El 5 de febrero de 2026 para muchos puede ser el aniversario número 109 de la Constitución Mexicana de 1917, probablemente tienen razón. Para otros, tal vez aquí me incluyo, no es el verdadero aniversario de la Constitución, al menos no de la de 1917.
La Constitución Mexicana que nos da un día de asueto en la primera semana de febrero se promulgó el 5 de febrero de 1917 en Querétaro, pero yo creo que tuvo una vida más o menos útil de solo 107 años.
En 2024 no solamente se otorgó una sobrerrepresentación inconstitucional a un partido y sus aliados, se capturó al Tribunal Electoral, al INE y se reformó al Poder Judicial, se desaparecieron los órganos constitucionales autónomo o se militarizó la seguridad del país, eso tal vez es lo que se aprecia de un simple vistazo.
Yo sostengo que en 2024 se promulgó una nueva Constitución y ni siquiera nos dimos cuenta, al menos no todos o no lo queremos ver así.
La reforma judicial no fue el fin del Estado de Derecho, decir algo así implicaría un reduccionismo bárbaro. La reforma judicial fue el comienzo de un nuevo régimen ornamental de derecho.
En este nuevo modelo el derecho adorna y sirve, no regula, ni protege, no existen los contrapesos, existe “diálogo y colaboración entre poderes”, que es una elegante forma de llamarle al autoritarismo.
No se me mal entienda, yo no creo que los poderes de un Estado deben estar enemistados, pero sí creo que debe existir siempre una clara, infranqueable y sana frontera entre estos. Cruzar esa línea es situarse en la peligrosa posición de la complicidad, la alineación de intereses y la simulación.
¿Por qué es otro Estado? ¿Es otra Constitución?
A mí me parece que sí, y ya se advertía desde los “debates” parlamentarios previos a la reforma judicial, de simplificación administrativa y de Guardia Nacional, y se sigue advirtiendo ahora en la antesala de la reforma electoral.
En la sentencia del amparo 1338/2024, aquella que ordenó invalidar la reforma judicial —la cual hoy se encuentra en revisión por la Suprema Corte en el amparo en revisión 572/2025— se dijo bastante claro: la reforma judicial era una sustitución a la Constitución, desde el punto de vista teórico y del derecho comparado.
Pero la Constitución no se sustituye de un día a otro, así como la democracia no se destruye de la noche a la mañana.
Se trata de una serie de procedimientos, reformas, alianzas, cooptación de autoridades, silenciamiento de oposiciones, debilitamiento o anulación gradual de los contrapesos, centralización del poder, desmantelamiento de las autonomías, militarización del territorio, simulación electoral, tejido de redes clientelares, propaganda oficialista desbordada, discurso polarizador, creación de odios sociales, adoctrinamiento ideológico y construcción de una narrativa alterna a la realidad.
Quien piense que todo eso se construye en un día o una reforma está equivocado.
Sin embargo, lo que sí puede construirse o, en este caso mejor dicho destruirse, en un solo día es la legitimidad de los procesos y su normalización.
Nos hemos acostumbrado a lo que nunca había sucedido. Lo que antes eran escándalos hoy son actos que damos por hechos, y parece que no hay más que hacer, no hay oposición, más temprano brinca un opositor al bando oficialista que en lo que llega una nueva elección, los medios cada día venden más la pluma y los disidentes son ninguneados y acallados de diversas y creativas maneras.
Entonces, ¿podemos seguir diciendo que tenemos la misma Constitución?
Me parece que no, y citando nuevamente la sentencia del amparo 1338/2024, existen reformas constitucionales que no pueden ser catalogadas de otra forma más que de “auténticas destrucciones constitucionales”; esto, por tocar fibras medulares de la arquitectura de nuestro modelo constitucional, principalmente, la garantía de los derechos humanos y la división de poderes.
El Constituyente de 1917 fundó lo que hoy conocemos por Estados Unidos Mexicanos, me refiero a que instauró el régimen político y jurídico en el que como pueblo soberano decidimos que queríamos vivir.
También, se llevaron a la Constitución todos aquellos justos anhelos y legítimas aspiraciones de una clase campesina olvidada, pero revolucionaria.
Definitivamente, en aquel documento se nos dio una identidad constitucional.
Así, con altas, bajas, regímenes más autoritarios que otros, vivimos poco más de 107 años. Incluso, en los últimos treinta se venía consolidando una democracia más fuerte, plural e incluyente. Se estaba dando voz realmente a toda la sociedad.
Mejor muestra de ello es que en 18 años (el periodo que llamo democrático-plural y comprende de 2000-2018) hubo 4 alternancias del poder entre partidos de muy distinta ideología. PRI-PAN-PRI-MORENA. Nunca en nuestra historia había sucedido.
Sin embargo, en 2024, precisamente un 5 de febrero, se anunció que las reglas del juego cambiarían, y lo harían desde la Constitución, probablemente no para siempre, pero sí de manera trascendental: cambiar la naturaleza de un Poder de la Unión y llevarlo al terreno partidista, político e ideológico.
Y todo dentro de un contexto social y oficialista de repudio al Poder Judicial, y de apelación al nacionalismo, a la soberanía y a la polarización, definitivamente, un clima prácticamente de insurrección, pero no contra el poder, ni la autoridad, sino contra el “enemigo” del poder.
En una alianza gobierno y una parte del pueblo, se sublevó a millones de personas para que odiaran al mismo enemigo ficticio: todo aquel que no fuera pueblo.
Desde el periodista más sencillo, hasta el empresario más acaudalado, pasando por los partidos de la oposición, los órganos del Estado autónomos, las Universidades Públicas que no se alinearan al discurso oficialista, las redes sociales, la academia crítica, el intervencionismo extranjero, el “masiosare” imaginario, en fin, cualquiera podría adoptar esta figura de enemigo público número uno.
Pero la batalla se declaró contra uno en especial desde finales de 2023 y se concretó el 5 de febrero de 2024, ese enemigo fue el Poder Judicial de la Federación, particularmente, la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
No duró mucho esta lucha, el 15 de septiembre siguiente promulgó, lo que yo considero, el inicio de la Nueva Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución de 2024.
Sí, nadie lo dice así, tampoco hubo una revolución previa, ni se abrogó la Constitución de 1917, pero es que no era necesario. Pensemos.
La sobrerrepresentación inconstitucional que avaló el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación destruyó lo que conocíamos como “Gobierno Dividido”, que era aquella configuración legislativa en la que ninguna fuerza política, por sí sola, tenía la capacidad, medida en votos, para reformar la Constitución.
En la teoría constitucional contemporánea se habla de Constituciones rígidas, como aquellas en las cuales su proceso de reforma es particularmente complicado y que requiere de un amplísimo consenso y negociación entre todas las fuerza políticas.
Así, al exigir mayorías calificadas y la mayoría de las legislaturas locales, se hace sumamente difícil que una sola fuerza política logre reformar la Constitución sin necesidad de negociar.
Precisamente ese fue el espíritu de la reforma político electoral de 1996, impedir que un solo partido político en aquel entonces (antes de las coaliciones), lograra obtener tantos legisladores que tuviera mayoría calificada y pudiera reforma la Constitución. Lo que se pasaron por el arco de la indignidad los magistrados del TEPJF al avalar lo contrario.
No, no es este el espacio para analizar la tan sobre analizada sentencia que avaló esa inconstitucionalidad, pero sí para fijarla como un momento determinante en la destrucción del sistema que conocíamos.
Al permitir que se distorsionara la voluntad popular expresada en las urnas, y al regalarle al partido en el poder una aplastante mayoría, se empezó a consolidar el régimen hegemónico partidista de hoy.
Pues, al no tener que negociar con la oposición, eso se traduce en el poder absoluto de reformar, a capricho y placer, por convicción o consigna, la Constitución.
Así, en ese contexto, se fraguaron las reformas constitucionales que hechos mencionado: la judicial, la administrativa y la de la Guardia Nacional, entre otras.
Entonces, ¿Qué nos queda de la Constitución de 1917?
Podría agregar si ahora no existe una división de poderes real, sino formal, por lo mismo no existe una verdadera garantía de los derechos humanos, entonces, ¿sobre qué pilares se sostiene la Constitución actual?
No, no le cortaron las patas a la mesa, parece que no nos dimos cuenta de que nos cambiaron de mesa.
Lo de hoy no es una Constitución que siga manteniendo vivo el espíritu de la de 1917, todos esos ideales, luchas campesinas y obreras, y esa identidad como pueblo mexicano y soberano se ha ido.
La Constitución hoy, ya no se siente como la de 1917, las garantías constitucionales ya no protegen como las de la Constitución de 1917, el juicio de amparo ya no es aquel mecanismo de protección a derechos humanos fuerte y orgullosamente mexicano, ni la Suprema Corte la guardiana de la Constitución, sino del gobierno.
Entonces, tengo que insistir en mi pregunta: ¿Qué nos queda de la Constitución de 1917?
Probablemente nos queda solo el nombre, porque sería un descaro decir que ahora rige una nueva Constitución. Lo cierto es que en los en los hechos así es.
Peor aún, ¿Qué nos asegura que la reforma electoral no terminará de consolidar, en definitiva, una dictadura partidista?
Para mi la respuesta es muy clara: nada. Así como no nos queda casi nada de aquella Constitución de Querétaro de 1917.
Si ya no nos queda nada o casi nada de la Constitución de 1917, entonces, hemos de darla por muerta.
Queda el papel con artículos que han sido reformados hasta el cansancio, pero en lo esencial, en los pilares de la Constitución que son la división de poderes y la garantía de los derechos humanos, hemos de declararla muerta.
Por ello, creo yo que es incorrecto seguir festejando el cumpleaños de un muerto, probablemente, tendríamos que decir que hoy 5 de febrero de 2026 es el segundo aniversario luctuoso de la Constitución de 1917, pues un 5 de febrero de 2024, se presentó la iniciativa de reforma que significó su destrucción.