Sergio Esquerra
La frase “México es un Estado con Derecho, pero no un Estado de Derecho” encapsula una de las paradojas más profundas de la realidad jurídica y política contemporánea del país. La expresión no es mera retórica, sino un diagnóstico incisivo que revela la gran brecha entre la formalidad de un sistema legal y su efectividad como garante de justicia e igualdad.
En un mundo donde el Estado de Derecho se erige como pilar del desarrollo humano y la democracia, México representa un caso emblemático de transición incompleta: una nación con un vasto marco normativo, pero donde el poder político a diario se erige por encima de la ley.
Un “Estado con Derecho” alude a la existencia de un ordenamiento jurídico formal: constituciones, leyes, códigos, reglamentos, así como instituciones que, en principio, regulan la convivencia social y el ejercicio del poder. Este modelo simula que la ley es herramienta de justicia e igualdad social, pero en la realidad permite que el Derecho sea instrumentalizado por el Estado para fines políticos y de control social. En contraste, un “Estado de Derecho” implica que la ley es suprema, imparcial y limitadora del poder, sometiendo a todos (ciudadanos y autoridades) a sus mandatos de manera equitativa. Sus fundamentos incluyen la separación de poderes, la independencia judicial, la protección efectiva de Derechos Humanos y mecanismos que den certeza jurídica como dique a la arbitrariedad y al exceso en los actos de las autoridades.
Esta diferenciación subraya que el Derecho no es solo un conjunto de reglas, sino un verdadero pilar de la democracia. En el primer caso, el Estado “posee” el Derecho como un mero instrumento; en el segundo, el Derecho “posee” al Estado, asegurando que sirva al bien común. México ilustra esta brecha de manera casi vulgar: su Constitución Política de 1917, con sus avances en derechos sociales, configura un marco “con Derecho” impresionante. Sin embargo, la aplicación selectiva de la norma revela la ausencia de un verdadero sometimiento del Estado al imperio de la ley.
La génesis de esta condición mexicana se remonta al siglo XIX y se consolida en el siglo XX. Durante el Porfiriato, el Derecho sirvió al autoritarismo modernizador de Díaz, donde las leyes facilitaban la acumulación del poder en élites oligárquicas, pero ignoraban las demandas populares. La Revolución Mexicana respondió a ello con la Constitución de 1917, un documento visionario que incorporó derechos inéditos en el mundo, como el de la salud, agrario y el educativo. No obstante, la estabilización postrevolucionaria bajo el PRI (Partido Revolucionario Institucional) transformó este legado en un “derecho presidencialista” que subsiste hasta la actualidad: las instituciones jurídicas existían y existen, pero se subordinan al Ejecutivo, permitiendo fraudes electorales, represión y pactos extralegales con sindicatos y elites.
En el año 2000 la alternancia con el PAN (Partido Acción Nacional), y posteriormente la llegada de MORENA (Movimiento de Regeneración Nacional) en 2018, prometieron el fin del presidencialismo, pero las dinámicas viciadas persisten. La Cuarta Transformación de López Obrador ha impulsado “reformas sociales”, generando fuertes tensiones con el Poder Judicial de la Federación, que culminaron en la controvertida reforma judicial del 2024, con elecciones en junio de 2025; donde por primera vez se eligieron por voto popular a jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Dicha elección, defendida por el actual gobierno como democratizadora, ha sido criticada por expertos nacionales e internacionales por erosionar la independencia judicial, pilar fundamental del Estado de Derecho. Organizadas por el INE en dos fases, estas elecciones (a mí leal saber y entender las primeras en la historia mundial a una escala nacional) atrajeron a muy pocos electores (apenas entre el 12% y el 13% de la lista nominal). La nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación asumió funciones prometiendo una justicia “del pueblo”, pero de arranque dio signos evidentes de todo lo contrario.
A menos de un año de la elección el World Justice Project Rule of Law Index 2025 confirmó el retroceso: México cayó al lugar 121 de 143 países (bajando tres posiciones), con un puntaje de 0.40 y un deterioro del 2.8 % respecto al año anterior; en América Latina ocupa el penúltimo lugar (28 de 32). A la par, el Índice de Percepción de Corrupción 2025 de Transparencia Internacional colocó a México en el lugar 141 de 182 países, con solo 27/100 puntos.
En ese sentido, México no es un caso aislado, experiencias comparadas como la elección popular de jueces en Bolivia muestran patrones similares: politización, baja calidad de los perfiles de juzgadores y pérdida de confianza ciudadana. Lejos de fortalecer la legitimidad, estos modelos terminan subordinando la justicia al método electoral y politiquero. No obstante, el gobierno, liderado por MORENA, argumenta que con la reforma eliminó un “gremio elitista” con salarios excesivos y fallos “contra el pueblo”, como suspensiones a megaproyectos.
La realidad es desalentadora: campañas de jueces, magistrados y ministros financiadas opacamente (prohibido el financiamiento privado, pero fiscalización débil) y posibles infiltraciones del crimen organizado. Human Rights Watch denunció que el proceso “socavó la independencia judicial”, al someter a los juzgadores a lógicas electorales en lugar de conocimiento, especialización y méritos.
Todas estas reformas amplían el “Estado con Derecho” al introducir mecanismos democráticos, pero flagelan el Estado de Derecho al erosionar la autonomía judicial, pilar y escudo contra los abusos de la autoridad.
La Ley de Amparo, enfrenta su mayor reto en décadas; el Congreso de la Unión aprobó en 2025 reformas que incorporan propuestas de la Presidenta Sheinbaum para “corregir” el recurso y agilizar procesos. Los cambios clave incluyen juicios de amparo en línea, redefinición del “interés legítimo” (exigiendo daño concreto e inminente), restricciones a suspensiones provisionales y prohibición de amparos “seriales” contra normas generales; la mandataria argumentó que todo ello evita su uso para “evadir la justicia”, como en casos fiscales o ambientales.
Críticos, desde especialistas, pasando por organizaciones empresariales, hasta la prensa libre, tildaron la reforma de “pro-autoridad”: limita protecciones colectivas y presenta una clara retroactividad (aunque el gobierno “aclaró” que no aplicará a procesos en curso). En opinión personal de este quien escribe, la reforma enriquece el formalismo procesal y merma directamente la esencia del amparo como escudo ciudadano.
Paralelamente, el Paquete Económico 2026 propuso y logró modificaciones al Código Fiscal de la Federación para combatir la evasión fiscal: se incluyen adiciones de procedimientos de fiscalización exprés, ampliación de presunciones de evasión vía CFDI y endurecimiento de sanciones (incluidas las penales).
Tales medidas, aunque positivas para la recaudación fiscal, plantean un serio riesgo de arbitrariedad: mayor discrecionalidad podría usarse políticamente, sin la vía del amparo para contrarrestar. En sintonía con la reforma al amparo, el Código Fiscal de la Federación se expande como norma técnica, pero agrava la asimetría poder-ciudadano.
Dichas reformas no son aisladas: la judicial politiza la justicia, la fiscal aprieta a los contribuyentes y la de amparo les resta derechos, configurando un ecosistema donde el Estado acumula herramientas sin fortalecer la independencia judicial como contrapeso.
Desde la perspectiva económica, esta combinación (fiscalización exprés, más amparo debilitado, más poder judicial politizado) generó una incertidumbre que ya impacta la confianza de inversionistas nacionales y extranjeros. El nearshoring, que había mostrado dinamismo, enfrenta ahora un mayor riesgo de litigios fiscales sin juzgados ni tribunales efectivos.
Es justo reconocer que el problema no nació en 2018 ni en 2024. El presidencialismo priista y las debilidades del PAN en el poder también contribuyeron a la erosión institucional. Inclusive el que algunas reformas recientes han traído avances puntuales en digitalización de trámites. Sin embargo, estos logros no compensan el retroceso estructural en independencia judicial y certeza jurídica.
En resumen, se avistan muy pocos beneficios potenciales y se evidencia un autoritarismo, reminiscencias vivas que rigen hoy en nuestro país como lo peor de la época del PRI.
Actualmente México navega en un océano de mareas altas y turbulentas: las reformas de 2025 y 2026 buscan transitar de un Estado con Derecho ineficaz a uno más inclusivo, pero en realidad profundizan la paradoja al priorizar control estatal sobre justicia e igualdad social.
Con una impunidad que alcanza más del 90% de los delitos (según Human Rights Watch solo uno de cada diez homicidios se resuelve), con cientos de miles de personas desaparecidas, muchas en contextos de colusión entre autoridades y crimen organizado (“El Registro Nacional de Personas Desaparecidas” supera las 133,000 personas al corte de abril de 2026, de las cuales al menos 43,000 no muestran ninguna actividad posterior a su reporte); con una corrupción que permea desde el desvío de fondos en la “Estafa Maestra” y trasciende hasta escándalos recientes en PEMEX y el Gobierno del Estado de Sinaloa, donde parecen estar involucrados exfuncionarios, funcionarios en activo y hasta familiares del expresidente López Obrador, sin que a la fecha pese sobre ellos ninguna consecuencia legal; con cientos de miles de asuntos estancados en juzgados y tribunales, donde la medía de resolución es de 3 a 5 años; la realidad en México nos golpea con una dureza devastadora. Para revertirla, urge no solo más normas, sino cultura de legalidad, inversión en instituciones y diálogo multipartidista.
Desafortunadamente, México está muy lejos dejar abrazar un Estado de Derecho pleno, donde el Derecho no sea pretexto, sino promesa cumplida. Nuestro país se encuentra a la sombra de un sistema formal en la superficie, pero hueco en su núcleo.