Abrahan Levi Márquez Salcedo
La discusión actual sobre la inteligencia artificial en el derecho suele quedarse atrapada entre dos reacciones básicas: la fascinación por la eficiencia y el miedo a que la máquina sustituya a las personas.
Las dos posturas se quedan cortas y evitan la pregunta de fondo: ¿con qué herramientas va a sostenerse el derecho que viene sin romper la práctica jurídica ni llevarse entre las patas a quienes ejercemos esta profesión? -sí, justo lo que usted pensó-.
Hay una parte del gremio jurídico que habla de inteligencia artificial como si fuera fuego robado a los dioses. La miran con miedo, la caricaturizan como una amenaza existencial y repiten, casi con orgullo, que “la IA nos va a sustituir” o “lo que la IA genera es basura”. No es una postura crítica. Es una reacción primitiva frente a algo que no comprenden -y se resisten-.
La inteligencia artificial no está viniendo por el lugar del abogado ni del juez. Lo que sí está haciendo es exhibir, sin pudor, las limitaciones de una práctica jurídica cómoda, repetitiva y poco exigente consigo misma. Y eso incomoda más que cualquier algoritmo.
En el derecho constitucional, y en particular en el juicio de amparo, nadie es sustituible por una máquina porque el núcleo del proceso no es mecánico. El amparo vive de razones, de la capacidad de identificar el problema jurídico real, de leer precedentes con inteligencia y de sostener una argumentación coherente frente al poder. Si alguien cree que eso puede automatizarse por completo, el problema no es la IA: es su idea empobrecida del derecho.
El ejercicio contemporáneo del derecho y las cargas laborales nos exigen apoyarnos en herramientas capaces de ampliar nuestra capacidad analítica y argumentativa. Justamente para eso es que la inteligencia artificial, bien diseñada y correctamente utilizada, es un apoyo técnico de alto valor para el abogado litigante, porque nos permite trabajar con mayor profundidad, rigor y claridad en contextos normativos cada vez más complejos[1].
Pero en contraste a esto, el miedo a la inteligencia artificial suele venir envuelto en un discurso moralista: que si deshumaniza, que si amenaza la independencia judicial, que si convierte al juez en un operador automático. Ese discurso pasa por alto algo elemental. El derecho ya está lleno de automatismos mal entendidos: formatos copiados, precedentes citados sin leer, argumentos reciclados y resoluciones que simulan razonamiento. Eso no lo trajo la IA. Eso ya estaba ahí. Eso es la consecuencia de la falta de inteligencia humana.
Bien utilizada, la inteligencia artificial no decide, no manda y no reemplaza. Ordena. Pone en evidencia contradicciones, muestra fallas lógicas, expone precedentes ignorados y deja al descubierto cuando una tesis simplemente no se sostiene. Por eso incomoda. No porque piense, sino porque obliga a pensar mejor.
En el juicio de amparo, donde la asimetría entre las partes es estructural, una herramienta que ayude a reconstruir líneas jurisprudenciales, a detectar falacias o a anticipar rutas de análisis no debilita el proceso. Lo vuelve más honesto. Reduce el margen para la improvisación y para la autoridad mal defendida o el quejoso mal asesorado.
El verdadero debate no es si la inteligencia artificial “debe” entrar al derecho. Ya entró. El debate es si quienes ejercen la profesión están dispuestos a dejar de esconderse detrás de la mística del criterio humano cuando, en realidad, lo que defienden es la opacidad de su propio método -y lo defienden desde el miedo-.
Otro ejemplo de un verdadero debate sobre este tema, sería usar inteligencia artificial sin reglas. Si la tecnología va a entrar al derecho, tiene que hacerlo con criterios claros: trazabilidad, supervisión humana y control constitucional del razonamiento automatizado. En materia de derechos humanos, cualquier decisión que impacte a una persona y se apoye en IA debe poder rastrearse, entenderse y revisarse por un humano[2]. Eso sí es uno de los temas relevantes, no estigmatizarla y hacer una quema de brujas en donde se le sancione a quien pretendió usarla como si fuera una especie de “magia negra”.
Debemos entender que, en su momento se diseñaran agentes argumentativos para el litigio constitucional y eso no implica ceder soberanía jurídica a una máquina. Implica aceptar que el razonamiento puede ser examinado, tensionado y expuesto. Implica abandonar la comodidad del argumento poco trabajado y asumir que ahora habrá herramientas que evidencien cuándo una postura es débil, contradictoria o simplemente mediocre.
Por eso el rechazo visceral a la IA no es técnico ni ético. Es cultural. Viene de una forma de ejercer el derecho que se siente segura en la penumbra, donde nadie revisa a fondo cómo se construyen las razones y donde el prestigio sustituye al rigor.
La inteligencia artificial no va a sustituir a los juristas. Va a sustituir prácticas. Va a volver incómodo litigar mal, decidir sin justificar y repetir precedentes sin entenderlos. Y quien confunda eso con una amenaza existencial quizá no le tiene miedo a la tecnología, sino a quedarse sin pretextos.
El problema, al final, no es la inteligencia artificial. El problema es seguir defendiendo la cueva cuando afuera ya se está discutiendo el derecho con luz.
Entiendo que es una resistencia natural, que no es fácil de asimilar para muchos. Si logramos entender que estas herramientas no vienen a quitarnos el lugar que nos ganamos con nuestro trabajo y estudio, sino a exigirnos ejercer mejor el que ya tenemos, si estamos dispuestos a aprender a usarla para argumentar mejor podremos ejercer mejor nuestra profesión, de lo contrario sí seremos obsolescencia biológicamente programada.
[1] Laboratorio Fintech y Legaltech del CPACF. (2025). Guía para el uso de inteligencia artificial para abogados. Colegio Público de Abogados de la Capital Federal.
[2] Council of Europe Commissioner for Human Rights. (2019). Unboxing Artificial Intelligence: 10 steps to protect human rights. Council of Europe.