Karime Athie Ortiz
El Mundial FIFA 2026 es considerado uno de los eventos deportivos más esperados a nivel mundial. Este año, México, Estados Unidos y Canadá son los países sedes de este evento en donde se reúnen personas de diferentes naciones en una sola voz y corazón, creando identidad, emoción y orgullo, aunado a la gran derrama económica derivada del turismo y patrocinadores oficiales.
No obstante, existen riesgos graves en el aumento de la comisión de delitos, particularmente la trata de personas, así como el incremento de la violencia contra mujeres, niñas y niños, asociado al consumo excesivo de alcohol y drogas.
La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito en México ha advertido sobre las “ventanas de oportunidad” para redes criminales derivado del flujo masivo de personas en este tipo de eventos deportivos.
Recientemente se llevó a cabo un evento llamado “Trata de Personas y Copa Mundial 2026”, con la finalidad de prevenir y combatir este delito. Estuvieron presentes diversas autoridades, especialistas en cumplimiento normativo y seguridad, así como representantes del sector privado.
Existen factores de riesgo como el incremento y flujo constante de turismo internacional, la demanda de servicios sexuales, y la saturación de capacidades institucionales de seguridad y justicia.
La Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos, establece en su artículo 10 que comete el delito de trata quien capte, enganche, transporte, acoja o reciba personas con fines de explotación sexual, trabajo forzado, esclavitud, mendicidad forzada y servidumbre. La sanción es de 5 a 30 años de prisión, multas económicas elevadas y agravantes en caso de que las victimas sean mujeres, niñas o niños.
Diversas normas internacionales obligan a México a llevar a cabo acciones contra este delito, como la Convención de Belém do Pará, Convención de Palermo contra la delincuencia organizada transnacional, Convención sobre los Derechos del Niño, y la Convención contra la Esclavitud.
De acuerdo al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en 2024 se registraron 794 víctimas, en tanto que, en 2025, se registraron 1,150 víctimas, es decir, un aumento del 45 por ciento, sin embargo, es importante señalar que existe un subregistro, ya que el 96 por ciento de los casos no son denunciados. Esta llamada “cifra negra” de casos no denunciados es alarmante y exige que este delito sea atendido desde la prevención, la protección a las víctimas y la justicia.
La Organización de las Naciones Unidas con base en estudios criminológicos, señala que en eventos deportivos de alcance mundial se han identificado un incremento importante de explotación sexual forzada y de movilización constantes de redes criminales.
Es por lo anterior que, durante la realización del mundial en México, las autoridades deben actuar con diligencia reforzada, reconociendo la responsabilidad constitucional y de implementación de mecanismos eficaces para la detección temprana y persecución penal de este delito.
La coordinación interinstitucional que se está llevando a cabo para lograr la vigilancia y regulación de espacios de alta concentración turística es esencial para la seguridad de la población, así como para brindar confianza y certeza al turismo nacional e internacional.
El papel de la sociedad civil y del sector privado es fundamental para la promoción y difusión de las actuales campañas contra la trata de personas. En este sentido, el Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México, cuenta con una línea telefónica nacional contra la trata: 800 5533 000, con atención las 24 horas, los 365 días del año, en donde se puede realizar denuncias anónimas y la canalización a las fiscalías correspondientes.
Ser uno de los países sedes del Mundial 2026 va más allá de los estadios, los “fan fest”, y los eventos que enmarcan esta celebración. El éxito real no se medirá por la derrama económica, sino por la capacidad institucional de contener riesgos, de prevenir y atender los delitos, de garantizar la seguridad y protección a los sectores de la población que puedan encontrarse en situaciones de mayor vulnerabilidad.
Es una gran prueba frente a problemáticas complejas como la trata de personas y la violencia hacia las niñas, niños y mujeres, porque lo que realmente está en juego no es únicamente un espectáculo deportivo, sino la efectividad del aparato del Estado y la vigencia efectiva del Estado de derecho.