Alix Trimmer y Stepfanie Castro
La impartición de justicia a costa
de los derechos laborales no es justicia
Antes del descanso vacacional de verano, durante varias semanas hubo un cierre de múltiples sedes del Poder Judicial de la Ciudad de México.
En redes y grupos de mensajería instantánea se hablaba de las afectaciones a mujeres, infancias, adolescencias y todas aquellas personas involucradas en procesos jurisdiccionales, ante la paralización de la impartición de justicia; imposibilidad de cobrar pensiones alimenticias, de tener audiencias que determinen la guarda y custodia de infancias y adolescencias o la libertad de personas detenidas por mencionar algunos de los casos más graves y que más impactan a la sociedad.
Por nuestra parte, las personas profesionales del derecho vimos paralizada, al menos en parte, nuestra labor diaria, lo que en algunos casos generó afectaciones económicas (cancelaciones de “igualas”, falta de pago de honorarios, etc.).
Todas las personas señalaron, sin temor alguno, a las personas que laboran en el Poder Judicial de la Ciudad de México, como causantes de todos los inconvenientes, se les etiquetó de “flojos” (en peores palabras), que nunca sacan el trabajo y que atienden con la peor actitud, pero… nadie, o pocas personas, conocen sus condiciones laborales.
El paro tenía como fundamento la exigencia de condiciones laborales dignas mínimas: respeto al aumento salarial que, desde hace años, no iguala ni la inflación, restitución de prestaciones y “beneficios” que, en nombre de la austeridad, han perdido: comedor donde disfrutar de sus alimentos, papel para imprimir los acuerdos y audiencias, pago de tiempo extraordinario de las muchas horas trabajadas bajo el acoso y amenaza constante de sufrir un despido, entre tantas otras. El personal del Poder Judicial de la Ciudad de México se hace cargo de más expedientes de los que, humanamente, sería posible atender de forma diligente, disponiendo en ocasiones de sus propios recursos económicos para impartir justicia en condiciones pasables y estar en posibilidad de imprimir un acuerdo de audiencia.
Durante el paro judicial hubo una multiplicidad de sucesos y atropellos en contra de la base trabajadora, afectaciones tales que incluyen un ataque de ácido en contra de un trabajador para permitir el acceso a los Juzgados Familiares.
Exigir la impartición de justicia a costa de los derechos laborales mínimos del personal encargado de impartirla, es inaudito, es un contrasentido que perpetúa la opresión de quienes más vulnerables son ante el sistema.
Como litigantes no podemos hacer “como que no pasa nada”, no podemos ignorar que quienes tienen a su cargo el funcionamiento del sistema tampoco reciben el trato justo y digno que exigimos en favor de las personas que representamos, somos quienes deberíamos exigir que les sean respetados sus derechos, para así también exigir sanciones y remociones cuando no cumplan con sus obligaciones.
Hoy, el Poder Judicial de la Ciudad de México ha vuelto a laborar, con el rezago que el paro generó a cuestas, con la incertidumbre de la permanencia de su empleo, con las mismas condiciones que les llevaron a parar; volvieron a laborar, con miedo, porque el sistema les ha obligado a hacerlo, como a tantas personas en el ámbito privado, aceptando circunstancias que atentan contra sus derechos, porque en este país, es preferible tener un mal trabajo, a no tenerlo, aún si el trabajo viene del gobierno, que debería ser el primero en cumplir y respetar lo que las leyes pautan en favor de las personas trabajadoras.
Un sistema que permite ser operado por personas sometidas ante la violencia gubernamental, es un sistema destinado al fracaso, un sistema que valida el maltrato, que oprime y que afecta, creando un círculo vicioso que, en última instancia, perjudica y revictimiza a quienes acuden ante los órganos jurisdiccionales en búsqueda de justicia y atención.