Sergio A. Villa
Hace algunos meses me integré como parte de la defensa de una de las víctimas en el caso Tadic Astorga y otros vs Bolivia[1]. Al examinar la materia del caso quedé sorprendido no sólo por las cuestiones técnicas que estaban siendo discutidas sino por lo lamentable de los actos y omisiones de las autoridades bolivianas que constituyeron múltiples violaciones a los derechos humanos de las víctimas. Este caso es comúnmente conocido como el “Caso Terrorismo”, el “Caso Rosza” o “la masacre en el Hotel de las Américas”. De modo que, si usted, estimado o estimada lectora, no está familiarizada con el mismo, ya puede hacerse una idea de las cosas que estan involucradas.
Dicho esto, tomo el espacio que amablemente me permite ocupar Paréntesis Legal para hacer un par de comentarios y precisiones sobre el caso, sobre todo porque las autoridades, a nivel interno, estan sembrando confusión y la revictimización de las personas que son parte de este caso, y eso no puede permitirse.
Contexto del caso
En la madrugada del 16 de abril de 2009, se desarrolló un operativo policial en el Hotel Las Américas en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, cuyo objetivo era lograr la detención de personas que habían sido denunciadas por supuestamente estar planeando un golpe de Estado en contra del Gobierno de Evo Morales, así como su asesinato, y por estar relacionadas con la detonación de un artefacto explosivo en la casa del Cardenal Julio Terrazas. Este operativo ocasionó la muerte de tres personas: Eduardo Rózsa-Flores, un húngaro-boliviano; Michael Dwyer, un irlandés; y Árpád Magyarosi, un húngaro-rumano, asi como la detención de diversas personas, entre ellas, Elod Tóásó, Francisco Tadic, el día de los hechos, y posteriormente (algunos días después, pero en el mismo mes de abril de 2009) la detención de Alcides Mendoza y Juan Carlos Guedes; siendo que, según la versión del Gobierno, todos ellos estaban relacionados al formar parte de una supuesta célula separatista terrorista.
Este incidente, ha sido uno de los eventos más controvertidos en la historia reciente de Bolivia y ha suscitado numerosas investigaciones y debates a nivel nacional e internacional. El operativo en el Hotel Las Américas fue presentado por el gobierno de Evo Morales como un golpe decisivo contra un complot terrorista. No obstante, existe un sinnúmero de contradicciones en las versiones expuestas por las autoridades para sostener tal operativo y múltiples arbitrariedades que infringen el derecho.
Una vez que se suscitó el operativo, comenzaron diversos procesos a nivel interno en contra de las víctimas, pero también, lamentablemente, fueron objeto de diversas violaciones a sus derechos humanos. Algunos de los ejemplos de violaciones a los que fueron sometidos, desde luego, cada uno de forma singular y desde distintas perspectivas, son: incomunicación; todo tipo de vejámenes, pasando por amenazas, siendo encañonados, golpeados, sometidos a oler combustibles o suministrándoles medicamentos que subían su ritmo cardíaco para llevarlos al límite mientras estaban siendo interrogados y presionados para dar información sobre el montaje del Gobierno de Evo; acusaciones judiciales por los delitos de terrorismo y alzamiento armado; detenciones preventivas irrazonables y desproporcionadas; obstáculos para ejercer de manera adecuada su derecho a las garantías judiciales, y un sinfín de cuestiones que desde luego son contrarias al elenco de derechos que resguarda la Convención Americana Sobre Derechos Humanos.
Trámite ante el Sistema Interamericano
Mientras transcurrían los procesos judiciales y desde septiembre del año 2009, las victimas impulsaron una petición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos: considero oportuno señalar que las únicas personas que figuraron como peticionarias son la hermana del difunto Michael Dwyer, Elod Tóásó, Francisco Tadic, Alcides Mendoza y Juan Carlos Guedes. En términos concretos, los peticionarios alegaban que se cometieron ejecuciones extrajudiciales, torturas y detenciones ilegales. Este proceso, tras desarrollarse conforme al procedimiento correspondiente, se resolvió a partir de la aprobación del informe de fondo número 394/2021 el día 21 de diciembre del año 2021. Si bien es cierto que no es posible que pueda exponer detalles específicos sobre dicha resolución, si puedo exponer algunas cosas relevantes que coinciden con lo que previamente ha difundido el Gobierno de Bolivia sobre este caso, pero es justo eso sobre lo que quiero hacer algunas precisiones. Sin embargo, antes de eso señalaré algunos puntos de ese informe de fondo sobre las violaciones:
- Se encontró que las autoridades, en los hechos del Hotel las Américas, usaron la fuerza letal de un modo desproporcionado, lo que constituyó una violación al derecho a la vida de Michael Dwyer, es decir, una privación arbitraria de la vida.
- Se encontró que Tadic y Elod Tóásó, fueron sujetos a una incomunicación que se prolongó por más de dos meses, no obstante que el orden jurídico interno lo contemplaba con una temporalidad perentoria de 24 horas.
- Se encontró que Tadic y Elod Tóásó fueron golpeados, amenazados y torturados, además de que no recibieron tratamientos médicos adecuados para que se atendieran las múltiples lesiones que les fueron generadas con motivo del operativo.
- Del mismo modo, se encontró que las condiciones de hacinamiento y de una infraestructura deficiente en que se encontraron durante su detención Tadic, Tóásó, Guedes y Mendoza, generaron un detrimento en su salud, en la ausencia de una alimentación adecuada, falta de ropa, entre otras cosas que constituyeron una afectación en su integridad personal.
- Se encontró que Tadic y Tóásó no fueron detenidos bajo las características de la flagrancia, lo que constituyó una detención arbitraria. Asimismo, se encontró que las autoridades incumplieron con el deber de investigar las denuncias de tortura que fueron puestas en conocimiento de las autoridades, por parte de las víctimas.
Y sobre lo anterior, la Comisión consideró oportuno dictar diversas medidas para buscar que se reparara a las víctimas, entre ellas destacan:
- Que se reparen integralmente las violaciones encontradas, tanto en el aspecto material como inmaterial.
- Disponer de medidas para la atención médica de las víctimas y su rehabilitación.
- Iniciar una investigación penal de forma diligente, cuyo objetivo sea esclarecer las graves violaciones a derechos humanos examinadas en el informe de fondo.
- Determinar las medidas que se estimen pertinentes para que las violaciones no vuelven a repetirse, tales como capacitaciones de las autoridades, entre otras.
Comentarios
Todo lo determinado por la Comisión Interamericana es importante, pero existen algunos aspectos que, desde luego, generan mayor rechazo al cumplimiento de esa decisión por parte de las autoridades. Principalmente, me permito señalar que la agencia del Estado ha llevado en la parte del procedimiento en que se examina el cumplimiento del informe de fondo, un litigio completamente obstaculizador. El informe de fondo emitido en 2021 no ha sido cumplido por las autoridades, y eso se ha retrasado con motivo de diversas excusas inconsistentes y sin fundamento. Pero primero, el tema importante. Y es que, a la luz de ese informe de fondo, lo que debería suceder a nivel interno es que se investigue, sujete a proceso y juzgue penalmente por su participación a los responsables de los hechos del Hotel de las Américas. No obstante, los procesos que dicen estar impulsando para cumplir con ese aspecto del informe de fondo, se llevan a cuenta gotas y con actuaciones risibles, que son muestra patente de que esos procesos son meramente ilusorios.
Luego, las autoridades manifiestan en comunicados oficiales y ante los medios de comunicación que tiene plena voluntad en cumplir el informe de fondo y reparar a las víctimas, pero no son capaces ni de suministrar un tratamiento médico y un seguimiento de salud adecuado y sobre todo, especializado pensando en que las víctimas fueron victimas de tortura. Lo único que proponen al respecto, es que se les atienda en clínicas universales conforme al programa de salud nacional.
Por cuanto ve al aspecto económico, se generó una discusión absurda con motivo de una solicitud planteada por el Estado que simplemente no tenia sentido alguno. Las autoridades generaron la prorroga para que no se remitiera el caso a la Corte Interamericana en cuando menos 3 ocasiones, justificándose en que necesitaban el asesoramiento técnico de la Comisión con un material que les indicara, con base en otros casos similares, qué montos y aspectos debían considerarse para la reparación económica. Lo absurdo de esto es que, al momento de justificar su propuesta sobre planes de rehabilitación, curiosamente si realizaron por sí mismos un análisis de los precedentes de Comisión. Es decir, en cuanto beneficia al Estado si hacen una aplicación automática de los precedentes, pero cuando se refiere a cuestiones en las que pretenden obstaculizar la posibilidad de que exista algún avance, desconocen los precedentes. Finalmente se salieron con la suya y obtuvieron el dictamen, pero al momento, no se ha ni tratado de tener una reunión con las victimas a fin de proponer la forma en al que podría repararse esto.
Las prorrogas concedidas por la Comisión Interamericana no han sido porque las autoridades realmente demuestren voluntad por cumplir. En realidad, han usado una serie de estrategias que solo buscan retrasar lo mas posible la remisión del Caso a la Corte Interamericana.
Esa “buena voluntad” se ve opacada por los amagues del propio Procurador que sale a medios a manifestar que buscaran reabrir el caso Terrorismo, como una especie de mensaje amenazante para las víctimas que precisamente con motivo de dicho caso judicial, es que fueron sometidas a todo tipo de vejámenes, pues de esa forma, buscaban producir pruebas artificialmente para sostener la masacre del Hotel de las Américas.
Esperemos noticias dentro de 3 meses.
[1] Identificado con el número de caso 13,546 ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.