Alejandra Cuevas Ramírez
Iris del Carmen Cruz De Jesús
- Introducción
Es curioso que, como mexicanos, seamos reconocidos por nuestra particular manera de relacionarnos con la muerte. La personificamos, la adornamos, la hacemos motivo de encuentro y celebración. Sin embargo, que una sociedad sea capaz de celebrar la muerte no significa que esté preparada para hablar de ella, porque cuando la conversación deja de ser quienes ya murieron y empieza a ser cómo queremos morir, el silencio aparece.
Hemos aprendido a convivir simbólicamente con la muerte, pero todavía nos cuesta reconocer que también deberíamos poder hablar de ella desde la autonomía y las decisiones que acompañan el final de la vida.
Hablar de la posibilidad de decidir cómo y cuándo morir, nos coloca frente a una de las discusiones más complejas del derecho: ¿hasta donde llega la protección del Estado respecto a proteger la vida y en qué momento esa protección puede entrar en tensión con la dignidad, la autonomía y la libertad de conciencia? En México, mientas se reconocen figuras como la voluntad anticipada y cuidados paliativos, la eutanasia y el suicidio asistido continuan prohibidos.
En este escenario, el presente texto busca examinar los alcances del “derecho a irse”, su reconocimiento en otras experiencias jurídicas y los derechos que entran en juego.
- Concepto y alcance del “derecho a irse”
Hablar de decidir cómo morir no significa hablar de querer morir porque sí. La discusión de la muerte digna nació en otro lugar, en el de quienes viven un sufrimiento que la medicina no puede aliviar a causa de una enfermedad —que la autonomía llegue más lejos que esos casos es una conversación distinta, y también merece su espacio, aunque no es la que ocupa este texto—.
Desde ahí, conviene distinguir dos términos que suelen confundirse. El suicidio médicamente asistido, es una modalidad en la que un profesional de la salud, proporciona directamente fármacos o dosis letales a la persona que los toma por sí misma y decide terminar con su vida sin dolor. Mientras que, en la eutanasia, el profesional de la salud es quien administra el fármaco letal para causar de igual forma, una muerte sin dolor. La diferencia está en quien ejecuta el acto final, y de ahí depende en buena medida qué países permiten una modalidad, la otra o ambas.
Sin embargo, definir estas modalidades no es lo mismo que acceder a ellas. Para que dejen de ser una idea y se convierta en una opción real, es necesario un “contexto eutanásico”[1], que descansa en tres cuestiones. Primero, que el país reconozca la práctica y cuente con un protocolo que defina las condiciones para llevarle a cabo. Segundo, que la persona cumpla con los requisitos y, cumpliéndolos elija este camino de manera autónoma, voluntaria y reiterada. Tercero, que las instituciones de salud garanticen personal informado, calificado y no objetor.
Hoy, 13 países del mundo cuentan con alguna modalidad de “asistencia médica para morir” llámese suicidio asistido, suicidio médicamente asistido o eutanasia[2] y cada uno lo regula a su manera. Unos piden que exista un sufrimiento intolerable causado por una enfermedad sin cura, otros una enfermedad terminal. Casi todos exigen la mayoría de edad y varios ponen la decisión en manos de un comité. Algunos piden que la muerte esté cerca y otros no fijan ningún plazo. Así, cada sociedad traza a su manera la línea de lo posible, y en esa línea se refleja cómo se mira a la muerte.
- Panorama mexicano
En México, aunque se reconoce la voluntad anticipada y los cuidados paliativos, la Ley General de Salud[3] vigente, prohibe expresamente la eutanasia y el suicidio asistido, de conformidad con el Código Penal Federal.
Antes de abordar la prohibición, cabe precisar que, aunque exista el reconocimiento de los cuidados paliativos, esto no significa que su acceso esté garantizado en la práctica. De acuerdo con el estudio presentado por el Colegio Nacional en 2026, al menos 2% de las personas con enfermedades avanzadas y menos de 10% de las personas que se encuentran en fase terminal reciben este tipo de atención. A ello se le suma, las desigualdades geográficas, la falta de personal especializado y las dificultades de acceder a los medicamentos para el control del dolor[4]. Este panorama obliga a incorporar una dimensión adicional a la discusión, ¿realmente se cuenta con las condiciones para vivir el proceso de una enfermedad con dignidad?
Retomando el tema de la prohibición, esta discusión ya tiene dos décadas sobre la mesa. De acuerdo con el colectivo “Libertad para Morir”, desde 2002 se han presentado alrededor de 45 iniciativas legislativas sobre asistencia médica para morir en el Congreso de la Unión[5], además de propuestas en congresos locales como los de Jalisco, Puebla y Estado de México. El impulso más reciente fue en 2025, cuando la activista Samara Martínez, presentó al Senado de la República la iniciativa de la “Ley Trasciende”. La propuesta es reformar la Ley General de Salud para regular la muerte médicamente asistida y reconocer el derecho a la muerte digna[6]. Hasta hoy, ninguna de estas propuestas ha sido aprobada.
Mientras los Congresos no resuelven, la discusión avanza por otra vía, la del poder judicial. Una tanatóloga con cáncer de mama que ha acompañado a enfermos terminales quien promovió un amparo en contra de la prohibición de la eutanasia y el sucidio asistido en la Ley General de Salud y la legislación penal.
El Juzgado de Distrito que conoció el caso sobreseyó el asunto, al considerar que no existía interés legítimo, en consecuencia, la tanatóloga solicitó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que reasumiera su competencia original.
El 17 de junio de 2026, la SCJN, con 8 votos a favor y 1 en contra, aceptó conocer del asunto para, posteriormente, decidir si esta prohibición es compatible con los derechos humanos[7]. Cabe señalar una de las reflexiones más interesantes que acompañaron la discusión del Pleno, la de la Ministra Loretta, quien se cuestionó si el Estado puede imponer “la muerte natural” como la única vía frente a la libertad de conciencia.
De esta manera, la discusión sobre la muerte médicamente asistida en México se encuentra en un momento relevante. La respuesta que ofrezca la Corte podría marcar un punto de inflexión en la manera en la que el ordenamiento jurídico mexicano aborda la libertad, la dignidad y las decisiones sobre el proceso de la muerte.
- Visión comparada
Hablar del “derecho a irse” obliga a empezar por una distinción que el debate público suele borrar. No es lo mismo omitir o suspender un tratamiento, aliviar un sufrimiento a costa de “acortar la vida”, que provocar activamente la muerte a petición de quien la solicita. Las primeras dos figuras son desde hace tiempo, jurídicamente aceptadas en España y en México bajo la figura de la ortotanasia y el rechazo al tratamiento a través de la Ley de Voluntad Anticipada[8] (aprobada en al menos 14 entidades federativas). La tercera figura es la que sigue incomodando.
Esta distinción permite advertir que las decisiones sobre el final de la vida no se agotan en el rechazo a tratamientos médicos o en la limitación del esfuerzo terapéutico, también existe una discusión distinta, y jurídicamente más compleja, sobre la posibilidad de que una persona solicite la intervención médica dirigida a poner fin a su tratamiento mediante la anticipación de su muerte.
España ofrece un punto de partida para abordar esta tensión. ¿qué ocurre cuando el ordenamiento jurídico deja de considerar la muerte asistida como una práctica prohibida y la incorpora como una prestación sanitaria.? La Ley Orgánica 3/2021[9] regula la eutanasia bajo la “prestación de ayuda para morir” en dos modalidades: la administración directa de la sustancia por un profesional sanitario (eutanasia) y la prescripción de una sustancia que la persona se administra por sí misma. (suicidio asistido). Lo relevante del modelo español no es únicamente que haya despenalizado estas prácticas, sino que decidió abordarlas desde el ámbito de los derechos humanos y, específicamente, desde la atención sanitaria.
La pregunta de fondo es, si el derecho a la vida contiene un deber de vivir. La doctrina española y en buena medida el Tribunal Constitucional español han respondido que no. El Derecho puede proteger la vida frente ataques de terceros, pero no convertirla en una obligación para su titular. A partir de esta idea, el “derecho a irse” no es una excepción al artículo 15 de la Constitución española[10], sino una consecuencia de entender la vida digna y la muerte digna como parte de un mismo proceso. Esta interpretación permite reflexionar que, el Estado no pierde su deber de protección, pero ese deber tiene que armonizarse con la autonomía y la voluntad de quien enfrenta un sufrimiento que considera incompatible con su dignidad.
Un referente especialmente reciente es Francia, el 18 de agosto se promulgó la Ley 2026-794, que reconoce la posibilidad de ayudar a morir y contempla expresamente una “cláusula de conciencia” para los profesionales sanitarios, a saber, quienes no deseen participar, pueden negarse, pero deberán comunicarlo oportunamente, para que así, otros profesionales puedan intervenir. Así, el modelo francés incorpora en una misma regulación tanto la autonomía de quien solicita la ayuda como la libertad de quienes podrían proporcionarla[11].
Por otro lado, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha sido más cauteloso. Si bien, no reconoce un “derecho a morir” derivado del artículo 2 del Convenio Europeo de Derechos Humanos (CEDH)[12], sí ha admitido qué decidir, cómo y cuándo terminar la propia vida[13], que es una decisión de la esfera privada de cada persona, reconocida en el artículo 8 del CEDH, válido en el marco general de la eutanasia, siempre que existan garantías procedimentales.[14]
En nuestra región, el Sistema Interamericano ha desarrollado estándares sobre autonomía personal y libertad para la toma de decisiones en el ámbito de la salud, particularmente a través del consentimiento informado. Sin embargo, este desarrollo no ha consolidado el derecho a la muerte digna.
En suma, España y Francia ofrecen un ejemplo de regulación, el sistema europeo muestra los límites y alcances del reconocimiento de la autonomía, para México, estas experiencias permiten advertir que el debate no se reduce a elegir entre proteger la vida o permitir la muerte. Se trata de determinar cómo deben armonizarse la dignidad humana, la autonomía personal, la libertad de conciencia en relación con las obligaciones estatales de protección.
- ¿Qué derechos se ven involucrados?
El “derecho a irse”, al igual que la mayoría de los derechos, posee una interdependencia. Involucra en este sentido a la dignidad, la autonomía, la integridad personal, la protección de la salud y la prohibición de tratos inhumanos y degradantes, pero también nos obliga a pensar en el otro extremo de la relación clínica. ¿Quienes proveen la ayuda para morir? en el caso de la eutanasia, estamos hablando de personal médico con convicciones propias, protegidas a su vez por la libertad de conciencia. De ahí que hablar del “derecho a irse” sea, inevitablemente, hablar también de los dictados de conciencia de quienes acompañan este tránsito.
Esta es una tensión que no puede resolverse mediante la anulación de alguno de los derechos involucrados, por un lado, está la autonomía del paciente, que implica respetar su voluntad y evitar que terceros la sustituyan y, por otro lado, la libertad de conciencia del personal sanitario, por lo que; el verdadero desafío es establecer mecanismos que permitan proteger ambas cuestiones, sin que la objeción individual termine por impedir al acceso a una prestación legalmente reconocida.
En España, la Ley Orgánica de Regulación de la Eutanasia, reconoce a los profesionales sanitarios directamente implicados, el derecho a objetar, pero hay una precisión importante, se trata de una decision individual, que debe manifestarse de forma anticipada y por escrito y crea a su vez, un mecanismo de gestión: un registro de objetores sometido a confidencialidad.
El registro de objetores es sin duda una solución coherente ante la posible colisión de derechos, el del solicitante de acceder a la muerte asistida y el del médico de no ir contra sus convicciones personales, es decir; el registro no limita la objeción, su función es administrativa y garantista, porque permite que el sistema de salud organice a su personal y que ninguna solicitud quede sin respuesta. Además, garantiza que la objeción de conciencia no sea institucional, dado que hay una obligación de derivación y, por tanto, de que las instituciones cuenten con personal no objetor.
Ahora, casos como el de Noelia Castillo, una joven de 25 años con paraplejia, secuela de un intento de suicidio en 2022, nos muestra como se puede poner a prueba el diseño institucional y entrar en juego la autonomía de una mujer joven, la autoridad de una familia, la libertad de conciencia de quienes se oponen y la de los profesionales que debían actuar. Si bien su solicitud de eutanasia ya había sido aprobada en 2024 por una comisión médica y jurídica de Cataluña, su padre recurrió a todas las instancias hasta llegar al TEDH sin éxito, pues fue el Tribunal Europeo quien rechazó las medidas cautelares que pedían paralizar el procedimiento. Los tribunales españoles respaldaron la decisión de Noelia y, en marzo de 2026, la eutanasia se llevó a cabo[15].
Este caso permite plantear una pregunta distinta pero igualmente importante ¿hasta dónde la intervención de la familia? Nos parece que la oposición familiar puede expresar preocupaciones legítimas, pero también plantea el riesgo de que la voluntad de la persona quede subordinada a las convicciones de las personas que la rodean. Con esto no se trata de desconocer el papel de la familia, sino en replantearnos cuáles son sus límites frente a la autonomía de una persona capaz de decidir.
Desde el mapa latinoamericano, también tenemos algunos ejemplos. Colombia[16] y Ecuador[17] llegaron a la despenalización de la eutanasia a traves de sus Cortes Constitucionales, fijando criterios y requisitos para solicitar el procedimiento en cada caso y particularmente en Colombia, que dedica en su resolución un apartado especial al “derecho fundamental a morir con dignidad.”
Por su parte, en Perú[18], el caso de Ana Estrada, constituyó una inaplicación judicial exclusiva y de caracter individual del delito de homicidio piadoso del Código Penal Peruano, abriendo un precedente jurídico y social sobre el derecho a la muerte digna y la eutanasia tras reconocer la Corte Superior de Justicia de Lima, el derecho a una muerte digna.
Las experiencias latinoamericanas permiten advertir que el reconocimiento de la muerte digna no se agota con declarar un derecho, también hay que contar con garantías que permitan distribuir las responsabilidades.
- Reflexiones
Comprender el “derecho a irse” y la libertad de decidir sobre nuestro proceso de muerte, exige “desterrar estigmas, despejar dudas y poner a un lado las convicciones personales o religiosas”[19] Aunque yendo más allá, es posible que el derecho a irse sea, en fondo, un derecho que se invoca porque otros derechos fallaron antes. En un supuesto en el que existieran condiciones de cuidado dignas, cuidados paliativos accesibles y eficaces, atención a salud mental oportuna y redes de apoyo para quienes padecen dolores crónicos, tal vez la idea de irse por propia voluntad sería una utopía.
Sin embargo, sería equivocado asumir que toda persona que solicita la asistencia médica para morir lo hace porque carece de atención, también debemos reconocer que puede existir una decisión autónoma y persistente, aún cuando se cuenta con cuidados paliativos y acompañamiento. La existencia de alternativas dignas es una condición indispensable para que la decisión sea verdaderamente libre.
La realidad es que estas condiciones de vida digna no existen para todas las personas y en este escenario, la falta del reconocimiento de un derecho a morir dignamente incomoda. La tensión con la objeción de conciencia es del mismo orden. No se trata de elegir entre el paciente y el médico, sino de reconocer ambos derechos y rediseñar estructuras que impidan que alguno de los dos cargue todo el peso del conflicto.
Mientras el sistema de salud en México no garantice cuidados dignos, el “derecho de irse” corre el riesgo de ser leído como la única salida posible y no como una elección libre. Por eso, también hay que preguntarse ¿qué condiciones estamos garantizando para que nadie se vea orillado a solicitarlo por falta de alternativas? Hablar de muerte, como decíamos al principio, exige más que celebrarla, exige responsabilizarnos de cómo acompañamos a quien tomó la decisión de cómo despedirse.
Bibliografía
Libertad para morir. (2026). ¿Por qué debe legalizarse la asistencia médica para morir en méxico? La propuesta de las personas integrantes del Comité Promotor Libertad para morir (asociadas de Libertad para morir AC), para la ciudad de México. Pág.11 Disponible en: https://libertadparamorir.com.mx/pdf/DOSSIER%20LPM%20INICIATIVA%20EUTANASIA%201junio2026%20FF.pdf
Miro Quesada, J. (2021). La lección de Ana Estrada: vivir y morir con dignidad. Fundación para el debido proceso. Disponible en: https://dplf.org/la-leccion-de-ana-estrada-vivir-y-morir-con-dignidad/
Hemerográfica
El Colegio Nacional (2026). La atención paliativa en México es un reto pendiente que refleja desigualdad estructural en la salud: Nayeli Salazar Trujillo. 20 de mayo de 2026. Disponible en: https://colnal.mx/noticias/la-atencion-paliativa-en-mexico-es-un-reto-pendiente-que-refleja-desigualdades-estructurales-en-salud-nayeli-salazar-trujillo/
Expansión Política (2025). Activistas presentan iniciativa para legalizar la eutanasia. 28 de octubre de 2025. Disponible en: https://politica.expansion.mx/congreso/2025/10/28/activistas-presentan-iniciativa-para-legalizar-la-eutanasia
Suprema Corte de Justicia de la Nación. Sintesis informativa. 18 de junio de 2026. Disponible en: https://www.supremacorte.gob.mx/sites/default/files/sintesis-informativa/2026-06/S%C3%ADntesisPDF-18junio2026_0.pdf
Legisgrafía
Ley General de Salud
Ley de Voluntad Anticipada para el Distrito Federal
Derecho comparado
Ley Orgánica 3/2021, de 24 de marzo, de regulación de la eutanasia
Constitución Española
Loi du 18 août 2026 relative au droit à l’aide à mourir
Reglamento para la aplicación de la Eutanasia Activa Voluntaria y Avoluntaria en Ecuador, en cumplimiento con la Sentencia Nr. 67-23-IN/24 de la Corte Constitucional
Instrumentos internacionales
Convenio Europeo de Derechos Humanos
Jurisprudencia
TEDH. Caso Pretty C. Reino Unido.
TEDH. Caso Haas c. Suiza.
TEDH. Caso Mortier c. Bélgica.
[1] Libertad para morir. (2026). ¿Por qué debe legalizarse la asistencia médica para morir en méxico? La propuesta de las personas integrantes del Comité Promotor Libertad para morir (asociadas de Libertad para morir AC), para la ciudad de México. Pág.11 Disponible en: https://libertadparamorir.com.mx/pdf/DOSSIER%20LPM%20INICIATIVA%20EUTANASIA%201junio2026%20FF.pdf
[2] Países que regulan el suicidio asistido: Suiza y Alemania. Suicidio médicamente asistido: Estados Unidos de América ( Washington DC (capital) y 13 estados federados: Oregon, Washington, Vermont, Montana, California, Colorado, Hawái, New Jersey, Maine, New Mexico, Delaware, Illinois y Nueva York), Colombia, Paises Bajos, Bélgica Luxemburgo, Canadá, Australia, Italia (Toscana y Cerdeña con leyes locales específicas), España, Nueva Zelanda, Autria y Eutanasia: Colombia, Países Bajos, Bélgica, Luxemburgo, Canadá, Australia, España, Nueva Zelanda, Ecuador y Uruguay. Información disponible en Libertad para morir. (2026). ¿Por qué debe legalizarse la asistencia médica para morir en méxico? Op. Cit.
[3] Ley general de salud. Últimas reformas publicadas DOF 15-01-2026. Artículo 166 Bis 21. https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGS.pdf
[4] El Colegio Nacional (2026). La atención paliativa en México es un reto pendiente que refleja desigualdad estructural en la salud: Nayeli Salazar Trujillo. 20 de mayo de 2026. Disponible en: https://colnal.mx/noticias/la-atencion-paliativa-en-mexico-es-un-reto-pendiente-que-refleja-desigualdades-estructurales-en-salud-nayeli-salazar-trujillo/
[5] Libertad para morir. (2026). ¿Por qué debe legalizarse la asistencia médica para morir en méxico? La propuesta de las personas integrantes del Comité Promotor Libertad para morir (asociadas de Libertad para morir AC), para la ciudad de México. Op. Cit.
[6] Expansión Política (2025). Activistas presentan iniciativa para legalizar la eutanasia. 28 de octubre de 2025. Disponible en: https://politica.expansion.mx/congreso/2025/10/28/activistas-presentan-iniciativa-para-legalizar-la-eutanasia
[7]Suprema Corte de Justicia de la Nación. Sintesis informativa. 18 de junio de 2026. Disponible en: https://www.supremacorte.gob.mx/sites/default/files/sintesis-informativa/2026-06/S%C3%ADntesisPDF-18junio2026_0.pdf
[8] Ley de Voluntad Anticipada para el Distrito Federal. Última reforma publicada en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 27 de julio de 2012. https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/f388d1eecb7022661d0cca9cdfd617f517981641.pdf (Existen Leyes de voluntad anticipada en el ámbito estatal, la Ciudad de México fue la primer entidad de la República en aprobar la Ley de Voluntad Anticipada en enero de 2008).
[9] Ley Orgánica 3/2021, de 24 de marzo, de regulación de la eutanasia. BOE-A-2021-4628. Artículo 3. inciso g). https://www.boe.es/eli/es/lo/2021/03/24/3
[10] Constitución Española. BOE-A-1978-31229. https://www.boe.es/eli/es/c/1978/12/27/(1)/con
[11] Vie-publique.fr (2026). Loi du 18 août 2026 relative au droit à l’aide à mourir. Disponible en: https://www.vie-publique.fr/loi/298544-fin-de-vie-droit-laide-mourir-proposition-de-loi-falorni
[12]Convenio Europeo de Derechos Humanos. artículos 2, 8. https://www.echr.coe.int/documents/d/echr/convention_spa
[13] Véase TEDH. Caso Pretty C. Reino Unido. https://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-60448; TEDH. Caso Haas c. Suiza. https://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-102940
[14] TEDH. Caso Mortier c. Bélgica. https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-219988
[15] Agencia EFE, La joven Noelia Castillo recibe la eutanasia tras un largo periplo judicial, 26 de marzo de 2026; véase también la cronología del caso publicada por El País, 26 de marzo de 2026.
[16] Ministerio de Salud y Protección social. Resolución número 000813 de 2026. 28 de abril de 2026. Por medio de la cual se da cumplimiento a las órdenes emitidas por la Corte Constitucional en relación a morir dignamente, en sus dimensiones de Eutanasia y de Adecuación de los Esfuerzos Terapéuticos y se dictan otras disposiciones. República de Colombia. https://www.redjurista.com/Documents/resolucion_813_de_2026_ministerio_de_salud_y_proteccion_social.aspx#/
[17] Ministerio de Salud Pública. Reglamento para la aplicación de la Eutanasia Activa Voluntaria y Avoluntaria en Ecuador, en cumplimiento con la Sentencia Nr. 67-23-IN/24 de la Corte Constitucional. 12 de abril de 2024. https://www.salud.gob.ec/ministerio-de-salud-publica-emite-reglamento-para-la-aplicacion-de-la-eutanasia-activa-voluntaria-y-avoluntaria-en-ecuador/
[18] Miro Quesada, J. (2021). La lección de Ana Estrada: vivir y morir con dignidad. Fundación para el debido proceso. Disponible en: https://dplf.org/la-leccion-de-ana-estrada-vivir-y-morir-con-dignidad/
[19] Idem.