Carolina Fayad Contreras
En junio de 2026, Morena, el Partido Verde Ecologista de México y el Partido del Trabajo presentaron de manera conjunta la convocatoria para llevar a cabo el proceso para designar a quienes encabezarían las Coordinaciones Estatales de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en las 17 entidades que renovarán gubernatura en 2027. Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chihuahua, Colima, Guerrero, Michoacán de Ocampo, Nayarit, Nuevo León, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tlaxcala y Zacatecas, fueron los estados que participaron en este proceso. Durante agosto y septiembre el partido anunció las designaciones y dio por concluida esta etapa de presunta organización interna.
Sobre el papel, según su convocatoria, es un cargo de organización política y territorial. No son candidaturas y su designación no equivale, por sí misma, a la selección formal de quienes aparecerán en las boletas en las próximas elecciones a gubernaturas. Sin embargo, el contexto en el que se produjeron estas decisiones obliga a examinar qué función cumplen y qué efectos pueden tener sobre la competencia electoral.
¿Estamos ante un ejercicio legítimo de organización partidista o ante un mecanismo que permite comenzar a posicionar perfiles para las gubernaturas de 2027 antes de los periodos previstos para la competencia electoral?
Ante esta pregunta, la palabra clave es “coordinación”. Nadie se registra para ser candidato a una gubernatura; se registran para coordinar los trabajos de la transformación. Pero basta observar lo que rodea al cargo para ver que ese nombre cumple una función: permite hacer, con otra etiqueta, lo que la ley electoral reserva para otro momento.
Por su parte, la legislación electoral establece periodos específicos, hay un momento en la línea del tiempo del proceso electoral designado para que los partidos políticos definan internamente a sus candidatos (conforme a sus estatutos y a la legislación electoral aplicable por estado), otro para las precampañas y otro para las campañas. Estos plazos buscan evitar ventajas anticipadas, ya sea presencia, reconocimiento o estructura; así como garantizar que la contienda electoral se desarrolle conforme a las mismas reglas para todas las fuerzas políticas, en el derecho electoral esto es conocido como el principio de equidad en la contienda.
En este contexto, una “coordinación” es una figura que no corresponde a la de una precandidatura, sin embargo, se disputa entre aspirantes, se promueve ante la militancia y proyecta perfiles ante la ciudadanía, fuera de los tiempos establecidos para las precampañas o campañas. En la práctica esto funciona como un ensayo general. Por lo que se advierte, no solo un beneficio individual, sino también un efecto benéfico acumulativo para Morena al mantener una presencia territorial anticipada. En resumen, el partido gana tiempo de exposición, los aspirantes ganan reconocimiento, y todo queda bajo el paraguas de la “organización interna”.
Ese es el verdadero problema, desde mi perspectiva, estas designaciones fueron concebidas, —o al menos, aprovechadas—para adelantar etapas de una competencia electoral cuyos tiempos y reglas la ley fijó para garantizar condiciones de equidad.
La convocatoria invoca principios como la autoorganización y la autodeterminación de los partidos políticos, así como el derecho a la mínima intervención de las autoridades electorales en sus asuntos internos. Estos principios tienen fundamento constitucional, pero no constituyen una autorización ilimitada para desarrollar actividades al margen de la legislación electoral. La autonomía de los partidos debe ejercerse dentro del marco legal que garantiza la equidad en la contienda.
De acuerdo con la justificación organizativa expuesta en el documento que convoca la participación de su base de afiliados, las coordinaciones buscan fortalecer la estructura territorial de Morena, promover la conformación de comités y articular el trabajo político en entidades federativas, distritos y municipios. El partido vincula estas tareas con la continuidad y expansión de su proyecto político, identificado como la Cuarta Transformación, y literalmente menciona como tarea principal “informarle al pueblo de México sobre los logros de la Cuarta Transformación”.
Ninguna de estas atribuciones es, por sí misma, jurídicamente cuestionable. Los partidos tienen derecho a organizar sus estructuras y movilizar a sus integrantes. El problema aparece cuando es necesario determinar si las actividades desarrolladas bajo esas estructuras permanecen dentro de la organización partidista o adquieren rasgos de promoción electoral antes de los plazos que marca la ley para tal efecto.
En teoría, registrarse para ser electo coordinador estatal no equivale a una candidatura ni acredita, por sí solo, actos anticipados de precampaña o campaña. Pero invocar la autodeterminación partidista tampoco basta para blindar todo lo que se haga bajo esa figura. Por ejemplo, las personas que hayan solicitado su registro, deben llevar a cabo recorridos casa por casa, reuniones vecinales, organizar asambleas en plazas, lugares públicos o espacios cerrados, lo cual nos habla de una metodología de trabajo territorial diseñada para anticipar la exposición de sus aspirantes y medir la respuesta de su base política. Sin embargo, los efectos de sus conductas permean a la ciudadanía en general. Como resultado, la prensa les dedica notas periodísticas, cubren sus eventos, las redes sociales se atiborran de propaganda relacionada con este proceso y sus participantes.
Por su parte, la Base Sexta de la convocatoria, señala que la Comisión Nacional de Elecciones debe valorar los perfiles registrados considerando, entre otros elementos, su trayectoria, sus antecedentes, su reconocimiento territorial y su afinidad con los principios del movimiento, y podrá apoyarse en encuestas y sondeos. Si identifica más de seis perfiles idóneos para un estado, puede ordenar un sondeo para quedarse con los seis de mayor reconocimiento territorial, que pasarían a la etapa de encuesta, y puede incluir perfiles en cualquier momento. Al final, aprueba un solo registro por estado, con ajustes por paridad de género. El texto no precisa cuánto pesa cada elemento, y se prevé dar a conocer la metodología y los resultados de las encuestas a las personas participantes cuyo registro haya sido aprobado, así como su publicación a más tardar el 31 de diciembre de 2026. Dicho de otro modo, qué tan reconocido es cada aspirante en su territorio es uno de los criterios con los que se elige al coordinador. Y el reconocimiento se construye con presencia pública, justo lo que los plazos electorales buscan evitar que unos acumulen antes que otros.
En ese sentido, vale la pena precisar que, si bien la convocatoria establecía el 31 de diciembre de 2026 como fecha límite para dar a conocer los resultados, a la fecha ya se han anunciado las personas designadas para coordinar los trabajos de la defensa de la transformación en los 17 estados de la república. Con ello, se ha dado paso a la emisión de las convocatorias para las coordinaciones distritales y municipales de dichas entidades.
La pregunta temporal: ¿por qué ahora?
Los procesos electorales locales 2026-2027, en los que se renovarán 17 gubernaturas tienen calendarios distintos según la entidad. Las precampañas para esos cargos comenzaran de manera escalonada a partir del 12 de noviembre de 2026, en Guerrero, y se extenderán hasta enero de 2027, cuando iniciaran en entidades como Nayarit y Querétaro. Las campañas para las gubernaturas comenzaran también en distintas fechas: el 5 de marzo de 2027 en Guerrero y Sonora; el 16 de marzo en Campeche; y el 4 de abril en las otras 14 entidades. Todas concluirán el 2 de junio, antes de la jornada electoral que se llevará a cabo el 6 de junio de 2027.
Cualquier actividad realizada antes del 12 de noviembre de 2026, ocurre fuera del proceso electoral formal. Si se trata de una estrategia de expansión territorial o de acercamiento comunitario, la pregunta legítima es: ¿por qué se intensifica precisamente en este momento y no se realiza de manera constante a lo largo del ciclo del gobierno morenista? Una fuerza política que gobierna tiene la posibilidad —y, en buena medida, la obligación— de mantener un trabajo permanente de presencia territorial. Cuando ese trabajo se concentra de forma notoria en los meses previos al inicio de un proceso electoral, genera sospechas razonables de que se trata de un posicionamiento anticipado, aunque todavía no se configure técnicamente la infracción.
La crítica no se dirige, por tanto, a la existencia de reuniones o al trabajo territorial, sino a la temporalidad en que se realizan y a la posible instrumentalización de estructuras partidistas como mecanismo de posicionamiento anticipado.
Este debate no es nuevo, desde hace varios años, en distintos procesos electorales, Morena ha utilizado figuras partidistas de promoción o coordinación cuyos titulares posteriormente fueron postulados como candidaturas. Así ocurrió con las personas Promotoras de la Soberanía Nacional en los procesos 2015-2016 y 2016-2017; con las Coordinaciones de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación en los procesos 2020-2021, 2021-2022 y 2022-2023; y con las Coordinaciones de Defensa de la Transformación de cara al proceso 2023-2024.
Los tribunales electorales han tenido que examinar los límites entre los procesos internos de los partidos y los actos que, por sus características, pueden anticipar de manera considerable una contienda electoral. Un buen ejemplo 2021, en el expediente SUP-RAP-246/2021, la Sala Superior confirmó que una persona presentada como “coordinador estatal” de Morena en Baja California Sur estaba sujeta a obligaciones de fiscalización propias de una precandidatura. El caso analizó la naturaleza de las actividades realizadas y su relación con una eventual postulación.
Asimismo, en 2023, durante el proceso de las llamadas “corcholatas”, la Sala Superior confirmó por mayoría el acuerdo del INE relativo a las medidas cautelares solicitadas contra el proceso interno de Morena, sin ordenar la suspensión general de las actividades (SUP-REP-180/2023). Sin embargo, en su voto particular, la magistrada Janine Otálora sostuvo que el procedimiento constituía una simulación para evadir la legislación electoral y, materialmente, una precampaña anticipada para seleccionar la candidatura presidencial de Morena. A su juicio, el proceso podía vulnerar la equidad en la contienda y las reglas de fiscalización electoral. Su postura resalta la necesidad de examinar las actividades realizadas y la finalidad efectiva de estos procedimientos, más allá de la nomenclatura formal que les atribuya el partido.
Este año, Movimiento Ciudadano denunció una posible estrategia coordinada por Morena en diversos estados de la república. En Sala Superior la mayoría confirmó la decisión de no iniciar el procedimiento en los términos solicitados y mantuvo la separación territorial de los hechos denunciados. En su voto particular, el magistrado Reyes Rodríguez Mondragón sostuvo que, antes de descartar esa hipótesis, era necesario investigar si las conductas denunciadas estaban conectadas. Desde su perspectiva, los hechos debían analizarse de manera integral y contextual, en lugar de fragmentarlos y evaluarlos de forma aislada.
El voto particular menciona que la cuestión que amerita atención es identificar si las distintas denuncias compartían órganos partidistas, reglas de origen, métodos de actuación y una hipótesis semejante de actuación sistemática, ejecutada territorialmente como parte de una estrategia dirigida desde el ámbito nacional.
Pero el problema no se agota en el ámbito jurídico ni en la posible existencia de una estrategia partidista coordinada. También se refleja en la manera en que la ciudadanía percibe la competencia electoral.
En algún rincón de internet leí un comentario que llamo mi atención: “los demás partidos no están haciendo nada”, refiriéndose a que los demás partidos políticos se están quedando atrás en sus destapes de aspirantes. Esto revela el tamaño del problema. En lugar de preguntarse por qué un partido se salta los tiempos establecidos por la ley, la ciudadanía se pregunta por qué los demás no hacen lo mismo. Si la competencia se reduce a ver quién adelanta más, gana quien menos respeta la regla, y la ley electoral se convierte en una sugerencia para quienes se la toman en serio. Así, la competencia puede transformarse peligrosamente en una carrera por incumplir primero.
El problema no es que Morena y sus aliados organicen su estructura territorial, sino que esas actividades puedan convertirse en una vía para posicionar perfiles antes de que comiencen los plazos electorales. Si las coordinaciones tienen un propósito estrictamente organizativo, el partido debe demostrarlo con reglas transparentes y prácticas congruentes. Y si existen indicios de que sirven para anticipar la competencia, las autoridades electorales no pueden limitarse a observar el nombre del cargo o analizar cada hecho por separado. Su obligación con la ciudadanía es investigar de manera exhaustiva qué ocurre en realidad y sancionar las conductas ilícitas.
Finalmente, hemos visto en las autoridades electorales una reiterada tendencia a examinar los hechos de manera aislada y a refugiarse en la supuesta insuficiencia de pruebas, lo cual deja una pregunta incómoda: ¿qué tan eficaz es la ley si quienes deben aplicarla evitan analizar las conductas en el contexto en que ocurren? La falta de transparencia en sus razonamientos y la ausencia de investigaciones exhaustivas alimentan la percepción de que, el partido en el poder ha tenido una, o varias, ventajas en las contiendas electorales en épocas recientes.
Fuentes:
- Morena, Partido Verde Ecologista de México y Partido del Trabajo, Convocatoria para el proceso de selección de las personas que serán titulares de las Coordinaciones Estatales de Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en las entidades federativas que renovarán gubernatura en 2027, 17 de junio de 2026.
- Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Sala Superior, Sentencia dictada en el expediente SUP-JDC-506/2026.
- Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, artículos 3, numeral 1, incisos a) y b), 226 y 227, texto vigente.
- Calendario electoral 2026-2027. Instituto Nacional Electoral, Proceso Electoral Local 2026-2027: elecciones de gubernaturas en 17 entidades federativas, 2026. Disponible en: https://www.ine.mx/voto-y-elecciones/elecciones-2027/
- Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Sala Superior, Sentencia dictada en el expediente SUP-RAP-246/2021.
- Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Sala Superior, Sentencia dictada en los expedientes SUP-REP-180/2023 y SUP-REP-188/2023, así como voto particular de la magistrada Janine M. Otálora Malassis.