Fabiola Navarro Luna[1]
I. Doble feminicidio en Los Altos de Chiapas
Las hermanas Rosa Valeria de 18 años y Deisy Guadalupe de 14 años, indígenas tzotziles, salieron de su casa en San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, el 14 de abril. Al no regresar, su mamá salió a buscarlas y pidió ayuda. Días después, la madrugada del 20 de abril, sus cuerpos sin vida fueron localizados en un camino de terracería en el municipio de San Juan Chamula, Chiapas. La Fiscalía General del Estado informó que fueron asesinadas en el lugar donde se encontraron los cuerpos, ya que los cuerpos presentaban disparos de arma de fuego y se localizaron los casquillos percutidos[2]. También apresuró públicamente la hipótesis de que uno de los dos feminicidios correspondía a un «crimen pasional» y señaló que las imágenes de cámaras de seguridad muestran a las jóvenes abordando un vehículo la noche del crimen, que pertenece a la esposa del presunto feminicida identificado como Vicente “N”.
El doble asesinato, el abandono de sus cuerpos y a la utilización del término «crimen pasional» —una figura decimonónica erradicada de la dogmática penal moderna— provocaron la inmediata indignación de diversas organizaciones feministas y de derechos humanos. Señalaron que nombrar la violencia bajo conceptos pasionales justifica al agresor, traslada la responsabilidad a las víctimas y reduce un problema estructural a un conflicto privado entre particulares, por lo que exigieron nombrar e investigar como <<feminicidio>> y no revictimizar a las hermanas y a su familia.
Los asesinatos de Rosa Valeria y Deysi Guadalupe se sumaron a las más de treinta muertes violentas de mujeres y niñas contabilizadas oficialmente en Chiapas en 2025.
II. La respuesta: la reforma de los cien años de prisión
Siete semanas después del hallazgo de los cuerpos de Rosa Valeria y Deisy Guadalupe, el Congreso del Estado aprobó reformas al Código Penal local para elevar las penas por el delito de feminicidio a un rango de 50 a 100 años de prisión[3].
Durante la sesión, las y los legisladores presentaron el dictamen como un avance «histórico» e infranqueable contra la impunidad. Sin embargo, la reforma asumió la premisa central del populismo penal: la ilusión de que la severidad penal ejerce por sí sola un efecto disuasivo sobre los agresores y que el incremento abstracto de las penas equivale a garantizar justicia a las víctimas.
En la práctica, este tipo de medidas legislativas funciona para evadir las deficiencias estructurales de policías y fiscalías. Por un lado, disimula la incapacidad del Estado para prevenir nuevos feminicidios; por el otro, elude las graves irregularidades que arrastran las investigaciones: desde la persistencia de estereotipos de género que revictimizan y «justifican» el crimen incluso antes de esclarecer los hechos, hasta el escrutinio indebido sobre la vida privada de las víctimas y la crónica escasez de personal pericial especializado, insumos y laboratorios indispensables para procesar la evidencia e integrar carpetas que resistan el análisis judicial.
III. Supuesto efecto disuasivo: otro doble feminicidio y un linchamiento
En abril de 2026, ya sumaban 13 feminicidios en Chiapas, cuando Beany Guadalupe Lozano García, una estudiante universitaria de 18 años, fue atacada a balazos dentro de un vehículo por José Manuel “N” en Tuxtla Chico. Tras recibir un disparo en la cabeza, Beany fue abandonada bajo llave dentro del automóvil en un camino de terracería, donde permaneció encerrada casi cinco horas antes de ser auxiliada. Tras once días en terapia intensiva falleció.
La respuesta ministerial en el caso de Beany volvió a exhibir la inercia institucional. Pese a la saña del ataque y el abandono de la víctima, la Fiscalía General del Estado abrió la carpeta de investigación únicamente por el delito de “lesiones”, omitiendo la tentativa de feminicidio. Fue la madre de la estudiante quien asumió las labores de investigación de campo, solicitando los videos de las cámaras de seguridad del C5 y localizando los domicilios del posible agresor ante la pasividad de los peritos. La tardanza de la fiscalía facilitó la huida de éste, obligando a las autoridades a emitir tiempo después una ficha de recompensa. El presunto feminicida fue capturado en agosto de 2026 en en un inmueble de Guasave, Sinaloa.
Entre enero y septiembre de este año, la Fiscalía de Chiapas registró 56 muertes violentas de mujeres en la entidad. En el mismo periodo se contabilizaron 50 feminicidios confirmados, alcanzando la cifra más alta registrada en los últimos seis años. Las muertes de estas mujeres y niñas demuestran que el incremento de las penas no intimida a los perpetradores cuando la probabilidad de ser investigados, procesados y sancionados sigue siendo mínima. La continuidad de la violencia en el territorio chiapaneco muestra la ineficacia del supuesto efecto inhibitorio del aumento de penas. La elevación a 100 años no detuvo ni los asesinatos ni la crueldad de los ataques.
En octubre de 2026, nuevamente ocurrió un doble feminicidio en Chiapas, está vez en el municipio rural de Ostuacán. Miriam Cruz Alpuche de 55 años y su nieta de 12 años desaparecieron el lunes 19 de octubre de 2026, después de salir de su casa a revisar y alimentar ganado. Al no regresar, familiares y vecinos iniciaron una búsqueda en caminos, potreros y zonas montañosas de la zona. Los cuerpos fueron localizados el 20 y 23 de octubre cerca de la misma comunidad.
La carpeta de investigación apunta a dos hombres. La investigación detalló que los hombres actuaron de manera conjunta: primero siguieron a las víctimas y después escaparon del lugar donde las mataron. El 24 de octubre, los presuntos responsables fueron capturados y trasladados a los separos de la presidencia municipal. Cerca de las 19:00 horas, una multitud irrumpió por la fuerza en el inmueble y los sacó. Uno murió durante el linchamiento, mientras que el otro fue rescatado con lesiones. La Fiscalía General del Estado anunció que solicitaría la pena máxima de 100 años de cárcel.
IV. Populismo penal
En junio de 2026 se cumplió un año de la entrada en vigor del decreto que fijó en 100 años la pena máxima de prisión para el delito de feminicidio en el estado de Chiapas. Lejos de inhibir la violencia, las cifras de agresiones contra las mujeres continuaron su escalada —alcanzando 56 muertes violentas entre enero y septiembre de ese mismo año—, lo que pone de manifiesto la ineficacia del punitivismo abstracto.
La doctrina dogmática penal y diversas investigaciones especializadas han señalado de forma reiterada que el incremento desmedido de los máximos cuantitativos en los códigos penales no disuade la conducta criminal. La premisa de que la escala penal de un delito aminora por sí sola un fenómeno social complejo es una simulación del sistema de justicia: los agresores no calculan la severidad de la sanción en la ley, sino la probabilidad real de ser investigados, procesados y castigados.
La revisión empírica de los expedientes demuestra que el nudo crítico de la impunidad no se ubica en el cuánto se castiga, sino en el cómo se investiga. Antes de discutir la cuantía de los años de cárcel, la interrogante fundamental es la debida diligencia en la investigación científica (profundidad, oportunidad, información confiable) y la eliminación de los prejuicios de género en los operadores del sistema. De manera que el número de años estipulado en el catálogo de penas es el último de los elementos relevantes si la investigación ministerial es deficiente.
Esta inercia resulta especialmente reveladora al examinar la evolución normativa local. Chiapas incorporó el tipo penal autónomo de feminicidio a su código penal en 2012, como parte de la primera ola de reformas subnacionales impulsadas tras la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Campo Algodonero (2009) y la subsecuente tipificación federal. Sin embargo, la sola existencia de la norma no corrigió las omisiones de los ministerios públicos ni la falta de perspectiva de género en las investigaciones.
El caso de Karla Yesenia Gómez Velasco ilustra lo anterior con nitidez. Karla Yesenia tenía 21 años y cursaba la licenciatura en Derecho cuando fue asesinada en Tuxtla Gutiérrez en julio de 2018. Inicialmente, la Fiscalía General del Estado catalogó el crimen como homicidio simple, dictando una condena de apenas 8 años para el agresor. Se requirieron ocho años de litigio ininterrumpido y una persistente exigencia por parte de sus padres para que la sentencia se elevara a 12, posteriormente a 45 y finalmente a 65 años de prisión tras ser resuelta por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Este largo itinerario evidencia un severo costo económico y emocional para la familia, confirmando que los estándares de investigación y las penas severas proclamadas en el discurso oficial no se aplican de manera ni lógica ni ordinaria.
De ahí que, el populismo penal termina por trasladar la carga de la procuración de justicia a las familias de las víctimas. Mientras las y los legisladores se ufanan de aprobar penas drásticas en el papel, las familias en luto deben asumir la labor de peritos e investigadores para evitar que los feminicidios sean degradados a homicidios simples o accidentes, o bien, no se investiguen y queden impunes.
V. Efecto disuasivo: discurso y realidad
El 6 de noviembre de 2026 venció el plazo perentorio que el propio Congreso de la Unión se fijó para expedir la Ley General en Materia de Feminicidio[4]. Cumplida la fecha, no existe ley promulgada ni consecuencia jurídica alguna para el Poder Legislativo ante su incumplimiento. Con esta omisión, el Estado mexicano incurre nuevamente en un incumplimiento institucional: la inoperancia y la dilación no son fallas exclusivas de los ministerios públicos o fiscalías locales, sino una conducta transversal que alcanza a las tribunas parlamentarias, acostumbradas a la indignación discursiva y a la promesa sin sanción.
Resulta indispensable desmantelar la ilusión normativa: la sola promulgación de una Ley General no transformará por sí misma la realidad en el terreno. Un texto legal no mejora de forma inmediata la infraestructura deficiente, no dota de insumos a los laboratorios periciales ni renueva de la noche a la mañana al personal ministerial. En el corto plazo, las instituciones y los operadores seguirán siendo los mismos. Sin embargo, la ley sí representa un punto de partida insustituible para fijar una ruta presupuestal obligatoria y articular de manera ordenada los esfuerzos del Estado en la investigación, judicialización y sanción del delito.
Homologar tipos penales y criterios procesales a nivel nacional constituye apenas la primera fase del proceso. El avance sustancial radica en equipar financiera y tecnológicamente a las corporaciones y capacitar con rigor a fiscalías, policías y juzgadores bajo el principio de perspectiva de género.
Por ello, la aprobación de este marco general debe significar también el fin definitivo de la propaganda punitiva —que no es más que propaganda política— y el abandono de la simulación que pretende hacer creer que sumar años de prisión en el papel imparte justicia o frena la violencia. La respuesta eficaz a la impunidad exige que el Estado asuma la carga de la prueba científica, forme a sus agentes y garantice a las familias el derecho a una justicia pronta, expedita y humana. Porque la justicia que tarda años o décadas en llegar, sencillamente no es justicia constitucional.
[1] Es Doctora en Derecho, consultora, estudiosa del sistema de justicia, host de El sistema podcast.
[2] La silla rota, Detienen al presunto feminicida de hermanas en San Juan Chamula, 21 abril 2025. Consulta digital.
[3] 11 de junio de 2025
[4] En mayo de 2026 se reformó el artículo 73 constitucional para facultar al Congreso de la Unión a expedir una Ley General en Materia de Feminicidio que unifique el tipo penal, las sanciones y las reglas de investigación en todo el país, fijando un plazo obligatorio de 180 días naturales para su expedición.