Cuatro años para modernizar la justicia civil y familiar en México | Paréntesis Legal

Dr. Ángel Durán Pérez

El 14 de marzo de 2023, en el Senado de la República se presentó el Proyecto del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares (CNPCF). Una legislación que promete ser un parteaguas en la justicia cotidiana, pues su contenido es moderno y garantizará la protección de la dignidad humana de todos los justiciables en México, principalmente los derechos de la familia.

Este proyecto es en cumplimiento al decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación del 15 de septiembre de 2017, en el que se reformaron y adicionaron los artículos 16, 17 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de justicia cotidiana (solución de fondo del conflicto y competencia legislativa sobre procedimientos civiles y familiares), adicionando además la fracción XXX al artículo 73 de la carta magna federal que textualmente quedó: XXX. Para expedir la legislación única en materia procesal civil y familiar.

La justicia cotidiana se trata de promover la resolución de conflictos de manera pacífica y justa, de forma que se respeten los derechos de todas las partes involucradas a través de medios informales y formales, además de accesibles para todos.

Ya habían pasado más de cinco años de omisión legislativa hasta que una organización de abogados y abogadas, presentó amparo y finalmente ordenaron al Congreso de la Unión que expidiera el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares.

La presentación estuvo a cargo de la Presidenta de la Comisión de Justicia, Senadora Olga Sánchez Cordero y del Presidente de la JUCOPO, Senador Ricardo Monreal Ávila.

EL CNPCF es una legislación que se va a aplicar en todo la república y los estados adecuarán su sistema local a él, está hecho conforme tratados internacionales, la estructura es nueva, aunque las instituciones jurídicas del actual sistema civil son las mismas se preferirá la oralidad en vez de la forma escrita, aunque ésta no desaparece del todo. De igual forma el uso de la tecnología impacta en este proyecto, ahora el expediente electrónico surgirá sobre el expediente físico, habrá audiencias en línea y de esta forma ya no importa en el lugar en el que se encuentren las partes, el proceso será más ágil y esto evita el traslado de personas a los tribunales, bajarán los gastos de los juicios y se acercará la justicia a las personas.

Destacan quienes presentan el CNPCF que: “cualquiera de las audiencias que en el código se señale, se podrán llevar a través de Metaverso, cuyo concepto es el espacio virtual que posibilita la convivencia social en el mundo digital, a través de experiencias gráficas y masivas en tercera dimensión, que suele utilizar tecnología de realidad virtual, realidad aumentada, realidad mixta o híbrida.” Sin duda, las y los juzgadores mexicanos tendremos que adaptarnos a estos nuevos retos.

Este proyecto también busca maximizar los principios del interés superior de la infancia, que los jueces resuelvan con perspectiva de género, de equidad y protejan a grupos sociales en situación de vulnerabilidad, todo bajo una perspectiva de la protección de derechos humanos que hoy tienen nuestro sistema constitucional mexicano desde el 10 de junio de 2011.

Se incluye el representante social que debe procurar la legalidad de los asuntos civiles y familiares, así como la representación de la sociedad en procedimientos de interés público de acuerdo con la ley de cada Estado, se otorgan amplias facultades de dirección a las autoridades jurisdiccionales, sobre todo, cuando se trate de proteger derechos de comunidades indígenas o afromexicanas, en estos casos los y las juzgadores deben proporcionarles intérpretes si alguna de las partes lo necesita.

El tercer libro señala que los tribunales deben juzgar con perspectiva de derechos humanos, con perspectiva de género sobre todo en conflictos de menores y adolescentes, aplicar el principio de mínima intervención, homogeneización de plazos y términos funcionales en todos los procedimientos, hacer efectivo el principio de concentración e inmediación en todas las instancias del juicio.

Mayor intervención de mediadores y conciliadores en centros de justicia alternativa, la participación de notarios y especial cuidado para evitar la re-victimización, habrá suplencia en general.

Las pruebas serán valoradas conforme a un alto entendimiento de raciocinio y bajo una visión garantista, el procedimiento principalmente será por comparecencia y que el juicio se resuelva en una sola audiencia.

Este proyecto de código fue realizado en un plazo de aproximadamente 10 meses por un grupo de trabajo en materia de justicia cotidiana en la que tenía como objetivo; analizar, modificar y proponer la armonización y homologación de la justicia cotidiana, se llevaron a cabo 50 sesiones de trabajo, cada una de ellas de cuatro horas y se tiene programado para que salga antes del día último de abril de 2023. Los integrantes de este grupo de trabajo legislativo, estuvo conformada por académicos, investigadores, jueces, sociedad civil organizada, personas especializadas e interesadas en esta materia.

Los estados tienen una gran obligación para que este proyecto salga bien, tendrán que destinar además de voluntad, el presupuesto necesario a fin de lograr el objetivo, pues la Cámara de Diputados les otorgó cuatro años para que entre en vigor en todo el país (2023-2027).

El día de la presentación del proyecto estuvieron presentes todos los presidentes y presidentas de los poderes de justicia local, lo cual aceptaron el reto y el compromiso de implementarla en sus estados.

Sin dejar de reconocer que los tribunales de justicia local contribuyeron a presentar su iniciativa a fin de que esto diera resultados y que es lo que ahora estamos viendo, lo anterior se expresa en la exposición de motivos de este gran trabajo al señalar expresamente que: “un proyecto elaborado desde la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos (CONATRIB), organismo que ha sido uno de los sectores que han operado, operan y seguirán operando las normas adjetivas en las materias civil y familiar, sustentado en su experiencia e intercambio de opiniones entre los órganos jurisdiccionales del fuero común del país.”

En este proyecto de mejora en la justicia cotidiana participaron entre otros, el poder judicial colimense y que espero que el poder ejecutivo y legislativo de esta entidad federativa ayuden a consolidar esos esfuerzos, porque redundarán en beneficio de la justicia mexicana y muy en particular la justicia colimense.