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La ley de quiebras

La Ley de Quiebras (US Bankruptcy Code) de los Estados Unidos de América y su efectividad en la conservación de las empresas insolventes

Lic. Daniel Haro Garza

Introductoriamente, es oportuno informar al lector que la finalidad del presente artículo no es realizar un análisis comparado entre la legislación estadounidense con la legislación concursal mexicana, sino que es un esfuerzo de carácter sucinto y no exhaustivo, de identificar las virtudes contenidas en la Ley de Quiebras de los Estados Unidos de América que permiten con un alto grado de efectividad, maximizar el valor de una empresa con problemas financieros, y que por otro lado, limitan la imposición de medidas cautelares (injunctions), que tengan por objeto perjudicar los derechos del comerciante o de sus acreedores en perjuicio de la masa concursal.

La Ley de Quiebras de los Estados Unidos de América, es una ley que surge debido al reconocimiento por parte del Estado, de los inmensos gastos que los procesos concursales representan.[1] Por tal motivo, surge la Ley de Quiebras a través del Bankruptcy Reform Act de 1978, con la finalidad de aminorar los gastos financieros, y dar respuesta al incesante número de solicitudes voluntarias o involuntarias de concurso mercantil en los Estados Unidos de América.[2] Se trata de una ley que, en términos del Maestro Enrique de la Madrid, “otorga un amplio poder de negociación a los deudores”,[3] mismo que propicia la conjugación de todos los elementos necesarios, para la maximización del principio de conservación de las empresas aplicable a la materia concursal a nivel mundial.[4]

La presente legislación se encuentra dividida en 11 (once) capítulos, sin embargo, para efectos del presente artículo, centraré el análisis únicamente en el capítulo décimo primero denominado “reorganizaciones” (reorganization) debido a las múltiples figuras que el mismo contempla para la conservación efectiva de las empresas con problemas financieros.

A.- Capítulo 11 de la Ley de Quiebras de los Estados Unidos de América (Chapter 11 US Bankruptcy Code)

La autora Elizabeth Warren establece que el proceso de reorganización es, en términos de la legislación estadounidense, “un cambio en las obligaciones de la empresa”.[5] Esta posibilidad de reorganizar las deudas de la empresa, si bien es cierto, también es contemplada por nuestra legislación concursal, recibe un trato distinto en la presente legislación, ya que a diferencia de la Ley de Concursos Mercantiles, la Ley de Quiebras de los Estados Unidos de América otorga beneficios puntuales en torno a: (i) la reestructura en sí (Capítulo 11) y, en caso de inviabilidad de ésta; (ii) la liquidación (Capítulo 7).[6]

Los beneficios señalados con anterioridad, se logran a través de los múltiples principios contenidos en el Capítulo 11 de la Ley de Quiebras de los Estados Unidos de América, principalmente a través de beneficios como la Regla de Prioridad Absoluta, el Principio de Nuevo Arranque y el Principio de Rehabilitación de las Empresas,[7] principios que se reflejan positivamente en los beneficios derivados de la solicitud de reorganización (sea voluntario por el comerciante o involuntario por sus acreedores). Dichos beneficios, de los cuales los acreedores y el comerciante se ven beneficiados a partir de la admisión de la solicitud,[8] pueden sintetizarse en los siguientes puntos:

  1. Beneficio referido como “Automatic Stay”, el cual impide cualquier acción de cobro, de molestia, demanda o embargo por parte de los acreedores, permitiéndole al deudor intentar pagar sus deudas, diseñar un plan de reorganización, o simplemente tener un respiro con respecto a las acciones de cobro de sus acreedores”.[9]
  2. Beneficio referido como “Bankruptcy Estate”, el cual protege los bienes del comerciante, mediante la creación de una situación especial que impide que el comerciante disponga de ellos sin previa autorización judicial.[10]
  3. Beneficio referido como “Creditors Commitee”, el cual funciona como un vehículo para la participación de los acreedores no garantizados.[11] El presente beneficio, permite que se vigile la actuación del comerciante en administración de su empresa y que los acreedores señalados intervengan en la elaboración del plan de reestructura correspondiente.[12]

Para efectos de mayor claridad, a continuación, se realizará una breve exposición de cada una de estas figuras, para poder demostrar su injerencia en la conservación satisfactoria de las empresas insolventes en los Estados Unidos de América. De nueva cuenta se hace mención de que la exposición que a continuación se realizará, es un esfuerzo de carácter sucinto, cuya finalidad es únicamente alertar al lector de las finalidades de cada una de estas figuras, y su regulación legal en el US Bankruptcy Code, de manera general.

a. Análisis de la figura conocida como Automatic Stay.

La figura conocida como Automatic Stay, opera en contra de todo intento de iniciar cualquier acción para continuar cualquier juicio en contra del comerciante que haya sido iniciado con anterioridad a la solicitud de concurso mercantil.[13] Para efectos de que la misma cumpla su objetivo (el cual es evitar agravar la insolvencia del comerciante, impidiéndole al mismo la posibilidad de reestructurar su empresa), el Automatic Stay opera en contra de todas las acciones de las entidades jurídicas, sean estas públicas o privadas.[14]

De acuerdo con la autora Elizabeth Warren, el Automatic Stay, además, actúa particularmente en protección de tres cuestiones fundamentales para la reestructura: (i) protege al comerciante y sus bienes; (ii) protege a los bienes que conforman el Bankruptcy Estate y; (iii) protege los bienes de los deudores.[15]

La figura en cuestión, opera como una suspensión de cualquier acción de los acreedores o de instituciones públicas.[16] Lo anterior, cuenta con contadas excepciones tanto para entidades privadas como públicas, excepciones que en todos los casos requieren de una autorización judicial para su concesión. Por lo que refiere a las excepciones, podemos genéricamente señalar que las mismas se refieren a la facultad sancionadora del Estado,[17] por lo cual, las medidas en cuestión no tienen efectos tratándose de: (ii) juicios penales seguidos en contra del comerciante y; (ii) sanciones de alguna autoridad administrativa en uso de sus funciones regulatorias.[18]

Aunado a las excepciones referidas, existen diversas hipótesis para el levantamiento de la medida conocida como Automatic Stay. Las mismas se encuentran contempladas únicamente para los acreedores garantizados, y en todo caso deberán contar con aprobación judicial siempre que se detone alguno de los siguientes supuestos: (i) que no se encuentren protegidos los bienes sobre los que recae su garantía; (ii) si el bien no es estrictamente necesario para lograr la reestructura; (iii) tratándose de bienes inmuebles, si el comerciante, no presenta dentro de los 90 (noventa) días siguientes después de la solicitud de concurso mercantil, un plan de reorganización o hace los pagos conducentes sobre el inmueble y; (iv) si el deudor utiliza el proceso de declaración de concurso mercantil de forma fraudulenta.[19]

La existencia de una figura como la del Automatic Stay, responde a la importancia propia de la conservación de la empresa, pues a partir de la admisión de la solicitud de concurso mercantil, e inclusive con anterioridad, el juicio se acelera y se convierte en una lucha de vida o muerte por los bienes del comerciante,[20] cuestión que dicha suspensión evita, junto con la creación de un patrimonio independiente del comerciante, el cual será analizado a continuación.

b. Análisis de la figura conocida como Bankruptcy Estate

La autora Elizabeth Warren realiza una comparación que resulta sumamente ilustrativa para ejemplificar el funcionamiento del Bankruptcy Estate de acuerdo con la legislación de los Estados Unidos de América. La autora señala que, así como a la muerte de las personas físicas sus bienes pasan a un patrimonio de ejecución independiente a ser transmitidos conforme a ciertas reglas, lo mismo sucede dentro del marco de un concurso mercantil.[21]

Al momento de la solicitud de concurso mercantil, todas las propiedades del comerciante se transfieren a una nueva entidad denominada Bankruptcy Estate, la cual, concomitantemente a la solicitud y a la transferencia de propiedad anterior, forman parte de un conjunto de bienes protegidos por la Ley de Quiebras de los Estados Unidos de América.[22]

A partir de la creación de la presente entidad, y de la protección referida con anterioridad, se distinguen dos cuestiones trascendentales para la conversación de las empresas: (i) el hecho de que los acreedores no pueden iniciar o continuar cualquier acción en contra del patrimonio del deudor con posterioridad a la creación del Bankruptcy Estate y; (ii) el hecho de que las deudas referidas en el inciso inmediato anterior se convierten en deudas contra el Bankrupcty Estate, quien tiene la responsabilidad de lograr su maximización y conservación de acuerdo con los principios y reglas contenidos en el capítulo 11 de la Ley de Quiebras de Estados Unidos de América.[23]

Resulta importante destacar que de acuerdo con la legislación estadounidense, la creación del Bankruptcy Estate y el inicio del Automatic Stay ocurren de forma concomitante, cuestión que convierte en trascendental la clarificación de otro concepto importante: el relativo al patrimonio independiente o Property of the Estate.[24] Este patrimonio independiente se conforma, en los términos más amplios, por todos los bienes y derechos de los que era titular el comerciante, estén en su posesión o de un tercero (quienes deben entregar los mismos a la entidad referida).[25]

Naturalmente, el patrimonio puede ser administrado y puede crecer, otorgando beneficios importantes tanto a el comerciante, o bien sus acreedores, principales beneficiados por una correcta administración del patrimonio concursado.[26] Las excepciones sobre los bienes que pasan a formar parte del patrimonio independiente anteriormente referido, son sumamente contadas y casuísticas.

La autora toma como ejemplos los siguientes casos: (i) los poderes que un deudor ejerce en beneficio de otros sujetos y; (ii) los intereses del arrendatario sobre un arrendamiento no residencial, entre otros.[27]

c. Análisis de la figura conocida como Creditors Committee

Como fue referido con anterioridad, el Creditors Committee cumple con la función primordial de vigilar las operaciones del comerciante en administración de la empresa.[28] Para cumplir con las facultades anteriores, el comité cuenta con las facultades necesarias para ser escuchado en cualquier asunto, solicitar reuniones con la entidad fiduciaria, o bien para trasladar el concurso mercantil tramitado conforme al capítulo 11 (reorganización), al capítulo 7 (quiebra).[29]

Las facultades anteriores, se conceden únicamente a los acreedores no garantizados, ya que los garantizados tendrán sus privilegios por ser titulares de un derecho real, y no participan en la protección de sus intereses a través de comités.[30] La creación de los comités no está exclusivamente vinculada a aquellos acreedores que no cuentan con una garantía real, sino que se permite la creación de comités para materias independientes como fondos de retiro, o reclamos provenientes de responsabilidad civil, como una manifestación de la importancia y sensibilidad de dichos créditos.[31]

El comité se integra por los 7 (siete) acreedores que sean titulares de los créditos de mayor cuantía en contra del comerciante,[32] y tiene diversas facultades, dentro de las que destacan las siguientes:

  1. Consultar con el comerciante acerca de cualquier acto en administración de su empresa.
  2. Solicitar una entrevista con la institución fiduciaria o los examinadores.
  3. Participar en la elaboración del plan de reestructura y opinar respecto a si el mismo debe celebrarse o no.
  4. Representar los intereses inherentes a sus derechos.[33]

Como fue expuesto en líneas anteriores, la Ley de Quiebras de los Estados Unidos de América cuenta con diversas figuras que permiten con un alto grado de efectividad, maximizar el valor de una empresa con problemas financieros, y que también limitan la imposición de medidas cautelares (injunctions), que tengan por objeto perjudicar los derechos del comerciante o de sus acreedores en perjuicio de la masa concursal, y en caso de existirlas, evitan que las medidas sean perniciosas para los bienes y derechos de las partes del proceso, principalmente los correspondientes a la empresa insolvente.

Estas figuras son de análisis forzoso, pues se trata de criterios que actualmente nos hacen cuestionar si se requiere una adecuación profunda a la ley mexicana para atender, con mayor prontitud, la situación financiera crítica de una empresa que solicita su declaración en estado de concurso mercantil.

  1. De la Madrid, Enrique, Análisis de Derecho comparado en materia concursal de cinco legislaciones, en la Revista Boletín Mexicano de Derecho Comparado, Instituto de Investigaciones Jurídicas UNAM, nueva serie, año XXXII, núm. 95, mayo-agosto de 1999, https://revistas.juridicas.unam.mx/index.php/derecho-comparado/article/view/3592/4329, p.457. ↑
  2. Ídem. ↑
  3. Íbidem, p. 455. ↑
  4. Íbidem, p. 456. ↑
  5. Cfr. Warren, Elizabeth, Reorganizing American Bussiness, 1ª Ed., Estados Unidos, Editorial Wolters Kluger, 2008, p.4, “refers to a change in the debt obligations of the bussiness”. La traducción es propia. ↑
  6. De la Madrid, Enrique, Op. Cit., p. 455. ↑
  7. Íbidem, p. 456. ↑
  8. Íbidem, p. 459. ↑
  9. Ídem. ↑
  10. Cfr. Íbidem, pp. 459-460. ↑
  11. Ídem. ↑
  12. Cfr. Ídem. ↑
  13. Cfr. Warren, Elizabeth, Op. Cit., p. 27. ↑
  14. Ídem. ↑
  15. Íbidem, p. 28. ↑
  16. Íbidem, p. 29. ↑
  17. Cfr. Íbidem, p. 32. ↑
  18. Ídem. ↑
  19. Cfr. Íbidem, p. 33. ↑
  20. Íbidem, p. 37. ↑
  21. Íbidem, p. 26. ↑
  22. Cfr. Ídem. ↑
  23. Íbidem, p. 27. ↑
  24. Íbidem, p. 39. ↑
  25. Ídem. ↑
  26. Ídem. ↑
  27. Cfr. Íbidem, p. 42. ↑
  28. Íbidem, p. 66. ↑
  29. Íbidem, p. 67. ↑
  30. Cfr. Íbidem, p. 66. ↑
  31. Ídem. ↑
  32. De la Madrid, Enrique, Op. Cit., p. 460. ↑
  33. Cfr. Warren, Elizabeth, Op. Cit., p. 67. ↑