Bárbara Espinosa Lizcano
El divorcio entre derecho y finanzas
En México, ganar un juicio se puede parecer a recibir un cheque presuntamente firmado por el Niñopa: luce bien en el papel, pero en la práctica no paga la renta ni la despensa.
Ahora imaginemos a una trabajadora de la tercera edad que gana un juicio laboral después de años de pelea. El tribunal reconoce que fue despedida injustamente y ordena a la empresa pagarle su indemnización. No obstante, al momento de ejecutar, resulta que en el cálculo no se consideraron intereses ni prestaciones omitidas. Al final, nuestra representada recibe una cantidad que, con suerte, alcanza para cubrir lo que gastó en pasajes al juzgado.
Esa es la consecuencia de este divorcio peligroso: cuando las abogadas se deslindan de la economía, las resoluciones quedan muy bien escritas en los expedientes, pero no transforman la vida de las personas. Y en este juego de justicia simbólica, quienes más pierden son precisamente quienes deberían ser protegidas con más fuerza: mujeres, comunidades originarias, personas LGBTIQ+, juventudes, personas en situación de pobreza y adultos mayores.
El requisito secreto de la abogacía: Que no le gusten los números
La formación jurídica nos prepara para citar a Kelsen, interpretar artículos y recitar jurisprudencias como si fueran versos solemnes. Pero rara vez nos enseña a calcular un salario caído, a proyectar el impacto de la inflación o a traducir en números lo que significa “vida digna”. Así, las abogadas llegamos a litigar con gran bagaje legal, pero sin brújula económica, y el resultado es que la justicia se queda a medio camino.
Pensemos en pensiones alimenticias, una resolución que no contempla la inflación ni el incremento real del costo de vida infantil condena a niñas y niños a crecer con menos de lo que necesitan. Legalmente se cumplió, pero en términos de derechos humanos se falló.
El derecho no vive en abstracto. Atraviesa la economía y la define. Y si las abogadas no lo reconocemos, continuaremos entregando papeles decorativos, no justicia.
El costo mayor para poblaciones vulnerables
La omisión de la perspectiva económica no golpea a todas las personas por igual: se ensaña con quienes ya viven al margen del acceso pleno a derechos.
Empezando por nosotras, las mujeres hemos reportado que más de la mitad trabaja en la informalidad. ¿Cuál es la relevancia de las relaciones laborales informales y los derechos humanos? Cuando se busca justicia laboral mediante un litigio, no hay nóminas ni recibos que respalden ingresos. Si las abogadas no saben traducir esa realidad en cálculos defendibles, las indemnizaciones se reducen a migajas. La brecha de género nos persigue y descansa en las butacas que le ofrecen los tribunales.
Continuando con las comunidades originarias, sus luchas por tierra y territorio son también batallas por sustento. Sin comprender el valor económico de lo que defienden, lo que se gana en sentencias se pierde en mesas de negociación. La justicia se vuelve letra muerta frente al despojo económico, y ahora que lo vimos, no lo podemos ignorar.
No podemos olvidar a la población LGBTIQ+, donde los litigios en herencias, seguros y pensiones requieren entender estructuras patrimoniales, cumplimientos tributarios y reglas financieras. La falta de preparación jurídica en este campo perpetúa exclusiones que deberían combatirse, no reproducirse.
En resumen: ignorar la economía en la práctica jurídica es multiplicar vulnerabilidades y debilitar el acceso real a los derechos humanos.
Casos paradigmáticos
Los tribunales están llenos de ejemplos donde la justicia formal contrasta con el material:
- El divorcio y los bienes inmóviles. Una mujer recibe, como parte de un convenio, un terreno baldío sin servicios. Legalmente ganó. Económicamente, le dieron un activo inútil. Justicia simbólica, pero no sustento real.
- El amparo comunitario. Una comunidad frena un megaproyecto con un amparo histórico. Pero, al carecer de alternativas económicas viables, dos años después terminan aceptando acuerdos desventajosos. Lo ganado en los tribunales se perdió en la vida diaria.
- La herencia en remate. Una familia hereda inmuebles valiosos. Pero al no prever impuestos sucesorios ni costos de mantenimiento, terminan rematando el patrimonio. La riqueza se esfuma antes de consolidarse.
Estos casos muestran que el derecho que no toma en cuenta las afectaciones económicas es como una promesa sin cumplir: luce bien en el discurso, pero falla en la vida.
Hacia una abogacía de justicia restaurativa
La solución no es que las abogadas se conviertan en economistas, sino reconocer que todo litigio involucra una dimensión material y con la publicación de una tesis jurisprudencial, no come nuestra representada. Ignorar los aspectos financieros de la justicia es negar el acceso real a los derechos humanos.
¿Qué implica esto en la práctica?
- Formación integral. Facultades de derecho que incluyan administración, finanzas públicas y microfinanzas. Porque defender el derecho a la alimentación, a la tierra o al trabajo requiere también entender qué significan en números, es proponer soluciones implementables más allá del ius.
- Capacitación continua. Colegios de abogadas que ofrezcan talleres sobre mecanismos financieros básicos. Herramientas sencillas que convierten sentencias en soluciones efectivas.
- Perspectiva de género y diversidad. Una mirada económica diferenciada que responda a contextos desiguales: mujeres en la informalidad, juventudes sin acceso a crédito, personas trans con trayectorias laborales fragmentadas.
- Cultura de ejecución. El litigio no debe cerrarse con la sentencia, sino con la certeza de que se ejecutó en términos que garanticen un alivio real.
La métrica de la justicia para las personas
La justicia no se mide en expedientes ganados, sino en tortillas en la mesa, en tierras que siguen siendo aprovechadas en comunidad, en niñas con el derecho a la educación garantizado y en personas mayores que envejecen con seguridad.
Podemos seguir celebrando sentencias impecables, con fundamentos y citas elegantes. Pero si no cambian la vida de quienes más lo necesitan, no estamos defendiendo derechos: estamos administrando ilusiones y abriendo puertas que dirigen a un vacío.
El reto es claro: una abogacía que coloque el bienestar financiero de nuestras representadas como el centro de la práctica jurídica, que entienda que sin recursos materiales no hay derechos humanos garantizados. Porque el derecho sin finanzas es letra muerta. Y las letras muertas, aunque se pronuncien con solemnidad en los tribunales, no alimentan, no cuidan, no sostienen.
Si de verdad aspiramos a una justicia incluyente y transformadora, necesitamos abogadas con los pies en el derecho, la cabeza en las finanzas y el corazón en la dignidad de quienes representamos.