Lic. Raymundo Manuel Salcedo Flores
Se han escrito ríos de tinta sobre la reforma a la Ley Federal del Trabajo que pretende incrementar los días de vacaciones de 6 a 12 en el primer año, manteniendo el esquema de incremento de dos días por año hasta llegar a 20 y a partir de ahí su incremento de dos en dos por cada cinco años. La reforma se ha bautizado con el reclamo que le da origen: vacaciones dignas.
Frenada en la Cámara de Diputados y con pocas posibilidades de ver la luz en el actual período ordinario de sesiones, la reforma sobre las vacaciones dignas es uno de los claros ejemplos en que la legislatura parece tener más interés en temas como el horario de verano o la fallida reforma electoral que cuestiones de justicia cotidiana y mucho menos, de justicia social.
Al margen de la crítica que se puede esbozar a quienes presuntamente representan a sus electores en cada uno de los 300 distritos, las 5 circunscripciones y las 32 entidades federativas, queda una gran deuda para los trabajadores que no podrá ser saldada con la aprobación sin reservas de la reforma que menciono.
México, un país en precariedad laboral
Con datos del INEGI, en el tercer trimestre de 2022, la población económicamente activa asciende a poco más de 59 millones de personas. El 28.3 % de ellos viven en la informalidad laboral; esto es, que trabajan en uno de los cientos de miles de empresas que no otorgan prestaciones a sus trabajadores y no cuentan con seguridad social.
La cultura laboral en México es tal que las empresas presumen en sus anuncios que otorgan “prestaciones de ley”, como si el dar dichas prestaciones fuera un lujo o un privilegio, como si cumplir la ley fuera algo optativo. Y es que, lamentablemente, tal parece que sí lo es.
Seis años de dar clases me ha enseñado que mucho de lo que se ve en el aula no es cercano a la realidad. En clase, con alumnos de bachillerato, se toca el tema de las prestaciones como el aguinaldo, las vacaciones, el salario mínimo, las ramas de aseguramiento del seguro social, entre otras cosas; la pregunta no es nueva y nunca deja de sorprenderme que siempre se haga: “¿y en serio se pagan todas esas prestaciones?”
Unas vacaciones que comienzan (en la ley actual) con 6 días, cuando otros países tienen 15, 20 o hasta 30 días de vacaciones son sólo la punta del iceberg en el que 8 horas como jornada máxima se ve confrontada con el ya clásico “tienes hora de entrada, pero no de salida”.
Un aguinaldo de 15 días que se encuentra un muro con el eufemismo del “trabajo por honorarios” en el que se ve envuelto un amplio sector de la población que realizan todo menos trabajar por honorarios, pues estos implicarían, de inicio, que el prestador de servicios no estuviera subordinado a quien le presta sus servicios.
Un reparto de utilidades que es inexistente para los trabajadores donde la empresa “no generó utilidades” de una forma curiosa e inexplicable, en los últimos diez años. Sí, vaya empresa que no genera utilidades pero que ahí está.
Soluciones inexistentes
El Instituto Mexicano del Seguro Social se encuentra en crisis, una que no es de tiempos recientes, es mucho muy añeja. La solución ha estado frente a él desde hace décadas, pero quienes lo dirigen no la aplican: auditar, con base en la información de las declaraciones fiscales de los patrones, para saber cuál es el salario real de los trabajadores.
Además de ello, ejercer las facultades de comprobación con que cuenta para verificar que los empleados que están dados de alta sean los que efectivamente están laborando en la empresa.
Este tipo de facultades de comprobación se les puede encontrar en todas las disposiciones administrativas y fiscales de las autoridades, particularmente las autoridades fiscales, pero también de las autoridades laborales.
La cuestión es que estas facultades no se ejercen. Gobiernos van y gobiernos vienen, algunos abanderan la causa de los trabajadores, pero ninguno ve por aquellos que viven en la precariedad laboral, en quienes no forman parte de los grandes sindicatos, que ven minados sus ingresos por virtud de una cultura laboral que persiste al amparo de la idea de que en México “no pasa nada”, y que las leyes laborales son optativas.
La reforma relativa a las vacaciones dignas sería un avance, pero apenas un pequeño paliativo para la deuda histórica que se tiene para el sector económicamente activo que vive en precariedad; que no tiene seguridad social, que no tiene acceso a una pensión, y que carece de las prestaciones laborales que están en la ley, una ley que no se aplica para ellos.