Brenda Xiomari Magaña Díaz
México se rige por el principio de la no intervención. Este principio implica, de manera sencilla, no entrometernos en asuntos internos de otros Estados y respetar la soberanía de cada país. En palabras coloquiales: dejar que cada nación lave su ropa sucia en casa.
Sin embargo, frente a lo que hoy ocurre en Venezuela, surge una pregunta inevitable: ¿basta con que México se apegue estrictamente a este principio o estamos ante un escenario en el que otros países, sin importar normas ni precedentes, decidan intervenir?
Es posible que Estados Unidos vea la crisis venezolana como una ventana de oportunidad para intervenir, bajo distintos argumentos, o incluso para ampliar su influencia en la región. En este momento, muchos nos preguntamos si se trata de un acontecimiento atípico o si, por el contrario, estamos frente a un precedente peligroso para otros países. Y cuando hablo de otros países no me refiero a potencias como Rusia o China, sino a países como México o Colombia.
¿Qué tienen en común estos países? Principalmente, problemas estructurales relacionados con el narcotráfico. En el caso de México, para su desgracia, la cercanía geográfica con Estados Unidos lo coloca en una posición especialmente vulnerable. A diferencia de Colombia, cuya imagen internacional quedó durante años asociada a Pablo Escobar, México no logró cerrar ese capítulo con la captura de “El Chapo”. El narcotráfico se ha convertido en uno de los principales problemas del país y forma parte, lamentablemente, de nuestra historia reciente, de nuestra cultura popular, de canciones y hasta de series de Netflix.
Surge entonces una pregunta incómoda pero necesaria: ¿es Venezuela el precedente perfecto para una eventual intervención posterior en México? Si la intervención se justifica bajo el argumento del combate al narcotráfico, ¿se atrevería Donald Trump a impulsar una intervención en nuestro país?
Lo cierto es que Hugo Chávez es una figura profundamente polarizante y ampliamente rechazada a nivel internacional. Lo cierto también es que Andrés Manuel López Obrador cuenta con un nivel de aprobación social significativo, lo que haría sumamente complejo sostener una narrativa de criminalización directa en su contra. Pero más allá de nombres y coyunturas, el mensaje que Estados Unidos parece enviar es claro: una estrategia frontal, con todo su aparato político y militar, contra el narcotráfico.
Independientemente de si existe o no una intención real de intervenir en México, el caso de Venezuela nos deja una lección importante.
El problema del narcotráfico ya no es un asunto que solo preocupe a las autoridades locales. Ha adquirido una dimensión internacional y comienza a utilizarse como justificación para la intervención externa. Los tratados internacionales y la legislación interna ya no parecen suficientes; la realidad ha rebasado a los acuerdos. México necesita colocar la solución al narcotráfico como prioridad número uno en la agenda política nacional. No se trata de un tema partidista ni ideológico: es un problema que nos involucra a todos como sociedad.
La oposición debe dejar de recurrir a narrativas como “narco-gobierno” o “narco-presidenta”. Este tipo de discursos no suman, no fortalecen la posición de México en el ámbito del derecho internacional y, hoy más que nunca, resultan perjudiciales para el país.
Es momento de tomarnos este tema con la seriedad que exige. Cada persona debe asumir la responsabilidad que le corresponde desde su propio lugar: desde quien consume drogas “por diversión” creyendo que ello no tiene consecuencias, hasta los servidores públicos, los partidos políticos y el gobierno en turno.
La soberanía no se defiende con discursos vacíos; se defiende con posturas y soluciones serias. Con narrativas que sumen, no que dividan, y con la responsabilidad individual y colectiva de reconocer cómo, en mayor o menor medida, cada quien contribuye al problema del narcotráfico.