajo las cuales se llevarán a cabo las elecciones de 2025; únicamente hay un calendario que define las fechas en que se emitirá la normativa correspondiente que regirá el proceso electoral judicial.
En este contexto, la participación ciudadana a través de las organizaciones de la sociedad civil ha sido un elemento clave para visibilizar el riesgo de parcialidad en la elección de las personas juzgadoras, la discrecionalidad que tendrán los Comités de evaluación de los tres poderes de la Unión, así como las consecuencias negativas para la impartición de justicia, la división de poderes y el Estado de Derecho.
Ante el presente panorama de incertidumbre jurídica, la observación electoral cobra gran relevancia para dar seguimiento a los principales problemas administrativos y jurídicos de la elección judicial, en un momento en el que las instituciones electorales y los poderes constituidos operan con nuevas reglas políticas con menor independencia en sus decisiones y en el que la forma en que se integre el Poder Judicial definirá el futuro de la justicia en México.
El seguimiento, evaluación, vigilancia y monitoreo por parte de personas expertas e independientes contribuirá a la transparencia, así como a la creación y divulgación de información relevante. La participación ciudadana a través de observatorios electorales fortalece la democracia y ofrece análisis técnicos a través de los cuales se pueden detectar áreas de oportunidad y visibilizar las buenas o malas prácticas, con la finalidad de mejorar los procesos con integridad y ética.
La observación electoral judicial será crucial en este proceso, en el que las comisiones de selección propondrán los candidatos que estarán en las boletas electorales; será tarea de la ciudadanía elegir a los mejores perfiles propuestos por estas comisiones y en quienes recaerá la impartición de justicia pronta y expedita en nuestro país.
Con este proceso electoral se consolidará la integración de los tres Poderes del Unión a través del voto popular, un hecho inédito, histórico y con muchos cuestionamientos sobre su desarrollo, sobre las posibles consecuencias para la calidad de las instituciones judiciales y sobre la influencia de intereses políticos, económicos e, incluso, criminales en el proceso de elección. Por ello, la observación electoral nacional e internacional jugará un papel fundamental para documentar con la mayor profundidad posible cada etapa del proceso electoral extraordinario 2024-2025.
La certeza y confianza ciudadana son pilares del Estado de Derecho, son la base de un sistema judicial independiente, imparcial y transparente, cuyos integrantes deben reunir la experiencia y conocimiento necesario y suficiente para ejercer las funciones jurisdiccionales. La observación electoral debe dar cuenta de ello.
El 7 de noviembre de 2024, Laboratorio Electoral, Practica: Laboratorio para la democracia y Disentir – Unidos por la Justicia Social y la Equidad, y dos académicos de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) expertos en la materia: Nicolás Loza e Irma Méndez, presentaron el Observatorio Electoral Judicial como una respuesta a esta necesidad de observación rigurosa. Es un ejercicio que promete documentar y procesar análisis recurrentes que den cuentan de los principales problemas que identifiquen a lo largo del Proceso Electoral Extraordinario 2024-2025. Sin duda, un proyecto que debemos tener presente.