Ariana Sánchez Buenrostro
I. El cuidado. Desde su concepción asistencial hacia la concepción de un derecho
El cuidado constituye una actividad esencial para la subsistencia, el bienestar y el desarrollo integral de las personas, pues a lo largo de la vida todas requerimos, en distintos grados y circunstancias, de asistencia, atención o apoyo para satisfacer nuestras necesidades cotidianas. No obstante, pese a su importancia para el sostenimiento de la vida y el funcionamiento de la sociedad, históricamente ha sido concebido como una responsabilidad propia del ámbito privado, cuya satisfacción recae predominantemente en las familias y, de manera particular, en las mujeres.
Esta concepción responde, en buena medida, a patrones socioculturales que han asociado las labores de cuidado con los roles tradicionalmente atribuidos al género femenino, especialmente aquellos vinculados con la maternidad, el matrimonio y las responsabilidades domésticas. Como consecuencia, dichas actividades han permanecido frecuentemente invisibilizadas, tanto por su insuficiente reconocimiento social y económico como por las implicaciones que su realización puede representar para el ejercicio de los derechos de quienes las desempeñan.
Sin embargo, la relevancia del cuidado trasciende las relaciones familiares, en tanto constituye una necesidad inherente a la condición humana y un presupuesto material para el ejercicio de diversos derechos fundamentales. Reconocer el cuidado como un derecho humano supone dejar de considerarlo una cuestión exclusivamente asistencial o una responsabilidad que corresponde, principalmente, a las familias.
Este cambio de paradigma plantea la necesidad de reconsiderar la distribución de las responsabilidades de cuidado y el papel que corresponde al Estado en su garantía. Asimismo, exige reconocer que la protección de quienes necesitan asistencia debe ser compatible con los derechos, la autonomía y la dignidad de las personas que la proporcionan, de manera que la satisfacción de unas necesidades no se traduzca en la imposición de cargas desproporcionadas sobre otras personas.
En torno a esta problemática, la hoy extinta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió el amparo directo 6/2023, en el que examinó el reconocimiento constitucional del derecho humano al cuidado y su relación con otros derechos fundamentales. Dada la relevancia de este precedente para comprender los alcances jurídicos de dicho derecho, el presente artículo tiene por objeto analizar las consideraciones que sustentaron la decisión del Alto Tribunal, así como reflexionar sobre sus implicaciones frente a la distribución desigual de las responsabilidades de cuidado en México, particularmente aquellas que recaen sobre las mujeres.
II. Amparo directo 6/2023.
La controversia se originó en un juicio de divorcio incausado promovido por una mujer contra su cónyuge ante un órgano jurisdiccional de Nuevo León. El demandado se opuso: manifestó ser una persona mayor con enfermedades crónicas y dificultades de movilidad, y sostuvo que su esposa le proporcionaba los cuidados necesarios, por lo que el divorcio lo desprotegería. El Juzgado Segundo de Juicio Civil y Familiar Oral del Quinto Distrito Judicial del Estado de Nuevo León decretó la disolución mediante sentencia de ocho de septiembre de dos mil veintiuno.
El demandado promovió amparo directo, alegando que se omitió valorar su salud, edad, movilidad y dependencia, en violación de sus derechos de audiencia, legalidad y seguridad jurídica. El asunto llegó a la SCJN mediante la facultad de atracción.
El análisis del asunto fue: determinar si es constitucionalmente válido disolver un matrimonio cuando uno de los cónyuges depende, por su edad, salud y movilidad, de los cuidados del otro.
En suma, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que:
- Las necesidades de las personas mayores y con discapacidad exigen medidas específicas, pero no autorizan a imponer a una persona determinada la obligación de satisfacerlas personalmente, en especial a una mujer sobre quien históricamente recaen expectativas de disponibilidad;
- Respecto del libre desarrollo de la personalidad, sostuvo que decidir no permanecer casado es una manifestación legítima de la autonomía que no puede condicionarse a la aceptación de la otra persona;
- La perspectiva de persona mayor parte de que estas son titulares plenas de derechos y pueden enfrentar barreras sociales, económicas, institucionales o de salud; las autoridades deben identificarlas y garantizar su acceso a la justicia sin paternalismos que desconozcan su voluntad;
- Exigir que una mujer permanezca casada para continuar cuidando a su esposo le atribuye una responsabilidad personal a partir de un rol asociado con su género.
- Distinguió las obligaciones derivadas de las relaciones familiares de las expectativas sociales de disponibilidad permanente.
A partir de esto, identificó tres dimensiones del derecho humano al cuidado:
A. Derecho a cuidar. Como la posibilidad de proporcionar cuidados en condiciones compatibles con la dignidad, la autonomía y los derechos de quien los brinda. Su reconocimiento implica que las personas cuidadoras también son titulares de derechos y que el ejercicio de las labores de cuidados no debe traducirse en la imposición de cargas desproporcionadas que comprometan su salud, su bienestar y su proyecto de vida. Asimismo, exige distinguir entre la decisión de cuidar y las responsabilidades que pretenden imponerse a partir de estereotipos de género, particularmente aquellos que atribuyen a las mujeres una obligación natural de atender las necesidades de sus familiares.
B. Derecho a recibir cuidados. Comprende el derecho de las personas a recibir la atención, asistencia y apoyos necesarios para satisfacer sus necesidades esenciales en condiciones de dignidad y autonomía. Su reconocimiento exige garantizar las necesidades de cuidado sin desconocer los derechos fundamentales de quienes los proporcionan. Por tanto, este derecho no implica que pueda imponerse automáticamente a una persona determinada la obligación de brindar cuidados, particularmente cuando ello supone reproducir estereotipos de género o restringir injustificadamente su autonomía y libre desarrollo de la personalidad. Su garantía requiere identificar las responsabilidades que corresponden a los distintos actores sociales, así como las medidas de protección y apoyo que, conforme al marco jurídico aplicable, deben adoptar las instituciones del Estado.
C. Derecho al autocuidado. Es la posibilidad de atender las propias necesidades de bienestar, salud y desarrollo; la protección de quien necesita asistencia no debe lograrse mediante el sacrificio permanente de las condiciones de vida de quien la proporciona.
La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, advirtió que la necesidad de asistencia del cónyuge hombre, aunque debía atenderse, no podía justificar la permanencia forzosa de su esposa en el matrimonio: ello subordinaría su libre desarrollo de la personalidad a la obligación de seguir cuidando por haberlo hecho antes y perpetuaría un estereotipo de género prescriptivo: el de que una buena esposa debe permanecer disponible para su cónyuge aun contra su voluntad. En consecuencia, reconoció que el derecho al cuidado comprende el derecho a no ser forzado a cuidar por mandatos de género, concluyendo que la solidaridad familiar no puede anular la autonomía personal.
La Primera Sala también abordó la responsabilidad del Estado en la garantía del derecho humano al cuidado. Al respecto, reconoció que las necesidades de asistencia no deben satisfacerse exclusivamente mediante las responsabilidades asumidas dentro de las familias, pues la falta de mecanismos institucionales de apoyo puede dejar desprotegidas a las personas que requieren cuidados y, al mismo tiempo, imponer cargas desproporcionadas a quienes los proporcionan.
No obstante, debe distinguirse entre el reconocimiento constitucional del derecho al cuidado y la determinación de las prestaciones concretas exigibles para garantizarlo.
Finalmente, la Suprema Corte de Justicia de la Nación concluyó que la disolución matrimonial era compatible con el libre desarrollo de la personalidad de la mujer y que la salud, edad y movilidad del quejoso (cónyuge hombre) no eran razón constitucionalmente válida para impedirle terminar el matrimonio; por ello, dejó subsistente la disolución. Sin embargo, concedió el amparo para que la autoridad responsable atendiera sus necesidades de cuidado: debía escucharlo, identificar sus necesidades y considerar su voluntad; si manifestaba su deseo de recibir medidas, pronunciarse sobre las provisionales necesarias, con perspectiva de discapacidad y de persona mayor, y, al resolver definitivamente, sobre las medidas necesarias, independientes o adicionales a las consecuencias de la disolución. Así, la protección del derecho al cuidado no quedó condicionada a la continuidad del matrimonio.
III. Las mujeres como principales proveedoras de cuidados (INEGI).
En México, las labores de cuidado han sido asumidas predominantemente por las mujeres, debido a una organización social que vincula las responsabilidades domésticas con los roles del género femenino. La feminización de los cuidados comprende las condiciones sociales, culturales y económicas que concentran en ellas esa responsabilidad: distribución desigual del tiempo, trabajo no remunerado y menores oportunidades laborales.
La ENASIC 2022 estimó 58.3 millones de personas susceptibles de recibir cuidados en los hogares, de las cuales el 64.5% los recibía de una persona de su hogar o de otro. De los 31.7 millones de personas de quince años y más que proporcionaban cuidados, el 75.1% eran mujeres y el 24.9% hombres: aproximadamente 23.8 millones frente a 7.9 millones, es decir: tres mujeres por cada hombre.
La desigualdad se acentúa entre las personas cuidadoras principales: de aproximadamente 22.5 millones, el 86.9% eran mujeres y el 13.1% hombres. En la población infantil, las mujeres representaron el 96.0% de las personas cuidadoras principales y, tratándose de niñas, niños y adolescentes, el 90.3%.
La ENASIC 2022 reveló que las mujeres cuidadoras dedicaban en promedio 37.9 horas semanales, frente a 25.6 de los hombres: 12.3 horas de diferencia. Según la Encuesta Nacional sobre Uso del Tiempo (ENUT) 2024, publicada por el INEGI en agosto de 2025, las mujeres dedicaban 39.7 horas semanales al trabajo doméstico, de cuidados y voluntario no remunerado, y los hombres 18.2: 21.5 horas de diferencia.
Sin considerar los cuidados pasivos —periodos en que una persona está pendiente de otra mientras realiza otras actividades—, las mujeres destinaban 18.2 horas semanales a niñas y niños de cero a cinco años, frente a 8.8 de los hombres, y 12.8 horas a personas con enfermedades crónicas, temporales o discapacidad, frente a 7.5. Al incorporarlos, las cifras son 33.4 frente a 14.8 horas y 23.8 frente a 13.1, respectivamente.
La Cuenta Satélite del Trabajo No Remunerado de los Hogares de México 2024, publicada por el INEGI el veinticinco de noviembre de dos mil veinticinco, estimó que el valor del trabajo doméstico y de cuidados no remunerado de la población de doce años y más fue de aproximadamente ocho billones de pesos en 2024, el 23.9% del producto interno bruto nacional.
El 72.6 % correspondió a mujeres y el 27.4 % a hombres, es decir, un valor aproximadamente 2.7 veces superior, con un equivalente promedio de 82,339 pesos mexicanos anuales por mujer.
Estas cifras comprenden labores domésticas y de cuidado, por lo que no es correcto atribuir todo el valor a estas últimas. Aun así, evidencian una posible contradicción entre la importancia colectiva de estas actividades y las condiciones en que se realizan, pues quienes las desempeñan pueden carecer de ingresos propios, protección social o descanso adecuado, lo que cuestiona una organización social que depende del trabajo no remunerado de las mujeres sin garantizar, en todos los casos, sus derechos.
IV. Conclusiones:
El reconocimiento del derecho a cuidar, ser cuidado y al autocuidado invita a cuestionar una de las concepciones más arraigadas en la organización social: aquella que, bajo la premisa del afecto y la solidaridad familiar, ha atribuido una responsabilidad preferente en la atención de las necesidades de otras personas, hasta el punto de considerar el cuidado como una obligación naturalmente vinculada con el género femenino.
Sin embargo, reconocer la importancia de los vínculos familiares y de las relaciones de solidaridad no implica admitir que estos puedan justificar, por sí mismos, la subordinación indefinida de la autonomía y el proyecto de vida de quienes proporcionan cuidados, pues el afecto y la responsabilidad familiar no deben convertirse en argumentos para perpetuar desigualdades ni para exigir que determinadas personas renuncien a sus propias aspiraciones en beneficio de otras.
En este contexto, el amparo directo 6/2023 permite reflexionar sobre la necesidad de superar una organización social del cuidado que descansa predominantemente en la disponibilidad de las mujeres, así como la importancia de garantizar protección a quienes requieren de asistencia, para que esta sea compatible con los derechos de quienes la proporcionan.
Así, preguntarnos ¿quién cuida a quienes cuidan? implica reconocer que las personas cuidadoras también tienen necesidades, derechos propios y aspiraciones, cuya protección no puede quedar relegada frente a las necesidades de quienes reciben la asistencia.
Fuentes:
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). (2023). Encuesta Nacional para el Sistema de Cuidados (ENASIC) 2022. Comunicado de prensa núm. 578/23, 3 de octubre de 2023. México. Disponible en:
https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2023/enasic/ENASIC_23.pdf
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). (2025). Encuesta Nacional sobre Uso del Tiempo (ENUT) 2024. Comunicado de prensa núm. 121/25, 28 de agosto de 2025. México. Disponible en:
https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2025/enut/enut2024_CP.pdf
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). (2025). Cuenta Satélite del Trabajo No Remunerado de los Hogares de México 2024. Comunicado de prensa núm. 148/25, 25 de noviembre de 2025. México. Disponible en:
https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2025/tnrh/CSTNRHM2024_CP.pdf
Suprema Corte de Justicia de la Nación, Primera Sala. (2023). Amparo directo 6/2023. Sentencia de 18 de octubre de 2023. Ponente: ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. México. Disponible en: