Karime Athie Ortiz
Actualmente las leyes que rigen al Estado mexicano establecen la obligación de incorporar la perspectiva de género en el quehacer público de los tres niveles de gobierno.
El artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala que todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta carta magna, así como en los Tratados internacionales. También señala que todas las autoridades tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos.
Diversos Tratados internacionales como la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, mencionan que se debe eliminar toda forma de discriminación contra la mujer y garantizar sus derechos en la vida política, económica, social y cultural.
La Plataforma de Acción de Beijing refiere la transversalización de la perspectiva de género en las políticas públicas, así como la necesidad de establecer planes y programas de empoderamiento para las mujeres.
Es imprescindible mencionar la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, que entre sus objetivos se encuentra el de lograr la igualdad de género y asegurar la participación plena de las mujeres en la vida política y económica.
Como parte de las leyes que fundamentan la obligación de incorporar la perspectiva de género, se encuentran: la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia; y de forma transversal la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, entre otras.
A pesar del avance legislativo y normativo, es necesario enfatizar la necesidad de continuar el cumplimiento por parte de los entes que conforman la Administración Pública. La inclusión de la perspectiva de género es imprescindible en absolutamente todos los espacios gubernamentales.
Existen múltiples factores que impiden lograr cambios estructurales efectivos, uno de ellos es la falta de capacitación con perspectiva de género para las personas servidoras públicas de los tres niveles de gobierno. A pesar de existir presupuesto asignado, aún existen algunos casos de resistencia institucional para asumir esta obligación administrativa.
La capacitación permite que las personas servidoras públicas tengan el conocimiento necesario para diseñar programas y políticas públicas con criterios de igualdad, incluyentes y de no discriminación.
En este sentido, también sensibiliza a las personas sobre la atención que se debe brindar a la población, específicamente a las mujeres, fomentando un trato respetuoso e inclusivo, evitando el ejercicio de la violencia institucional y la revictimización.
Asimismo, promueve ambientes laborales seguros y libres de violencia, acoso y/o hostigamiento sexual, fortaleciendo la cultura de la equidad, igualdad y respeto.
El personal del servicio público con capacitación cuenta con las herramientas necesarias para tomar decisiones certeras, justas y con perspectiva de género, mejorando la percepción y fortaleciendo la confianza de la ciudadanía en las instituciones.
Otro elemento importante a considerar es la elaboración y seguimiento de indicadores de medición y mecanismos de transversalización en coordinación con todas las áreas sustantivas.
Es esencial reconocer que hay un avance histórico en la implementación de la perspectiva de género en el ámbito público, sin embargo, para lograr cambios estructurales fundamentales y permanentes es vital apostar por la capacitación y por el ejercicio del poder en cumplimiento con las normas vigentes.
La perspectiva de género debe ser un principio rector en el quehacer público, la profesionalización y capacitación de las personas servidoras públicas es clave para materializar la igualdad sustantiva.
La transformación del poder institucional para la construcción de estructuras sólidas con perspectiva de género es un deber constitucional que le compete a todo el aparato del Estado, asumir este compromiso es comprender que los tiempos actuales ya no permiten retrocesos, por el contrario, acciones concretas con resultados visibles y tangibles.
Los sesgos sociales, culturales y presupuestales representan un gran reto gubernamental que debe ser enfrentado con la firme convicción de consolidar una administración y gestión pública capaz de garantizar los derechos y oportunidades para todas las mujeres.