Andrea Rodríguez Zavala
En el análisis contemporáneo de la movilidad humana, pocas realidades resultan tan evidentes como la progresiva subordinación de la técnica jurídica a las urgencias de la política coyuntural. El régimen de protección internacional y el derecho migratorio en Norteamérica han dejado de concebirse como sistemas normativos orientados a la regularidad procesal y al reconocimiento de derechos para transformarse en mecanismos de administración de la contingencia. En este escenario, los ciclos electorales de Estados Unidos —y con particular intensidad los comicios intermedios— operan como catalizadores de excepcionalidad, donde la frontera y las personas en movimiento son instrumentalizadas como capital de negociación simbólica y política.
Como prueba de lo previamente mencionado, tenemos lo relacionado al derecho a solicitar asilo, consagrado de forma ineludible en el artículo 14 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, desarrollado en la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 y su Protocolo de 1967, y recogido formalmente en el derecho interno estadounidense a través de la Sección 208 de la Immigration and Nationality Act apartado 1158, parte de una premisa inequívoca: cualquier persona presente en territorio o en frontera tiene el derecho a solicitar protección internacional, con independencia de su vía o estatus de ingreso. Asimismo, el principio de no devolución (non-refoulement) constituye una norma de ius cogens que prohíbe el rechazo sumario cuando la vida o libertad de la persona esté en riesgo, principio ampliamente reiterado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en su Opinión Consultiva OC-25/18.
Sin embargo, en el calor de la retórica electoral, la institución del asilo sufre una perversa mutación conceptual: deja de ser leída como una obligación jurídica vinculante para ser catalogada como una “laguna legal” o una supuesta debilidad en el control fronterizo. La respuesta estatal recurrente consiste en elevar artificialmente los umbrales de elegibilidad mediante decretos administrativos, condicionar el acceso a puertos de entrada a plataformas digitales saturadas o restringir las audiencias de temor fundado.
Para ello, hay que tener en consideración que la relación entre el pulso electoral en Washington y la realidad migratoria en la región no se agota en la línea divisoria norteamericana. Por el contrario, genera una onda expansiva inmediata sobre los países de tránsito, particularmente sobre México. Es decir, la externalización de fronteras —consistente en trasladar de facto el control, la detención y la contención a territorio de terceros Estados— convierte a las ciudades fronterizas mexicanas en auténticos embalses humanos.
En este contexto se consolida lo que hemos denominado “la arquitectura de la espera” tal y como lo he mencionado en diversos escritos presentados en Paréntesis Legal. Relevante, pues lejos de constituir una simple ineficiencia burocrática, la dilación procesal prolongada y la opacidad administrativa operan como una política disuasoria deliberada; esto, al obligar a miles de personas solicitantes de asilo a permanecer varadas durante meses o años en un limbo jurídico, en donde el sistema sustituye la resolución jurídica por el desgaste psicoemocional y económico, precarizando su existencia y empujándolas hacia rutas más peligrosas o hacia la irregularidad forzada.
Y es aquí donde justamente lo previamente mencionado toma relevancia, lo anterior derivado de que históricamente, los comicios de medio término en Estados Unidos tienden a afianzar la fragmentación o el estancamiento legislativo en el Congreso, cancelando las perspectivas de una reforma integral del sistema migratorio que modernice vías legales de regularización acordes a las realidades económicas y humanitarias del siglo XXI. Es decir, ante el vacío de consensos legislativos, la gestión migratoria queda entregada al arbitrio del Poder Ejecutivo a través de proclamaciones presidenciales, reglamentaciones de emergencia y órdenes ejecutivas, en donde este modelo de “gobernanza por decreto” traslada inevitablemente el debate hacia los tribunales federales, generando un régimen de litigio estratégico perpetuo. El estatus, la seguridad y los proyectos de vida de millones de familias quedan así supeditados a la vigencia de medidas cautelares, amparos o resoluciones judiciales fragmentarias, normalizando una permanente inseguridad jurídica.
Por ello, cualquiera que sea la correlación de fuerzas políticas emanada de una jornada electoral, la experiencia demuestra que el endurecimiento punitivo y la securitización de la frontera fracasan sistemáticamente cuando pretenden ignorar las causas estructurales de la migración forzada. En conclusión, para el análisis legal crítico, la tarea no consiste en normalizar los vaivenes del péndulo electoral ni justificar retrocesos en estándares de derechos humanos en aras de un pragmatismo restrictivo. La función social del derecho radica en recordar que la dignidad de la persona y las garantías convencionales de protección no son concesiones graciosas de la coyuntura política, sino límites infranqueables al poder estatal. Mientras el sistema siga privilegiando la contención sobre el debido proceso, la frontera seguirá siendo no un espacio de legalidad, sino el reflejo de una profunda crisis de justicia.