Pablo González Vázquez
¿”Quién vive?
¡Hacienda, que pesa y mide!”
Refranero español.
Igual no lo sabes (o sí) pero tributas por ganar dinero, por ahorrarlo, por invertirlo, por tenerlo, por repartirlo, por gastarlo, por heredarlo o por recibirlo como regalo, por tener patrimonio diverso y disfrutar de él, por consumir y utilizar todo tipo de productos y servicios…
Efectivamente, en España (al igual que en casi todos los países y territorios) se exigen infinidad de impuestos y tasas, puesto que el Estado del Bienestar y el bienestar de nuestros políticos patrios no se financia con la leche y miel de un “maná” imaginario, sino con dinerito contante y sonante, que, lógicamente, sale de nuestra única y limitada capacidad económica. Y es que, ciertamente, el “saldo” con el que contamos para afrontar el coste de tantos tributos es el que es y da para lo que da, desgraciadamente.
Precisamente por ello, hace años tuvo lugar un debate doctrinal entre economistas la mar de curioso: si es la renta la que en definitiva soporta todo el coste fiscal, ¿por qué no gravarla con un único impuesto? Se simplificarían muchos procedimientos tributarios y el “impuesto único” podría ser perfectamente distribuido entre Administraciones territoriales.
Pues bien, este tipo de debates, si bien, son siempre necesarios, son los que acaban haciendo bueno el dicho ese de “el papel lo aguanta todo, la realidad, ya no”.
Y es que, sin entrar en otra tipología de consecuencias, pensemos por un momento el impacto sociólogo que dicha implantación podría suponer: los contribuyentes conoceríamos directamente la carga fiscal completa que soportamos. Se produciría una evidente alarma social que aumentarían la propensión al fraude y el nivel de economía sumergida.
Se elevaría aún más el nivel de exigencia de la calidad de todos y cada uno de los servicios públicos que ofrece el Estado Social de Derecho y se querría conocer de primera mano el sueldo de los recaudadores públicos, multiplicándose aún más la “indignación ciudadana”, sin contar con el gasto superfluo que ya tenemos.
Si el índice sobre el impuesto único fuera, por ejemplo, la renta, se librarían del pago quienes no obtuvieran rentas ni patrimonio asimilado a la renta (imputaciones de renta inmobiliaria) por lo que se establecerían medidas cautelares; carecería de relevancia el nivel de consumo y ahorro y se entorpecerían infinidad de políticas públicas económicas.
Además, por la propia tipología del “impuesto único” no tendrían fácil cabida mecanismos analgésicos como los anticipos a cuenta (retenciones) que pudieran dar a la postre alguna que otra alegría psicológica.
Por todo ello, el debate debe centrarse en conseguir sistemas fiscales completos y justos, y no una maraña desordenada de impuestos, y alcanzar estructuras institucionales que refuercen la seguridad jurídico-fiscal. Pero para ello son necesarias conductas, no gestos, campañas ni palabras.
Es cierto que los Estados han de financiarse para desempeñar las funciones para las que fueron creados, pero convendría revisar determinado gasto público y establecer un sistema de ingresos coordinado eficaz, dejando economías de opción y beneficios fiscales para ciertos ámbitos, y todo ello mancomunadamente.
Cómo canta Jairo Zavala (Depedro) “todo el mundo exige un cambio, pero nadie quiere cambiar”.
Cambiemos, entonces.
@pablogvazquezz
Abogado tributario