Ángel Durán Pérez
La movilidad es un derecho humano fundamental, íntimamente ligado al acceso a otros derechos básicos como la educación, la salud, el empleo y la participación en la vida pública.
Este derecho se traduce en la capacidad de las personas para desplazarse de un lugar a otro de manera segura, accesible y eficiente, sin importar sus condiciones económicas, sociales o geográficas.
En este contexto, el Estado tiene la obligación de garantizar un sistema de transporte público que permita a todos los ciudadanos ejercer este derecho, a través de diferentes modalidades como bicicletas, camiones, urbanos, taxis, vehículos de plataforma y aviones, entre otros.
El derecho a la movilidad se puede definir como el derecho de todas las personas para trasladarse de un lugar a otro dentro de un espacio geográfico determinado, utilizando los medios de transporte disponibles.
Este derecho no solo implica la disponibilidad de transporte, sino también que este sea seguro, accesible, eficiente, asequible y sostenible.
Además, está estrechamente vinculado al derecho a la ciudad, el cual se refiere a la posibilidad de que todos los habitantes de una ciudad puedan disfrutar de sus beneficios y participar en su desarrollo, sin ser excluidos por razones económicas, sociales o físicas.
En este sentido, el derecho a la movilidad no solo se refiere al acceso a medios de transporte, sino también a la infraestructura y a las condiciones que permiten que estos medios sean utilizables de manera equitativa.
Esto incluye la existencia de rutas adecuadas, estaciones y paradas seguras, y la integración de diferentes modos de transporte en un sistema coherente y eficiente.
La movilidad social, en términos de transporte, puede dividirse en varias modalidades, cada una con sus características y desafíos específicos.
Entre estas modalidades se encuentran:
- Transporte Público Colectivo: Incluye autobuses, trenes, metros y tranvías, que son fundamentales para garantizar la movilidad de grandes masas de personas a bajo costo. La calidad de este tipo de transporte es crucial, ya que una deficiencia en su funcionamiento puede impactar gravemente la calidad de vida de quienes dependen de él.
- Transporte Individual o Semi-Colectivo: Abarca taxis, vehículos de plataforma (como Uber o Didi) y mototaxis, que ofrecen una alternativa más flexible al transporte colectivo, pero que también presentan desafíos en cuanto a regulación, seguridad y costos.
- Movilidad no Motorizada: Se refiere al uso de bicicletas y la caminata, modalidades que no solo son sostenibles desde un punto de vista ambiental, sino que también contribuyen a la salud pública. Sin embargo, su implementación efectiva requiere una infraestructura adecuada, como ciclovías y aceras seguras.
- Transporte Aéreo: Aunque es menos utilizado para la movilidad diaria, el transporte aéreo es esencial para garantizar la conectividad entre regiones distantes, especialmente en un país como México, donde las distancias entre ciudades pueden ser significativas.
El derecho a la movilidad, como cualquier otro derecho humano, requiere de un marco legal y de autoridades competentes para su implementación y supervisión.
En México, la responsabilidad de garantizar este derecho recae en diversas autoridades a nivel federal, estatal y municipal.
A nivel federal, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) es la principal responsable de regular y supervisar el sistema de transporte en el país.
Esta dependencia tiene la obligación de establecer las normas y políticas necesarias para asegurar que todos los ciudadanos tengan acceso a un transporte seguro y eficiente.
A nivel estatal y municipal, las secretarías de movilidad y transporte tienen la tarea de implementar estas políticas y garantizar su cumplimiento en sus respectivas jurisdicciones.
El marco legal que regula el derecho a la movilidad en México incluye diversas leyes y reglamentos, como la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, la cual establece los principios y lineamientos para garantizar un transporte seguro y accesible para todos. Esta ley se complementa con leyes estatales y municipales que adaptan estos principios a las necesidades y realidades locales.
Para que el derecho a la movilidad sea efectivamente garantizado, es necesario que se cumplan una serie de requisitos. Estos incluyen:
- Infraestructura Adecuada: Es fundamental contar con una infraestructura que soporte el uso de diferentes modos de transporte. Esto incluye la construcción y mantenimiento de carreteras, puentes, ciclovías, aceras, y estaciones de transporte público. La infraestructura debe ser accesible para todas las personas, incluyendo aquellas con discapacidades.
- Transporte Seguro y Confiable: Los vehículos utilizados en el transporte público y privado deben cumplir con estándares de seguridad y mantenimiento. Además, es esencial que las unidades sean revisadas periódicamente por las autoridades competentes para asegurar que están en condiciones óptimas para operar.
- Capacitación de Operadores: Los conductores y operadores de transporte público deben recibir capacitación continua en temas de seguridad vial, atención al cliente y derechos humanos. Esto no solo mejora la calidad del servicio, sino que también contribuye a la seguridad de los usuarios.
- Espacios Seguros: Las estaciones, paradas y terminales de transporte deben ser lugares seguros y confortables.
Esto implica la instalación de iluminación adecuada, cámaras de seguridad, y la presencia de policías o personal de seguridad para prevenir delitos.
Además, es importante que estos espacios estén protegidos de las inclemencias del clima, como el sol, la lluvia o el frío.
El Estado tiene la obligación de garantizar que el sistema de transporte público sea accesible, seguro y eficiente.
Esto implica no solo la creación de leyes y regulaciones, sino también la supervisión constante del cumplimiento de estas normas.
Las autoridades deben realizar inspecciones regulares a las unidades de transporte y a la infraestructura para asegurar que cumplen con los requisitos establecidos por la ley.
Por otro lado, los concesionarios de transporte público también tienen responsabilidades importantes.
Éstos deben garantizar que las unidades que operan cumplan con los estándares de seguridad y que los conductores estén debidamente capacitados.
Además, tienen la obligación de ofrecer un servicio higiénico y de calidad, y de colaborar con las autoridades para asegurar que se cumplen las normativas vigentes.
Un aspecto fundamental del derecho a la movilidad es la protección de los derechos de los usuarios del transporte público.
Las autoridades deben tomar medidas preventivas para evitar que se cometan violaciones a los derechos humanos de quienes utilizan estos servicios.
Esto incluye la implementación de sistemas de vigilancia y la realización de rondines policiales en las zonas donde se encuentran las estaciones y paradas de transporte.
En caso de que se cometa algún delito o violación a los derechos de los usuarios, las autoridades deben actuar de manera rápida y eficiente para investigar el caso, sancionar a los responsables y reparar el daño causado.
El Estado tiene la obligación de proteger a los ciudadanos y de garantizar que puedan utilizar el transporte público sin temor a ser víctimas de delitos o abusos.
Otro aspecto crucial del derecho a la movilidad es la accesibilidad económica del transporte público.
El precio que se cobra por estos servicios debe ser razonable y estar al alcance de todos los ciudadanos, independientemente de su nivel socioeconómico.
El Estado tiene la responsabilidad de regular las tarifas y de proporcionar subsidios o apoyos económicos cuando sea necesario para asegurar que todos puedan acceder al transporte.
Al mismo tiempo, es importante reconocer los derechos de los concesionarios y operadores de transporte. Éstos tienen derecho a recibir un pago justo por sus servicios, y a contar con el apoyo del gobierno para mejorar la calidad y la eficiencia de sus operaciones. Esto puede incluir incentivos fiscales, subsidios para la renovación de unidades, y programas de capacitación para sus empleados.
El derecho a la movilidad es un componente esencial del derecho a la ciudad y, por lo tanto, un pilar fundamental de una sociedad justa y equitativa. Garantizar este derecho no es solo responsabilidad del Estado, sino también de los concesionarios, los operadores de transporte y la sociedad en general.
Todos deben trabajar juntos para construir un sistema de transporte que sea seguro, accesible, eficiente y sostenible.
El Estado, por su parte, debe cumplir con su obligación de crear y hacer cumplir las leyes y regulaciones necesarias para proteger este derecho.
Los concesionarios deben asegurar que sus servicios cumplen con los estándares de calidad y seguridad, y los ciudadanos deben hacer valer su derecho a un transporte digno, exigiendo mejoras cuando sea necesario y utilizando el sistema de manera responsable.
Solo a través de la colaboración y el compromiso de todos los actores involucrados será posible construir un sistema de movilidad que realmente responda a las necesidades de la población y que garantice el pleno ejercicio del derecho a la movilidad para todos.
Ahora bien, las consecuencias del Incumplimiento de las Reglas de Movilidad Social por parte del estado, da lugar a generar problemas, ejemplo:
Impacto en la Seguridad y Bienestar de los Usuarios: Uno de los efectos más graves del incumplimiento de las reglas de movilidad es la puesta en riesgo de la seguridad de los usuarios. Por ejemplo, si los vehículos no son debidamente mantenidos o si los conductores no están capacitados, puede haber un aumento en la incidencia de accidentes, poniendo en peligro la vida y la integridad física de las personas.
Deterioro de la Calidad del Servicio: El incumplimiento también puede resultar en un servicio deficiente, caracterizado por la falta de puntualidad, la sobrecarga de pasajeros, la falta de higiene en las unidades, y el trato inadecuado por parte de los conductores. Esto disminuye la accesibilidad y calidad del transporte público, afectando especialmente a las personas que dependen de él para sus actividades diarias.
Vulneración de Derechos Humanos: La falta de seguridad en las estaciones y paradas de transporte, así como la insuficiente vigilancia, puede dar lugar a situaciones de acoso, robos u otros delitos. Esto no solo impacta la seguridad física de los usuarios, sino que también vulnera sus derechos humanos básicos, como el derecho a la integridad personal y a la libertad de movimiento.
Consecuencias Económicas: El incumplimiento puede generar costos adicionales tanto para los usuarios como para el Estado. Los usuarios podrían verse obligados a gastar más en transporte privado o en medidas de seguridad adicionales, mientras que el Estado tendría que invertir más recursos en reparar o compensar las deficiencias del sistema de transporte público.
¿Cómo podemos defendernos ante este incumplimiento? Cuando la sociedad se enfrenta a incumplimientos en las reglas de movilidad social, existen varios mecanismos a los que puede recurrir para defender su derecho:
Denuncias ante Autoridades Competentes: Los ciudadanos pueden presentar quejas o denuncias ante las autoridades de movilidad o transporte a nivel municipal, estatal o federal. Estas autoridades tienen la responsabilidad de investigar las denuncias y, en su caso, imponer sanciones a los concesionarios o a los operadores que hayan incumplido con sus obligaciones. En México, la Secretaría de Movilidad (o su equivalente local) es la entidad principal encargada de estos temas.
Procuradurías de Derechos Humanos: Si el incumplimiento conlleva una violación de derechos humanos, como la seguridad o la integridad física, los ciudadanos pueden acudir a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) o a las comisiones estatales de derechos humanos. Estas instituciones pueden intervenir para proteger los derechos de las personas afectadas y emitir recomendaciones a las autoridades correspondientes.
Amparos Judiciales: En casos donde el derecho a la movilidad está siendo gravemente vulnerado, los ciudadanos pueden recurrir al amparo, un mecanismo legal que protege los derechos fundamentales de las personas en México. Un amparo puede solicitarse ante los tribunales, y si es concedido, obliga a las autoridades a tomar medidas inmediatas para corregir la situación.
Acciones Colectivas: Si el problema afecta a un grupo significativo de personas, es posible interponer una acción colectiva. Este tipo de demandas permite que un grupo de ciudadanos se una para defender sus derechos ante un tribunal, logrando que se tomen medidas que beneficien a todos los afectados.
Organismos de Control y Supervisión: Los ciudadanos también pueden recurrir a organismos de control y supervisión, como los institutos de transporte público y los observatorios ciudadanos de movilidad. Estos organismos pueden ejercer presión sobre las autoridades y los concesionarios para que cumplan con sus obligaciones y mejoren el servicio.
Sin duda, el derecho a la movilidad en nuestro país es un derecho fundamental que todas las personas debemos tomar en cuenta, especialmente quienes de alguna u otra forma utilizamos el transporte público.
Las autoridades deben tener un enfoque con mayor responsabilidad moral y ética, pues se sabe que millones de personas se transportan en vehículos que tienen permiso para trasladar personal.
Sin embargo, muchos de estos vehículos son de alto riesgo, ineficientes y no cuentan con seguros para cubrir los gastos ocasionados por accidentes.
Este derecho fundamental aún necesita ser reforzado mucho más en nuestro país para garantizar la movilidad de forma segura, eficaz y que represente un avance en el mantenimiento y buena conservación de la infraestructura urbana por donde circulan estas unidades automotrices.
Por ello, este derecho fundamental es parte del engranaje del sistema jurídico mexicano que permite garantizar los derechos humanos de forma integral, especialmente al mover a la sociedad de un lugar a otro sin riesgo.
Fuentes
– Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, México https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGMSV.pdf
– Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) https://www.gob.mx/sct
– Observatorio de Movilidad Urbana, ONU-Habitat.
– OBSERVATORIOS METROPOLITANOS GuÍa para la EstructuraciÓn e ImplementaciÓn https://unhabitat.org/sites/default/files/2020/08/observatorios_metrohub-05082020.pdf
– MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE Y ESPACIO PÚBLICO, https://unhabitat.org/sites/default/files/documents/2019-06/sustainable_urban_mobility_and_public_space.pdf
En este ensayo se utilizó ChatGPT de OpenAI para la revisión de ortografía, sintaxis y prosodia.