Martha Magaña
Hay historias que no pueden olvidarse, porque son la antesala del horror que debe ser recordado, no como estigma, sino como esa cicatriz que grita con fuerza lo que no puede volver a permitirse.
En mayo de 2006, en San Salvador Atenco, ocurrió algo que todavía duele leer, algo que muchas personas quisieron minimizar diciendo que “fue un operativo”, “hubo enfrentamientos” o “la policía perdió el control”.
Pero cuando se escuchan las voces de las mujeres que sobrevivieron, la historia sostiene una verdad distinta, la narrativa del operativo se torna en una cacería.
Aquellos días el miedo caminó por las calles vestido de uniforme, la autoridad que ha sido sancionada en incontables ocasiones por sentencias nacionales e internacionales por el exceso de poder, lo hizo otra vez.
Había gases lacrimógenos flotando en el aire, gente corriendo sin saber hacia dónde escapar, puertas cerrándose de golpe como trampas sin salida, personas escondiéndose en casas ajenas, golpes, gritos, camiones llenos de mujeres aterradas que no sabían si iban a llegar vivas a casa.
Muchas de ellas ni siquiera estaban protestando, eso es lo que más rompe por dentro, no eran criminales peligrosas, no se trataba de mujeres armadas, algunas incluso sólo estaban trabajando, estudiando, ayudando a los heridos o simplemente caminando por la calle equivocada, donde las trataron como si no fueran humanas.
Yolanda Muñoz Diosdada tenía 46 años, era madre, ese día había salido como cualquier otro: iba al mercado a vender mezclilla junto a su hijo adolescente. Seguramente pensó en cosas triviales, un día de buena venta, regresar a casa cansada a comer con su familia. Pero nunca pasó por su mente que terminaría tirada en el suelo mientras policías la golpeaban.
Cuando comenzaron los enfrentamientos, Yolanda y otras personas corrieron a esconderse dentro de un inmueble, no supo quien vivía ahí solo se refugió del estallido, se escuchaban explosiones de gases y personas gritando. Adentro había miedo, pero también esperanza de que ahí estarían seguros.
Entonces la policía entró, no preguntaron quiénes eran, no indagaron si habían hecho algo, simplemente entraron golpeando, los aventaron al piso, los cubrieron con escudos, los apilaron unos sobre otros como si fueran cosas, como cuerpos inservibles.
Yolanda al declarar, recordó que un policía le pegó en la cara con el puño mientras gritaba: “son unas putas, unas perras, ahora sí se las va cargar la chingada”.
Imaginar esa escena duele, una mujer intentando protegerse con su hijo de la Policía, quien debía brindarle ayuda y auxilio, se burlaba mientras golpean personas indefensas.
Después les cubrieron el rostro con la ropa para que no vieran hacia dónde los llevaban, en medio del caos Yolanda perdió de vista a su hijo, no sabía si estaba vivo, no sabía si lo estaban golpeando, no sabía si volvería a verlo. Lo encontró hasta llegar al penal, completamente herido.
Ana María Velasco Rodríguez tampoco había ido a protestar, había salido a hacer compras por la celebración del día de la Santa Cruz, tenía 32 años y trabajaba en una tortillería, era un día común, un día sencillo, de esos que parecen no tener nada especial, hasta que todo se convirtió en violencia, sin lograr entender qué sucedía.
Ana María también se refugió en un inmueble cuando comenzaron los ataques policiales, pero las autoridades entraron a los inmuebles, rompieron las puertas, la golpearon con toletes, le dieron patadas hasta cansarse, le robaron sus cosas.
Ella dijo que los policías le preguntaban cosas sobre líderes del movimiento, cuando respondió que no conocía a las personas que mencionaban, comenzaron a insultarla: “perra”, “puta”.
Pero lo más cruel vino después. Ella recordó que un policía dijo: “esta perra está limpia, péguenle más”. Porque ni siquiera les bastaba verla golpeada, querían verla destruida. En el camión donde la subieron, comenzó la tortura sexual, cinco policías la rodearon, le tocaron el cuerpo mientras la insultaban, la obligaron a practicar sexo oral.
Ella contó que mientras eso sucedía, uno de los policías le preguntaba: “¿cuántas posiciones te sabes?”.
Imaginar el miedo de Ana María es imposible, estaba encerrada, rodeada de hombres armados, nadie iba a ayudarla, nadie iba a detenerlos; Ana sobrevivió.
Angélica Patricia Torres Linares tenía apenas 23 años, era estudiante universitaria, había ido a Atenco porque estaba trabajando en su tesis, quería aprender, investigar, entender el origen del conflicto, llevaba cuadernos, ideas y preguntas, no armas.
Cuando comenzaron las agresiones, ella y otras personas corrieron a esconderse, pero los policías entraron también ahí; la pusieron contra la pared y comenzaron a golpearla con toletes mientras la interrogaban; le preguntaron su nombre, su dirección, datos de su familia. Después la consecuente amenaza: “ahora sí ya tenemos tu nombre y dirección, a ti y tu familia se los cargó la chingada”.
Ella tenía miedo, mucho miedo; y una mujer policía vio ese miedo en su rostro, pero en lugar de ayudarla, se burló de ella. Le dijo: “¿te gustó? Pues al rato todos te van a violar hija de la chingada”.
Eso también fue Atenco; mujeres participando en la humillación de otras mujeres; personas usando el uniforme para destruir, para borrar. Mientras la golpeaban le repetían: “las mujeres nada más sirven para hacer tortillas.”
María Patricia Romero Hernández estaba con su hijo y su padre. Iba a abrir la carnicería familiar, seguramente pensaba en trabajar, en la venta del día, la rutina de siempre; pero vio cómo los policías golpeaban comerciantes y decidió preguntar qué estaba pasando. Su hijo comenzó a grabar, entonces escuchó la orden: “rómpanle la madre a este hijo de su puta madre”, y los policías se fueron sobre él.
Imaginen a una madre viendo cómo golpean brutalmente a su hijo frente a ella, imaginen intentar cubrirlo con el cuerpo y no poder hacerlo, la sometieron entre varios policías, la esposaron, la golpearon, la aventaron a una camioneta, como una res, como un objeto; y mientras su padre e hijo estaban cerca, comenzaron a tocarla; años después ella declaró algo que duele muchísimo leer: “Los policías hacían de mí lo que querían”.
María no gritó, no peleó; no porque no quisiera, sino porque el miedo puede dejarte inmóvil, porque a veces sobrevivir es quedarse callada.
María Cristina Sánchez Hernández ni siquiera estaba relacionada con la protesta, caminaba con su esposo cuando se encontraron con el operativo policial, eso fue todo, estar en el lugar equivocado.
Los policías comenzaron a golpear personas y lanzaron gases lacrimógenos, luego la subieron a un camión; ahí la obligaron a cantar, a contar chistes obscenos; y si no obedecía, la golpeaban, le decían: “maldita perra”, y mientras algunos policías se reían, otros le metían las manos entre las piernas.
Todo dentro de un vehículo oficial, todo frente a otros detenidos, todo mientras el Estado tenía control absoluto sobre ellas.
Norma Aidé Jiménez Osorio tenía 23 años y soñaba con muchas cosas, estudiaba artes, fotografía e ingeniería química, también trabajaba como reportera. Había terminado de cubrir una noticia y se dirigía a tomar un autobús para ir a la escuela, pero nunca llegó. Los policías bloquearon la carretera, hubo gritos, personas corriendo, entonces sintió un golpe en la nuca, cayó al suelo, le cubrieron la cabeza con el suéter y comenzaron a golpearla mientras le tocaban el cuerpo, cuando dijo que era periodista, se burlaron, le dijeron: “eso te pasa por no estar en tu casa lavando trastes”.
La frase parece simple, pero encierra algo terrible, la idea de que las mujeres merecen violencia cuando salen del lugar que otros creen que deben ocupar. En el autobús varios policías comenzaron a agredirla sexualmente; ella contó que “tomaban turnos”.
Turnos, como si no estuvieran lastimando a una persona, como si fuera una partida de algún juego; y, mientras todo eso ocurría, las mujeres escuchaban otras voces llorando alrededor, escuchaban gritos, súplicas, amenazas; otras más pensaban que no iban a salir vivas.
Bárbara Italia Méndez Moreno describió el traslado con una frase que resume todo: “ahí comenzó mi infierno”. Porque el verdadero terror no duró minutos, fueron horas, horas dentro de camiones donde el cuerpo de las mujeres dejó de pertenecerles; horas escuchando amenazas de muerte, horas pensando en sus familias, horas creyendo que las iban a desaparecer.
Muchas tardaron años en poder contar lo que vivieron, por vergüenza, por miedo, porque la violencia sexual tiene algo especialmente cruel: hace que la víctima sienta culpa por algo que jamás debió ocurrirle.
Pero hablaron y gracias a eso el mundo supo lo que en realidad pasó en Atenco, no solo en la detención, sino que el poder del horror de todas las vejaciones se multiplicó en los traslados, al llegar a los penales, en las revisiones médicas, en la recepción con golpes contra la pared hasta llegar al desmayo, en la revictimización, más tocamientos, amenazas.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos reconoció finalmente que aquellas mujeres fueron víctimas de tortura sexual, no “excesos”, no “errores”, no “daños colaterales”, la policía fue ejecutora de un linchamiento a base de tortura, humillación y vejaciones.
El precedente marca un parteaguas en la historia de la violencia sexual sufrida por las mujeres y destaca las connotaciones verbales como una forma de abuso, así en ese contexto donde fueron sometidas y obligadas a situarse en posiciones incomodas, a desvestirse, el escuchar lo que podría pasarles como reprimenda sexual, si desobedecían constituye abuso sexual.
El abuso sexual no sólo es físico, sino que en esta sentencia de la Corte Interamericana se explica cómo es que puede construirse el abuso sexual verbal, lo cual implica una lectura imperdible de esa resolución.
A diez años del horror, Atenco siguen siendo preguntas abiertas para México:
¿Cuántas veces más tendrá que gritar una mujer para que el Estado deje de llamarle justicia a la violencia? ¿Cuánto tiempo más debe pasar para que se deje de usar el cuerpo de la mujer como herramienta de sometimiento? ¿Cuántas sentencias internacionales debe recibir el estado mexicano para capacitar a sus policías?