Raymundo Manuel Salcedo Flores
Resumen
El presente artículo sostiene que la práctica judicial de negar el embargo en la etapa de ejecución de sentencia de un juicio ejecutivo mercantil —con el argumento de que primero debe concluirse el incidente de liquidación— carece de fundamento en el Código de Comercio. El análisis textual de los artículos 1347, 1348 y 1392 de ese ordenamiento demuestra que ninguno de ellos establece la liquidez de la condena como condición previa al embargo; y la lectura sistemática de los tres preceptos confirma que el legislador federal adoptó un modelo de ejecución concurrente, no sucesivo. El contraste con el artículo 695 del Código Procesal Civil del Estado de Morelos —que sí condiciona la ejecución a la liquidez desde su propio título— revela que la omisión en el Código de Comercio es deliberada. Se concluye, además, que la negativa del embargo vulnera el derecho fundamental a la plena ejecución de resoluciones judiciales consagrado en el artículo 17 constitucional y en los artículos 8.1 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y que esa negativa no supera el test de proporcionalidad en ninguno de sus cuatro pasos.
Palabras clave: embargo, ejecución de sentencias, iliquidez, Código de Comercio, juicio ejecutivo mercantil, test de proporcionalidad, acceso a la justicia.
I. Introducción
En la práctica del litigio mercantil, en los casos excepcionales en los que el demandado obtiene sentencia favorable en un juicio ejecutivo mercantil, este se enfrenta a una paradoja que el Código de Comercio no prevé pero que algunos órganos jurisdiccionales imponen: la negativa de proveer el embargo solicitado en la etapa de ejecución de sentencia, con el argumento de que primero debe concluir el incidente de regulación de costas. Esta práctica convierte la ejecutoria en un instrumento nominalmente efectivo, pero materialmente ineficaz durante el tiempo —a veces prolongado— que tarda en resolverse la incidencia de liquidación y en agotarse los recursos ordinarios que proceden en su contra.
El presente artículo sostiene que esa práctica carece de fundamento en el Código de Comercio. Ninguno de los preceptos que rigen la ejecución de sentencias mercantiles —artículos 1347, 1348 y 1392— establece la liquidez de la condena como condición previa al embargo; y la lectura sistemática de esos tres artículos confirma, antes que contradecir, que el legislador federal optó por un modelo de ejecución concurrente en el que el embargo y la liquidación se tramitan de manera simultánea. Lejos de ser una cuestión menor de técnica procesal, la negativa del embargo compromete el derecho fundamental a la plena ejecución de resoluciones judiciales, reconocido en el artículo 17 constitucional y en los artículos 8.1 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y no supera el test de proporcionalidad que el sistema constitucional mexicano exige para toda restricción a derechos fundamentales.
La importancia práctica del problema no es menor. Cuando un tribunal niega el embargo en la etapa ejecutiva bajo el argumento de la falta de liquidez, el deudor —condenado por una sentencia firme— dispone de un período de relativa inmunidad patrimonial durante el cual puede transferir bienes a terceros o tomar otras medidas que hagan ineficaz la ejecución futura. El acreedor, en cambio, queda desprovisto de la única herramienta cautelar disponible en esa etapa procesal. La ejecutoria, pese a ser el título más robusto que reconoce el ordenamiento mercantil, se convierte en papel durante el período de mayor vulnerabilidad patrimonial para el acreedor.
El presente trabajo se organiza en nueve apartados. Tras esta introducción, se describe el problema en su dimensión práctica; se analiza el texto de cada uno de los tres artículos relevantes; se propone su interpretación sistemática; se contrasta el marco federal con la legislación procesal civil local; se examinan los derechos fundamentales comprometidos; se aplica el test de proporcionalidad a la negativa del embargo; se revisan los criterios jurisprudenciales pertinentes; y se cierra con las conclusiones.
II. El problema: El embargo como condición de la ejecución efectiva
La sentencia ejecutoriada es, por definición, el título más sólido que puede ostentar un acreedor: ha superado el contradictorio, ha quedado firme, y la ley le reconoce expresamente la fuerza ejecutiva que el artículo 1391 fracción I del Código de Comercio atribuye a las sentencias ejecutoriadas, inclusive, de conformidad con el artículo 1397 del mismo ordenamiento, en contra de una sentencia no se admite más excepción que la de pago, e incluso las otras excepciones que se pueden oponer después de cierta temporalidad deben constar en instrumento público y reconocidas por el acreedor. Sin embargo, cuando la condena se expresa en términos que requieren una operación aritmética para determinarse —intereses variables, prestaciones accesorias cuantificadas por el juzgador, montos en especie—, el acreedor debe promover simultáneamente su ejecución y el incidente de liquidación que prevé el artículo 1348 del mismo ordenamiento.
En ese escenario, una interpretación extendida —aunque, como se argumenta en este trabajo, equivocada— sostiene que el embargo que el artículo 1347 Código de Comercio impone como medida inmediata de la ejecución no puede practicarse hasta que el incidente de liquidación haya concluido y la cantidad debida haya quedado determinada con precisión. Las consecuencias prácticas de esta interpretación son severas: el deudor puede disponer de sus activos durante el tiempo que dura el incidente (semanas o meses en el mejor escenario, años si los recursos son agotados); el acreedor queda privado de la única cautela procesal disponible en la etapa de ejecución; y la ejecutoria, pese a su fuerza legal, resulta ineficaz durante el período de mayor vulnerabilidad patrimonial del acreedor.
El problema adquiere dimensión constitucional cuando se advierte que la interpretación secuencial no sólo carece de apoyo textual en el Código de Comercio, sino que además produce consecuencias que el propio sistema jurídico busca prevenir: la dilación en la ejecución de sentencias, la indefensión del acreedor frente a maniobras dilatorias del deudor, y la erosión de la confianza en la eficacia de las resoluciones jurisdiccionales. Una sentencia que no puede ejecutarse —o cuya ejecución puede postergarse indefinidamente mediante el agotamiento de incidencias procesales— no es, en sentido material, una sentencia.
III. Análisis textual de los artículos 1347, 1348 y 1392 del código de comercio
A. Artículo 1347: imperatividad del embargo
El artículo 1347 del Código de Comercio establece el embargo como consecuencia inmediata y necesaria de la ejecución promovida. El precepto no condiciona el embargo a la existencia de una cantidad líquida; emplea un lenguaje imperativo que ordena al órgano jurisdiccional proceder al aseguramiento de bienes del ejecutado. La ausencia de cualquier referencia a la “liquidez” o “cantidad líquida” en el texto del artículo es el primer y más elocuente dato normativo: donde la ley no distingue, el intérprete no debe distinguir.
La máxima ubi lex non distinguit, nec nos distinguere debemus es especialmente aplicable en el contexto del artículo 14 constitucional, párrafo último, que en materia civil —y, por extensión, en materia mercantil— exige que las resoluciones judiciales se ajusten a la letra de la ley, o a su interpretación jurídica, y sólo en defecto de ambas a los principios generales del derecho. Cuando la ley no establece un requisito, el juzgador no puede crearlo por vía interpretativa; hacerlo equivale a legislar desde la sede judicial, con violación del principio de legalidad que rige el sistema jurídico mexicano.
B. Artículo 1348: “al promover la ejecución” como detonante simultáneo
El artículo 1348 del Código de Comercio regula el procedimiento aplicable cuando la sentencia que se ejecuta condena al pago de prestaciones no determinadas en su monto exacto. Su texto es categórico en cuanto al momento en que debe promoverse el incidente de liquidación: “al promover la ejecución.” Esta locución adverbial expresa contemporaneidad, no prelación. El legislador no dijo “antes de promover la ejecución,” ni “una vez concluida la liquidación,” ni “con posterioridad al incidente.” Dijo “al promover” —es decir, en el mismo acto, simultáneamente.
La elección de esa expresión no es un descuido en la redacción del legislador, sino la única lectura que armoniza el artículo 1348 con el artículo 1347: si el legislador hubiera querido establecer una secuencia —primero la liquidación, luego el embargo—, habría empleado una locución secuencial. Al emplear una locución simultánea, estableció un modelo en el que ambas actuaciones coexisten y se tramitan en paralelo. La interpretación contraria haría la locución “al promover la ejecución” superflua, pues si la liquidación debe preceder al embargo, la temporalidad del incidente sería irrelevante; bastaría con que concluyera antes de que el embargo se trabara.
C. Artículo 1392: el auto de ejecución y la ausencia del requisito de liquidez
El artículo 1392 del Código de Comercio regula el auto mediante el cual el juez da apertura al estadio de ejecución cuando el acreedor le presenta un título ejecutivo de los enumerados en el artículo 1391. Ese auto ordena, como medida inmediata, el embargo de bienes del deudor suficientes para cubrir las prestaciones reclamadas, siempre que no haya bienes embargados. El precepto no contiene las palabras “cantidad líquida,” “liquidez” ni expresión equivalente. Tampoco remite al artículo 1348 como condición previa al embargo.
Al respecto, la única condicionante para proceder al embargo consiste en que no existan bienes embargados, no así la falta de liquidez de la condena.
IV. Interpretación sistemática: un modelo concurrente, no sucesivo
La interpretación textual de cada precepto conduce invariablemente a la misma conclusión. La interpretación sistemática —que atiende al conjunto de los tres artículos y a su función dentro del Código— la confirma y refuerza.
Los artículos 1347, 1348 y 1392 del Código de Comercio operan como un sistema integrado de ejecución que puede describirse así: cuando el acreedor presenta la ejecutoria ante el juzgado y promueve su ejecución (Artículo. 1391 fracción I), el auto respectivo ordena el embargo de bienes del ejecutado en cantidad suficiente para cubrir capital, intereses y costas (Artículo 1392). Simultáneamente —”al promover la ejecución”— si la condena no está determinada en monto exacto, el acreedor promueve el incidente de liquidación (Artículo 1348). El embargo procede sobre los bienes del deudor conforme a las reglas generales (Artículo 1347).
Ningún eslabón de esa cadena requiere que el anterior esté concluido. El sistema no es secuencial —no exige esperar a que el incidente resuelva para entonces proceder al embargo—; es concurrente. El embargo asegura el patrimonio del deudor mientras la liquidación determina el monto exacto. La lógica es cautelar: el tiempo que tarda en concluirse el incidente de liquidación es exactamente el tiempo durante el cual el patrimonio del deudor está más expuesto a ser disipado; privar al acreedor del embargo durante ese período equivale a negar la cautela precisamente cuando es más necesaria.
La interpretación secuencial invierte esa lógica de manera radical: si no hay embargo hasta que la liquidación concluya, el embargo pierde su función aseguradora y se convierte en un trámite simbólico que opera sobre un patrimonio que el deudor ya tuvo oportunidad de dispersar. Una cautela que se otorga cuando el riesgo que pretende conjurar ya se ha materializado no es, en sentido funcional, una cautela.
La coherencia sistemática del Código refuerza esta lectura. El legislador federal previó que las sentencias de condena ilíquida son un supuesto ordinario en el tráfico jurídico-mercantil —basta pensar en condenas que incluyen intereses pactados a tasa variable— y diseñó el artículo 1348 precisamente para ese supuesto. Que ese diseño sea concurrente con el embargo, y no previo a él, es una elección que el texto del precepto expresa con claridad. Interpretarlo de manera contraria requiere ignorar la letra de la ley, lo que el artículo 14 constitucional expresamente prohíbe en materia civil.
V. El argumento del derecho comparado: contraste con el código procesal civil de Morelos
El contraste con la legislación procesal civil local —inaplicable supletoriamente al Código de Comercio en este punto, como se explica enseguida, pero ilustrativa del alcance de la elección legislativa federal— es especialmente elocuente.
El artículo 695 del Código Procesal Civil del Estado de Morelos, en su propio título, delimita su ámbito de aplicación con una precisión que no admite equívoco: “Ejecución de sentencias que ordenen el pago de cantidades líquidas.” El legislador local hizo explícita, desde el encabezado del precepto, la condición de liquidez como presupuesto de la norma. El artículo 695 fracción I del mismo código confirma esa lectura al disponer que “la ejecución se iniciará con embargo de bienes del ejecutado.” El supuesto de la norma —cantidades líquidas— está construido desde la intitulación misma del precepto.
La comparación con los artículos 1347, 1348 y 1392 del Código de Comercio es reveladora precisamente por contraste: el legislador federal no incluyó en ninguno de esos preceptos referencia alguna a “cantidades líquidas.” Esa omisión no es accidental. El Código de Comercio es un ordenamiento técnicamente elaborado, que regula con detalle las modalidades de los juicios mercantiles y distingue con precisión entre supuestos normativos. Cuando el legislador quiere condicionar la ejecución a la liquidez de la condena, lo dice —como lo hizo el legislador morelense en el artículo 695 del Código Procesal Civil del Estado de Morelos—. Cuando el legislador federal optó por no incluir ese condicionamiento en los artículos 1347, 1348 y 1392, esa omisión deliberada debe interpretarse como una decisión de política legislativa: el Código de Comercio no condiciona el embargo a la liquidez porque su modelo de ejecución es concurrente.
La inaplicabilidad supletoria del Código Procesal Civil local es un corolario necesario de lo anterior. La sujeción supletoria requiere, como presupuesto, que el Código de Comercio contenga una laguna —es decir, que no regule el supuesto de que se trate. Pero los artículos 1347, 1348 y 1392 regulan expresamente la ejecución de sentencias mercantiles, incluyendo las de condena ilíquida (Artículo 1348). No hay laguna que colmar; el sistema mercantil es autosuficiente en esta materia. Pretender aplicar supletoriamente el artículo 695 del Código Procesal Civil para el Estado de Morelos—con su condición de liquidez— equivaldría a suplantar la regulación federal expresa, no a integrarla.
VI. Los derechos fundamentales comprometidos
A. El artículo 17 constitucional y la plena ejecución de resoluciones judiciales
El artículo 17 constitucional, en su párrafo séptimo, establece que las leyes federales y locales establecerán los medios necesarios para garantizar “la plena ejecución” de las resoluciones judiciales. La expresión “plena ejecución” no admite interpretaciones reduccionistas. Es una obligación constitucional —no una opción— garantizar que las resoluciones jurisdiccionales se cumplan de manera efectiva y completa. La ejecución que el artículo 17 exige no es una ejecución diferida, parcial o condicionada a la conclusión de incidencias procesales previas que el Código de Comercio no establece.
La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido, en la jurisprudencia 1a./J. 28/2023 (11a. época)[1], que el derecho de acceso a la justicia en su vertiente de ejecución material exige que el Estado adopte las medidas necesarias para hacer efectivo el cumplimiento de las resoluciones judiciales, y que toda restricción a ese derecho debe encontrar fundamento en la ley, perseguir un fin constitucionalmente válido, ser idónea para lograr ese fin, necesaria y proporcional en sentido estricto. La negativa del embargo en la etapa ejecutiva sin respaldo en el texto del Código de Comercio no cumple ninguna de esas condiciones.
B. La Convención Americana sobre Derechos Humanos
El artículo 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos garantiza el derecho a ser oído por un tribunal competente en la sustanciación de los derechos civiles del justiciable. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha extendido ese derecho a la fase de ejecución: una resolución judicial que no puede ejecutarse efectivamente no satisface la garantía del artículo 8.1. En el caso Mejía Idrovo vs. Ecuador, la Corte IDH estableció que el Estado viola el artículo 8.1 cuando obstaculiza o demora la ejecución de resoluciones judiciales firmes. En el caso Buendía y Otros vs. Perú, la CIDH reiteró que la efectividad del acceso a la justicia requiere que las resoluciones sean materialmente cumplidas.
El artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que garantiza el derecho a un recurso judicial efectivo, también resulta comprometido cuando la herramienta procesal de aseguramiento patrimonial —el embargo— es negada sin fundamento legal. Un recurso judicial efectivo no es aquél que resuelve en papel; es aquél que produce consecuencias reales en el mundo jurídico-patrimonial. La ejecutoria que no puede asegurar su objeto mediante el embargo no es un recurso efectivo en los términos exigidos por el artículo 25 de la Convención.
El bloque de constitucionalidad mexicano —integrado por los derechos fundamentales de fuente constitucional y convencional, en términos del artículo 1o. constitucional— impone a todos los órganos del Estado la obligación de garantizar el respeto a esos derechos, interpretar las normas ordinarias de conformidad con ellos, y abstenerse de aplicar interpretaciones que los restrinjan sin justificación suficiente. La interpretación secuencial de los artículos 1347, 1348 y 1392 del Código de Comercio no sólo carece de fundamento en el texto de esos preceptos, sino que además genera una restricción a derechos fundamentales que el bloque de constitucionalidad no tolera.
VII. El test de proporcionalidad
A. La negativa del embargo como medida bajo escrutinio
La doctrina constitucional mexicana, siguiendo los desarrollos del Tribunal Constitucional Federal de Alemania y recogida en numerosos criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, exige que toda restricción a un derecho fundamental supere el test de proporcionalidad en sus cuatro pasos: (1) fin constitucionalmente válido, (2) idoneidad, (3) necesidad, y (4) proporcionalidad en sentido estricto. La negativa del embargo —entendida como la restricción al derecho de acceso a la justicia en su vertiente ejecutiva que impone la interpretación secuencial de los artículos 1347, 1348 y 1392 del Código de Comercio— debe someterse a ese escrutinio.
Para aplicar el test correctamente, es necesario identificar con precisión la medida bajo escrutinio. La medida no es el embargo en sí —que es una herramienta de ejecución legalmente prevista—, sino la negativa del embargo; es decir, la restricción al derecho del acreedor a obtener el aseguramiento patrimonial que el Código de Comercio contempla como consecuencia inmediata de la promoción de la ejecución. Es esa negativa la que debe justificarse constitucionalmente.
B. Fin constitucionalmente válido
El primer paso del test consiste en identificar si la medida persigue un fin que el sistema constitucional reconoce como legítimo. La interpretación secuencial busca proteger la certeza jurídica y el debido proceso del deudor: si el monto adeudado no está determinado con precisión, ¿sobre qué cantidad se traba el embargo? ¿Podría el deudor sufrir un embargo excesivo? Estos son fines legítimos. El debido proceso del deudor y la certeza jurídica son valores constitucionales reconocidos en los artículos 14 y 16 de la Constitución. El primer paso del test se supera.
C. Idoneidad
La idoneidad exige que la medida sea apta para lograr el fin que persigue; es decir, que exista una relación causal entre la negativa del embargo y la protección del deudor. Sin embargo, la negativa del embargo no es idónea para ese fin porque el Código de Comercio ya prevé un mecanismo que protege al deudor frente a un embargo excesivo o inapropiado sin necesidad de suprimir el embargo: los artículos 1393 y 1394 del Código de Comercio otorgan al deudor el derecho a sustituir el embargo por otro bien de valor suficiente o a garantizar el adeudo mediante fianza u otro instrumento adecuado. Estos mecanismos permiten al deudor evitar un embargo que considere inadecuado sin suprimir la cautela del acreedor.
Adicionalmente, el incidente de liquidación tramitado simultáneamente con el embargo provee una determinación del monto que, una vez concluida la incidencia, permite ajustar el embargo si fuera necesario. La negativa del embargo no añade protección al deudor que no esté ya cubierta por el Código; sólo priva al acreedor de la única cautela disponible. La medida no supera el escrutinio de idoneidad.
D. Necesidad
El requisito de necesidad exige que, entre las medidas igualmente efectivas para lograr el fin perseguido, se adopte la menos restrictiva para el derecho fundamental en cuestión. La alternativa menos lesiva para el acreedor ya existe en el propio Código de Comercio: el embargo simultáneo a la liquidación, con los mecanismos de sustitución disponibles para el deudor (Artículos. 1393 y 1394 del Código de Comercio). Esta alternativa logra el fin —protección del deudor contra embargos indebidos— con un costo significativamente menor para el derecho del acreedor a la plena ejecución de la sentencia.
La negativa del embargo, en cambio, es la medida más restrictiva posible: suprime por completo la cautela del acreedor durante todo el período que dura el incidente de liquidación y sus recursos. No es la medida necesaria; es la medida máxima. El test de necesidad no se supera.
E. Proporcionalidad en sentido estricto
El último paso del test exige ponderar los derechos en conflicto y determinar si el beneficio que la medida reporta al fin perseguido justifica el sacrificio que impone al derecho restringido.
Del lado del deudor: su interés en que el monto adeudado quede determinado antes de que el embargo sea trabado es un interés procesal que el propio Código ya tutela mediante el incidente simultáneo y los mecanismos de sustitución. No es un interés que carezca de protección en el sistema; al contrario, está protegido de manera eficaz sin necesidad de suprimir el embargo.
Del lado del acreedor: su interés en obtener el aseguramiento patrimonial de una deuda reconocida por una sentencia definitiva ejecutoriada es un interés sustantivo de primer orden. La ejecutoria es, por definición, una verdad jurídica incontrovertible: ha superado el contradictorio, ha quedado firme, y el ordenamiento le reconoce explícitamente la fuerza ejecutiva. Negar el embargo sobre la base de que el monto exacto no está aún determinado sacrifica un interés sustantivo —la cautela de una deuda judicialmente reconocida— para proteger un interés procesal —la certeza del monto— que ya tiene tutela en el sistema.
La desproporción se hace patente con una comparación a fortiori que el propio Código sugiere: el artículo 1391 del Código de Comercio enumera como títulos ejecutivos, entre otros, los pagarés (fracción IV). Un pagaré es un documento cuya firma puede ser falsificada, cuyos términos pueden ser viciados, y cuya eficacia ejecutiva puede ser destruida por una excepción procesal. El Código permite trabar embargo sobre la base de ese título cuestionable. Con mayor razón —a fortiori— debe permitir el embargo sobre la base de una sentencia ejecutoriada, que es jurídicamente incontrovertible. Si el sistema tolera el embargo frente a una verdad cuestionable, resulta manifiestamente desproporcionado negar el embargo frente a una verdad incontrovertida.
La negativa del embargo no supera la proporcionalidad en sentido estricto. La medida sacrifica un interés sustantivo de mayor peso —la cautela efectiva del acreedor— para proteger un interés procesal de menor peso —la determinación previa del monto— que ya está tutelado por otros mecanismos del Código. La ponderación no favorece la medida restrictiva.
VIII. Criterios jurisprudenciales relevantes
La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció, en la jurisprudencia 1a./J. 90/2011 (9a. época), registro digital 160866, que el auto que niega el embargo en el estadio de ejecución de sentencia de un juicio ejecutivo mercantil constituye un acto dictado dentro del juicio con efectos sobre la ejecución de la sentencia definitiva, atacable mediante amparo indirecto en términos del artículo 107 fracción IV de la Ley de Amparo. Esta tesis es relevante no sólo por su alcance procesal —que legitima la vía constitucional para impugnar la negativa del embargo—, sino porque su ratio decidendi reconoce implícitamente que esa negativa puede constituir una vulneración de derechos susceptible de reparación constitucional. La Primera Sala identificó en el auto negatorio del embargo un acto con autonomía propia que afecta directamente los derechos del acreedor: esa caracterización presupone que el embargo es un derecho procesal del que el acreedor no puede ser privado sin causa legal suficiente.
La otrora Tercera Sala de la Suprema Corte (tesis 241353, 7a. época) estableció que sólo las sentencias definitivas ejecutoriadas traen aparejada ejecución; las resoluciones interlocutorias dictadas en los incidentes de la etapa ejecutiva no tienen esa fuerza. Esta tesis es relevante para identificar con precisión el título que funda el embargo en el caso analizado: la sentencia definitiva ejecutoriada, y no la resolución dictada en la tramitación del incidente de liquidación. El acreedor no promueve la ejecución del incidente; promueve la ejecución de la ejecutoria. El incidente es un mecanismo auxiliar de cuantificación, no el título ejecutivo principal.
La jurisprudencia 1a./J. 28/2023 (11a. época), registro digital 2026051, en materia de acceso a la justicia en su vertiente de ejecución material, consolida la obligación del Estado de adoptar las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento efectivo de las resoluciones jurisdiccionales. Esta tesis opera como marco interpretativo para los artículos del Código de Comercio: en caso de duda entre una interpretación que facilita la ejecución y una que la dificulta, el artículo 1o. constitucional —en su mandato de interpretación pro persona— y la jurisprudencia de la Primera Sala obligan a preferir la primera.
IX. Conclusiones
Primera. Los artículos 1347, 1348 y 1392 del Código de Comercio no establecen la liquidez de la condena como requisito previo al embargo en la etapa de ejecución de sentencia de un juicio ejecutivo mercantil. Ninguno de esos preceptos contiene esa condición en su texto, y el intérprete no puede imponer requisitos que el legislador deliberadamente no previó.
Segunda. La interpretación sistemática de los tres preceptos confirma que el Código de Comercio adoptó un modelo de ejecución concurrente: el embargo y el incidente de liquidación se tramitan simultáneamente. La locución “al promover la ejecución” del artículo 1348 es una expresión de contemporaneidad, no de prelación; interpretarla como requisito previo equivale a ignorar su contenido textual.
Tercera. El contraste con el artículo 695 del Código Procesal Civil de Morelos —que condiciona explícitamente la ejecución al pago de “cantidades líquidas” desde su propio intitulado— demuestra que cuando el legislador quiere establecer ese condicionamiento, lo hace expresamente. La omisión en el Código de Comercio es deliberada y no puede ser suplida por vía interpretativa.
Cuarta. La negativa del embargo en estas circunstancias vulnera el derecho fundamental a la plena ejecución de resoluciones judiciales reconocido en el artículo 17 constitucional, y los derechos convencionales previstos en los artículos 8.1 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido reiteradamente que la efectividad del acceso a la justicia exige la ejecución material de las resoluciones jurisdiccionales.
Quinta. La negativa del embargo no supera el test de proporcionalidad en sus pasos de idoneidad, necesidad y proporcionalidad en sentido estricto. El Código de Comercio ya prevé mecanismos que protegen al deudor frente a embargos indebidos —sustitución y garantía— sin necesidad de suprimir la cautela del acreedor. La negativa no es la medida necesaria; es la más restrictiva posible. Y la ponderación de intereses favorece la cautela del acreedor, titular de una verdad jurídica incontrovertible, sobre la certeza del monto, que ya tiene protección suficiente en el propio Código.
Sexta. La interpretación correcta —embargo y liquidación simultáneos— es la única que armoniza la letra del Código de Comercio, su interpretación sistemática, los derechos fundamentales involucrados, el test de proporcionalidad constitucional y la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Las resoluciones que adopten la interpretación contraria son susceptibles de ser impugnadas mediante el juicio de amparo indirecto en términos de la jurisprudencia 1a./J. 90/2011 (9a. época).
REFERENCIAS
Normativas
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Código de Comercio (México). Artículos 1347, 1348, 1391, 1392, 1393 y 1394.
Código Procesal Civil del Estado de Morelos. Artículo 695.
Convención Americana sobre Derechos Humanos. Artículos 8.1, 21 y 25.
Ley de Amparo (México). Artículo 107 fracción IV.
Jurisprudencia nacional
Suprema Corte de Justicia de la Nación, Primera Sala. Jurisprudencia 1a./J. 90/2011 (9a. época), registro digital 160866. Amparo indirecto. Procedencia contra auto que niega embargo en ejecución de sentencia en juicio ejecutivo mercantil.
Suprema Corte de Justicia de la Nación, Primera Sala. Jurisprudencia 1a./J. 28/2023 (11a. época), registro digital 2026051. Derecho de acceso a la justicia, vertiente de ejecución material.
Suprema Corte de Justicia de la Nación, Tercera Sala. Tesis 241353 (7a. época). Sentencias definitivas ejecutoriadas. Sólo ellas traen aparejada ejecución.
Suprema Corte de Justicia de la Nación, Primera Sala. Jurisprudencia 1a./J. 2/2012 (10a. época). Test de proporcionalidad. Pasos y aplicación.
Jurisprudencia interamericana
Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Mejía Idrovo vs. Ecuador. Sentencia de 5 de julio de 2011 (excepciones preliminares, fondo, reparaciones y costas). Párrafos 105 y 106.
Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Buendía y Otros vs. Perú. Párrafos 40 y 72.
[1] Visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, correspondiente a la undécima época, libro 23, marzo de 2023, tomo II, página 1855, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro digital 2026051, de rubro: DERECHO DE ACCESO A LA JUSTICIA. CONTENIDO, ETAPAS Y ALCANCE DE SU VERTIENTE DE EJECUCIÓN MATERIAL DE LAS SENTENCIAS.