Dr. Ángel Durán Pérez
La democracia en su concepción gramatical, representa el anhelo más trascendental tanto a nivel individual como colectivo, con el propósito de vivir en paz y armonía.
Entendiendo como una democracia real, eficiente y en el que la sociedad la perciba, es la satisfacción de que todos sus derechos se garantizan en realidad cuando menos en un 80% en cuanto a calidad, seguridad pública, economía, justicia, empleos, combate a la impunidad, a la corrupción, una realidad en la buena división de poderes, en general, una buena calidad en este porcentaje de garantía por parte del Estado a cada persona individual y en lo colectivo.
Un Estado democrático tiene que pasar este nivel de calidad, esa calidad tiene que ser medible por la percepción social, por eso es que una democracia plena empieza a partir de ese porcentaje según la opinión de Latino Barómetro, un organismo internacional que mide la confianza social de democracia en más de 167 países.[1]
Actualmente, México ha retrocedido en percepción de democracia, así lo ha señalado el Índice de la Democracia 2022, elaborado por la revista británica The Economist , nuestro país (México) pasó del puesto 86 al 89 de un total de 167 naciones analizadas.
Ante tal problemática, necesitamos replantear acciones tendentes a superar los obstáculos que nos impiden consolidar nuestra democracia, pues un Estado moderno se caracteriza por materializar la eficacia de los derechos y la satisfacción de esos mismos derechos en las personas, tanto en lo individual como en lo colectivo.
En ese sentido, resulta fundamental detenernos y reflexionar sobre cómo podemos alcanzar este anhelado sistema. Actualmente, un Estado democrático es aquel que garantiza el respeto a los derechos humanos ¡pero de calidad! tanto a nivel individual como colectivo. Sin embargo, no se ha logrado su consolidación efectiva, ya que ha sido meramente un enunciado de promesas estatales y garantías que, en la práctica, no se han cumplido. Nos encontramos inmersos en un paradigma histórico del derecho a tener una democracia, donde se intenta dotar a las instituciones de las mejores herramientas jurídicas para asegurarla. No obstante, no se ha tenido el cuidado necesario de trabajar en una sinergia responsable, agotando todos los elementos para lograr dicho resultado.
Gran parte de esta problemática se debe al sistema legal que hemos mantenido durante casi 250 años, en el cual, prácticamente en todo el mundo, se ha establecido que los documentos más importantes de un país son, en primer lugar, la Constitución, seguido por la ley y, posteriormente otros documentos jurídicos como reglamentos y decretos de menor jerarq
Si la Constición, como documento máximo, establece que la democracia es un derecho, tanto individual como colectivo, debería ser suficiente para que el Estado garantice con sus leyes, emanadas de dicha Constitución y aseguren esa democracia real para las personas.
No obstante, esto no ha sucedido. Para replantear la necesidad de cómo lograrlo, es necesario adoptar acciones diferentes, ya que el realismo jurídico nos ha superado y debemos explorar nuevas ideas y acciones asertivas para asegurar que los derechos humanos, tanto individuales como colectivos, estén garantizados de forma integral y automática en todo el sistema normativo, el cual debe aplicarse de forma interconectada.
Por ello, podríamos considerar que el derecho a la democracia es uno de los pilares fundamentales de los Estados modernos, especialmente para protegerlo de la mejor manera en el siglo XXI.
Comenzaremos pensando en la democracia como el círculo más amplio que engloba a todo un sistema normativo, incluyendo a la Constitución, los tratados internacionales de derechos humanos, las leyes secundarias, los decretos, los reglamentos, los usos y costumbres, así como los valores y principios humanistas. Todos estos elementos deben trabajar en sinergia tanto de forma horizontal, de forma espiral y vertical. El resultado de este enfoque servirá tanto para las acciones individuales como colectivas del pueblo, y también deberá ser implementado por el Estado y sus instituciones.
A través de este principio de sinergia institucional, cada entidad deberá cumplir con sus atribuciones y funciones, así como con sus derechos y deberes individuales, generando un único concepto: si garantizamos el círculo de la democracia en cuanto a derechos y deberes, la democracia alcanzará sus niveles más altos de eficacia.
Para lograr el círculo pleno de la democracia, es fundamental adoptar un enfoque jurídico y ético que nos permita repensar y reconfigurar nuestro sistema normativo. Debemos reconocer que la democracia va más allá de meras declaraciones formales y promesas, sin que se piense en los resultados. Requiere una acción concreta y una implementación efectiva de los principios y valores democráticos en todas las dimensiones de la vida política y social.
En primer lugar, es necesario fortalecer y reinterpretar la Constitución como el pilar fundamental de nuestro ordenamiento jurídico y desentrañar de ella el derecho a la democracia y su forma de aplicación.
La Constitución debe ser un documento vivo, capaz de adaptarse a los cambios sociales y responder a las demandas del pueblo. Además de establecer los derechos y garantías fundamentales, debe fijar las reglas y condiciones claras para el funcionamiento de las instituciones democráticas, así como los mecanismos de participación ciudadana y rendición de cuentas. Asimismo, debemos valorar la importancia de los tratados internacionales de derechos humanos en la protección y promoción de la democracia.
Estos instrumentos internacionales deben ser integrados plenamente en nuestro sistema normativo, asegurando su aplicabilidad directa y prioridad sobre las leyes nacionales. Esto implica que los derechos y libertades consagrados en dichos tratados, deben ser plenamente respetados y garantizados por el Estado y sus instituciones.
En cuanto a las leyes secundarias, decretos y reglamentos, es necesario revisar y adecuar su contenido para asegurar la coherencia y armonía con los principios democráticos. Estas normas deben ser claras, accesibles y previsibles, de manera que los ciudadanos puedan comprender y ejercer plenamente sus derechos y deberes. Además, es esencial que exista un sistema efectivo de control y supervisión para evitar abusos de poder y corrupción, garantizando la transparencia y la rendición de cuentas en todos los niveles de gobierno.
No podemos olvidar la importancia de aplicar los valores y principios que están de forma expresa e implícitamente en la consolidación de la democracia.
La ética pública, la responsabilidad, la igualdad, la justicia y el respeto a los derechos humanos deben impregnar en todas las acciones y decisiones de los funcionarios públicos. Asimismo, es necesario fomentar una cultura de participación ciudadana activa, donde los ciudadanos se involucren de manera informada y responsable en los asuntos públicos, ejerciendo su derecho a expresar sus opiniones y demandas.
En este proceso de reconfiguración del sistema normativo, es fundamental contar con la participación y el diálogo de diversos actores sociales, expertos en derecho constitucional y convencional, así como especialistas en ética y filosofía política.
La construcción de consensos y la búsqueda del bien común, deben ser los pilares sobre los cuales se edifique la democracia.
El círculo de la democracia requiere de un esfuerzo constante de reinterpretación y reconfiguración de nuestro sistema normativo.
Debemos ir más allá de las palabras y garantizar una implementación efectiva de los principios y valores democráticos en todas las esferas de la sociedad. Solo así podremos alcanzar una democracia plena, que respete y proteja los derechos individuales y colectivos, promueva la igualdad, la justicia y la participación ciudadana, y asegure el funcionamiento eficiente y transparente de las instituciones democráticas.
Para lograr este objetivo, es necesario promover una cultura democrática y que se arraigue en la sociedad. Esto implica educar a la población en los valores y principios democráticos desde temprana edad, fomentando la tolerancia, el diálogo y el respeto por la diversidad de pensamientos.
Asimismo, se deben crear espacios de participación ciudadana que permitan a los ciudadanos involucrarse activamente en la toma de decisiones que afectan sus vidas y en la fiscalización del poder público.
En el ámbito institucional, es fundamental fortalecer los mecanismos de control y equilibrio de poderes.
Esto implica, garantizar la independencia y autonomía de los poderes judicial y legislativo, así como el respeto a los derechos de oposición y la existencia de un sistema de pesos y contrapesos efectivo.
Además, se deben establecer mecanismos de rendición de cuentas y transparencia que permitan la detección y sanción de actos de corrupción y abuso de poder.
La democracia también debe ser inclusiva y garantizar la participación equitativa de todos los sectores de la sociedad. Esto implica reconocer y proteger los derechos de los grupos vulnerables, como las minorías étnicas, los pueblos indígenas, las mujeres, las personas con discapacidad y la comunidad LGTB+. Se deben eliminar las barreras que impiden su plena participación política y se deben implementar políticas públicas que promuevan su inclusión y empoderamiento. Asimismo, es importante impulsar y fomentar la cooperación internacional en materia de democracia. Coadyuvar en los desafíos que enfrentamos en la actualidad, como el cambio climático, la migración, el terrorismo y la pobreza, requieren de respuestas globales basadas en principios democráticos y en el respeto a los derechos humanos.
Los Estados deben colaborar entre sí, fortaleciendo los mecanismos de gobernanza y promoviendo la adhesión a los estándares internacionales de democracia y derechos humanos.
Para terminar, el círculo de la democracia requiere de un esfuerzo conjunto y constante por parte de la sociedad, las instituciones y la comunidad internacional.
Reinterpretar y reconfigurar nuestro sistema normativo, fortalecer los valores y principios democráticos, promover la participación ciudadana y garantizar la inclusión de todos los sectores de la sociedad son los pilares fundamentales para alcanzar una democracia plena y efectiva.
Solo así podremos construir un mundo en el que cada individuo y cada pueblo, puedan vivir en paz, libertad y armonía. Todo esto no tiene otro fin, más que garantizar la protección a la dignidad humana, valor, principio y derecho que es el centro del círculo de la democracia que irradia a todo el sistema normativo en cada estado nación.
[1] Consultable en: https://politica.expansion.mx/mexico/2023/02/03/the-economist-mexico-vive-un-proceso-de-retroceso-democratico-con-amlo