Ciudadanos secuestrados -Sobre la toma permanente de carreteras- | Paréntesis Legal

Silvino Vergara Nava

 

“La sociedad civil el pueblo tienen que

 recuperar su protagonismo y legitimidad

 también como actores que constituyen

garantías sociales, la mayoría de ellas

respaldadas por los textos constitucionales,

pero anuladas por la inactividad, inamovilidad

 y la inacción de las instancias estatales.”

David Sánchez Rubio

“Derechos humanos instituyentes,

 pensamiento crítico y praxis de

liberación”

México, 2018. Ediciones Akal

 

Se está volviendo costumbre en este país la toma de carreteras y bloqueos, nuevamente fueron los pobladores y ejidatarios de San Martinito y San Juan Cuauhtémoc, del municipio de Santa Rita Tlahuapan, Puebla, el pasado día 12 de julio de 2024, quienes bloquearon por más de diez horas las vías de comunicación: carretera federal México-Puebla y la autopista de cuota México Puebla, entre las 16 horas hasta las 22:30 horas, aproximadamente, su conducta desde luego que es ilícita, es insistente, continua, concurrente, por ende, es necesario que se intervenga por la autoridades competentes para que se deje de afectar a la ciudadanía que hace uso por necesidad de las vías de comunicación de México.

El bloqueo de las vías de comunicación citadas, han afectado recurrentemente a miles de transportistas, pasajeros, conductores, empresas, profesionistas, estudiantes, familias, amas de casa, obreros, empleados, servidores público, etc., poniendo en riesgo la vida, la integridad física, el patrimonio de todos aquellos que se encuentran impedidos de poder circular en esas vías de comunicación, sin que se tenga por parte de los pobladores y participantes en estos bloqueos el derecho o la autorización de autoridad competente para impedir la libre circulación en territorio nacional de la ciudadanía.

Incluso, estos pobladores y supuestos ejidatarios, no cuentan con un derecho superior al de los ciudadanos que circulan por esas vías, porque su interés de estos bloqueadores es meramente económico, por la falta de pago de expropiaciones a esos ejidos, pero los derechos de los usuarios de las vías de comunicación bloqueadas es un derecho superior al de estos manifestantes, ya que se trata del derecho a la vida, a la dignidad humana, libertad, autonomía, libertad de transito, derecho al trabajo, derecho a la salud, y que, todos estos derechos se anteponen a un simple derecho económico de indemnización.

Estos hechos que se suscitaron el día 12 de julio de 2024, entre las 16 horas y las 22:30 horas, son susceptibles de analizar que se trata de la comisión de diversos delitos como son: el delito previsto en el articulo 533 de la ley general de comunicación, motín, sabotaje, discriminación, vandalismo, pandillerismo, delito contra el consumo y riqueza de la nación, privación de la libertad, secuestro y delincuencia organizada, ya es hora que se ponga un “hasta aquí”, a este tipo de bloqueos, es un riesgo muy grande que caigamos en violencia grave.

Muchas de estas personas que estuvieron por horas imposibilitadas para transitar pudieran tomar las cosas de otra manera, incluso violenta, no pueden las autoridades permitir que se comentan estos delitos por la simple justificante de un derecho económico, cuando este tipo de bloqueos provocan daños a la salud de los prácticamente ciudadanos secuestrados, y es así, porque en realidad al cerrar las autopistas, piden un rescate, que es liberarla la vía, siempre y cuando se acerque algún funcionario a dialogar con ellos.

Se dice que, tienen años exigiendo esas indemnizaciones por sus expropiaciones, de ser así, para ello están las instancias jurisdiccionales, para evitar el que: “cada quien se haga justicia por su propia mano”, porque esto es ocasionado en estas muchas ocasiones, por estos miembros de los ejidos, pero pudiera llegar un día que sea al revés, por eso, el único que puede parar esta ola de impunidades es la propia autoridad.

Pero pareciera que el permitirlos, el darles la oportunidad que se encuentren horas en plantones o bloqueos, hace entender a esta ciudadanía secuestrada, que es el Estado y sus instituciones los primeros incumplidores del derecho. (Web: parmenasradio.org)