Dr. Jorge Alonso Campos Saito [1]
«…ante la duda, se debe absolver sin más».
SCJN, Pleno, amparo directo 4/2022, p. 67.
Sumario. I. A manera de introducción. II. Los antecedentes: de tres años y seis meses a cincuenta años de prisión. III. La apelación de la fiscalía y el alcance del amparo. IV. La desigualdad material frente al poder punitivo. V. Los registros de las audiencias y la revisión constitucional. VI. La presunción de inocencia y la duda razonable.
Resumen. El artículo inicia una serie de tres entregas sobre el amparo directo 4/2022 de la SCJN, en el que una pena de tres años y seis meses de prisión fue elevada a cincuenta años por la apelación de la fiscalía. Explica por qué la falta de apelación de la defensa no impidió el examen constitucional de las violaciones del juicio oral, destaca el valor de las videograbaciones como documentales públicas y desarrolla la presunción de inocencia como estándar probatorio y la duda razonable. Subraya su utilidad práctica para el alegato final de la defensa.
I. A manera de introducción
Tras mi retiro forzoso como Magistrado del Poder Judicial de la Federación, retomo la escritura de artículos para Paréntesis Legal. Lo hago ahora desde la práctica privada, como socio fundador del despacho Defensa Jurídica Especializada, y desde la cátedra universitaria. Cambia el lugar desde el que participo en la discusión jurídica; no cambia mi interés por examinar con ojo crítico las decisiones judiciales y por extraer de ellas herramientas para el ejercicio profesional.
Abro esta etapa con la sentencia que dictó el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el amparo directo 4/2022, resuelto el 08 de diciembre de 2022[2]. Bajo el título «Duda razonable», la serie examina cómo un proceso formalmente acusatorio puede terminar funcionando a partir de una presunción de culpabilidad.
El análisis se publicará en tres entregas mensuales. En esta primera parte trato los antecedentes, el acceso al amparo y el alcance de la presunción de inocencia. La segunda se ocupará de la valoración de los testimonios y de las deficiencias de la investigación. La tercera abordará la prueba pericial, el descargo, la carga de la prueba y los efectos de la protección constitucional, y en ella formularé las conclusiones.
Cabe preguntarse por qué dedicar tres entregas a una sola sentencia. La razón es que la preparación del litigante no se agota en las técnicas de litigación. Interrogar, contrainterrogar, objetar y alegar son habilidades indispensables, pero rinden en la medida en que el abogado sepa qué quiere demostrar, qué relevancia jurídica tiene cada hecho y qué razonamiento sostiene la conclusión que solicita.
De ahí que también deba formarse en teoría del delito y dogmática jurídica, derecho constitucional, teoría de la prueba y argumentación jurídica, entre otras materias. Piénsese en una acusación por tentativa de secuestro: hay que identificar los actos atribuidos a cada persona, su significado ejecutivo y la finalidad que se pretende acreditar. Sin ese conocimiento, la técnica queda en una actuación persuasiva sin sustento jurídico suficiente.
La ejecutoria sirve para preparar el juicio, la producción probatoria y el alegato final. Muestra cómo confrontar las hipótesis en disputa, cómo cuestionar una corroboración aparente, cómo reconocer una inversión de la carga probatoria y qué consecuencia pedir cuando la acusación no supera el estándar constitucional. Permite así ligar la formación teórica con decisiones concretas de defensa.
II. Los antecedentes: de tres años y seis meses a cincuenta años de prisión
Los hechos ocurrieron el 20 de junio de 2015, en Macuspana, Tabasco. A partir de un incidente de tránsito y del señalamiento de un denunciante que había disparado contra uno de los imputados, tres personas fueron detenidas en lugares y circunstancias distintos. La acusación sostuvo que habían participado en una tentativa de secuestro; los acusados dieron una explicación diferente de lo ocurrido.
Conviene fijar desde ahora una distinción: una cosa es lo que la fiscalía afirmó y otra lo que quedó demostrado. Buena parte del problema consistió en que el relato acusatorio se tomó como punto de partida para interpretar el resto de la información.
El tribunal de enjuiciamiento impuso inicialmente una pena de tres años y seis meses de prisión. La fiscalía apeló y la Sala la elevó a cincuenta años de prisión y cuatro mil días multa. La defensa no había recurrido la sentencia de primera instancia. De ahí surgió la cuestión decisiva: ¿impedía esa falta de apelación examinar en amparo los vicios del juicio oral?
III. La apelación de la fiscalía y el alcance del amparo
Hay dos cuestiones distintas. Una es si la fiscalía puede impugnar una pena inferior a la que solicitó; otra, cuáles son los límites del análisis constitucional cuando la persona sentenciada promueve amparo contra la resolución de apelación. Admitir lo primero no obliga a restringir lo segundo.
El asunto obligaba a revisar la jurisprudencia 1a./J. 110/2010[3], que había limitado la materia del amparo en ciertos supuestos en los que solo el Ministerio Público apelaba aspectos de la pena o de la condena condicional. La Corte, sin embargo, resolvió desde el marco constitucional posterior a la reforma de amparo de 6 de junio de 2011.
El artículo 107, fracción III, inciso a), constitucional da un tratamiento específico a la persona sentenciada en materia penal. En las circunstancias del caso, que no hubiera impugnado una resolución parcialmente favorable no podía entenderse como consentimiento de las violaciones cometidas durante el juicio oral.
La materia del amparo, por tanto, no se reducía a los agravios de la fiscalía ni al incremento de la pena. La protección de la libertad y la posibilidad de examinar violaciones a derechos fundamentales impedían esa lectura restrictiva. La referencia al artículo 171 de la Ley de Amparo y a la revisión de violaciones a derechos fundamentales en apelación ayuda a entender el alcance de esta conclusión.
La enseñanza práctica tiene sus límites. La Corte no sugiere que la defensa omita apelar ni que desaparezcan los requisitos de procedencia. Lo que sostiene es que, en el supuesto analizado, la falta de apelación de la defensa no justificaba cerrar el examen constitucional.
IV. La desigualdad material frente al poder punitivo
Quien es imputado se enfrenta a un órgano con policías, peritos, facultades de investigación y potestades coercitivas. Esa diferencia institucional explica que el orden jurídico le reconozca garantías específicas. La presunción de inocencia y la prohibición de autoincriminación contienen el poder punitivo.
Algo similar ocurre con la suplencia de la queja en materia penal a favor del inculpado o sentenciado. Su amplitud permite examinar violaciones, aunque la defensa no las haya planteado correctamente. Esto no desconoce los derechos de las víctimas; atiende a la posición de quien enfrenta una pretensión estatal de castigo.
Por eso no es razonable exigir una conducta procesal infalible, ajena a las condiciones reales en que se ejerce la defensa. La decisión de no recurrir una pena inicialmente menor no autoriza a tener por consentida cualquier afectación ocurrida en el juicio, sobre todo cuando la apelación de la fiscalía agrava de manera sustancial la situación del sentenciado.
V. Los registros de las audiencias y la revisión constitucional
La sentencia también muestra el valor de las videograbaciones. Los registros de las audiencias que la autoridad responsable remite con su informe son documentales públicas y se desahogan por su propia naturaleza, sin audiencia especial. El precedente se apoya en la jurisprudencia 1a./J. 43/2013 (10a.)[4].
Para el litigante, la consecuencia es concreta: controlar la motivación de la condena exige contrastar lo que el tribunal afirmó con lo que ocurrió en la audiencia. Si se identifica el registro y el momento exacto de una declaración, resulta más fácil mostrar contradicciones, omisiones o contenidos atribuidos a una prueba que no coinciden con su desahogo.
VI. La presunción de inocencia y la duda razonable
La presunción de inocencia cumple varias funciones. Informa el proceso, impide tratar de antemano al imputado como culpable y fija exigencias para la prueba y para la decisión. Como estándar probatorio, obliga a absolver cuando la acusación no alcanza la suficiencia necesaria para condenar.
Acreditar la culpabilidad corresponde a la parte acusadora. No basta afirmar que existen pruebas, ni que el relato de la fiscalía parezca más convincente. Hay que justificar que la hipótesis acusatoria supera la duda razonable tras examinar el conjunto del material probatorio.
Las pruebas de descargo pueden respaldar una explicación alternativa, pero también restar fiabilidad a una prueba de cargo o dejar al descubierto un vacío en la acusación. No es válido desecharlas porque antes se haya resuelto que había elementos suficientes para condenar: esa suficiencia solo puede establecerse después de la confrontación.
La duda razonable, por otra parte, no depende únicamente del ánimo del juzgador. Importa si la evidencia disponible da razones para dudar de la hipótesis de culpabilidad. Una convicción subjetiva intensa no elimina una contradicción objetiva ni corrige una inferencia defectuosa.
Estas distinciones rinden sobre todo en el alegato final. La defensa debe explicar qué hecho esencial quedó sin acreditar, qué inferencia carece de apoyo y cómo afecta el descargo a la hipótesis de la fiscalía. Invocar la presunción de inocencia sin vincularla con pruebas concretas debilita el planteamiento.
En la siguiente entrega examinaré cómo se incumplieron estas exigencias al valorar las declaraciones de los denunciantes y de los policías, y al apreciar las omisiones de la investigación. Allí se ve con mayor nitidez la diferencia entre una corroboración real y la simple repetición de una acusación.
[1] Acerca del autor: Magistrado Federal en retiro, socio fundador del despacho Defensa Jurídica Especializada (contacto@defensajuridicaespecializada.com.mx) y catedrático de Licenciatura y Posgrado.
[2] Referencia: SCJN, Pleno, amparo directo 4/2022, 8 de diciembre de 2022, ponente: Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Versión pública firmada, 107 páginas. Las páginas del epígrafe corresponden a la numeración impresa de esa versión. Consulta: https://www2.scjn.gob.mx/juridica/engroses/3/2022/1/2_293349_6240_firmado.pdf
[3] Consultable en la página https://sjf2.scjn.gob.mx/ con el registro digital: 162938 y rubro: <<AMPARO DIRECTO. CUANDO EL SENTENCIADO LO PROMUEVE EN VISTA DE QUE LA SALA INCREMENTA LA PENA O MODIFICA LA CONCESIÓN DEL BENEFICIO DE LA CONDENA CONDICIONAL, A RAÍZ DE QUE EL MINISTERIO PÚBLICO ÚNICAMENTE APELÓ LA SENTENCIA CONDENATORIA RESPECTO A ESTOS TEMAS, LA LITIS EN EL AMPARO SE CONSTRIÑE EXCLUSIVAMENTE A ESTOS ASPECTOS, SIN QUE PUEDA CONCEDERSE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL EN FAVOR DEL SENTENCIADO PARA EL EFECTO DE QUE LA SALA ANALICE LOS ELEMENTOS DEL TIPO PENAL Y LA RESPONSABILIDAD DE ÉSTE.>>.
[4] Consultable en la página https://sjf2.scjn.gob.mx/ con el registro digital: 2004362 y rubro: <<VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL.>>.