Ángel Durán Pérez
El sistema de justicia enfrenta un desafío importante dentro de la democracia judicial ahora que se pretende elegir a los jueces a través del voto popular, ¿es bueno o malo?
La iniciativa presidencial, aunque se ha dicho que tiene la intención de democratizar y hacer más transparente el proceso de selección de jueces, también plantea una serie de preocupaciones sobre la politización de la justicia.
La premisa fundamental detrás de la elección popular, es que el pueblo debería tener una voz directa en la selección de aquellos que interpretan y aplican las leyes. Sin embargo, este enfoque también podría llevar a que los jueces se vean obligados a tomar decisiones basadas en la opinión pública y no necesariamente en la justicia imparcial.
Lo anterior es normal, porque ya estamos acostumbrados a que cuando hay un cambio radical, lo primero que hacemos es dudar. Por eso tanta politización: ya estábamos acostumbrados a la forma de designar a ministros y juzgadores.
Que la sociedad intervenga en la forma que se pretende hacer, no significa que se acabe el poder judicial o que vaya a empeorar la autonomía e independencia; de todas formas, el sistema judicial no es ni autónomo ni independiente.
De que ocurra depende de cómo lleguen y de qué calidad sean los candidatos que se presenten a los votantes; eso lo podremos ver en las leyes secundarias.
Actualmente, los jueces son seleccionados mediante un proceso que varía según la jurisdicción, pero que generalmente involucra la nominación por parte de una autoridad ejecutiva y la confirmación por parte de un cuerpo legislativo.
Este sistema tiene como objetivo principal asegurar que los jueces sean evaluados y seleccionados en base a sus méritos, experiencia y capacidad para interpretar la ley de manera justa e imparcial.
Además, este método tradicional que usamos se ha dicho sin lograrlo, que busca proteger la independencia judicial, un principio fundamental en el derecho internacional de los Derechos Humanos.
La independencia judicial es crucial para garantizar que los jueces puedan tomar decisiones sin interferencias indebidas, manteniendo así la integridad del sistema de justicia y asegurando el respeto de los derechos y libertades fundamentales (en México esto no se ha logrado por eso una propuesta de cambio).
Los principios básicos relativos a la independencia de la judicatura (obligatorios para México) https://www.ohchr.org/es/instruments-mechanisms/instruments/basic-principles-independence-judiciary establecen, las obligaciones que tiene el Estado nación que conforma las Naciones Unidas sobre cómo se debe elegir a los jueces.
Estos principios subrayan la importancia de procedimientos transparentes y meritocráticos para la selección judicial, garantizando que los jueces sean escogidos en función de su competencia profesional y ética.
Además, enfatizan la necesidad de mecanismos que protejan la independencia y la imparcialidad de los jueces, asegurando que puedan desempeñar sus funciones sin influencias externas indebidas.
Estas directrices son esenciales para mantener la confianza pública en el sistema judicial y asegurar que la justicia se administre de manera equitativa y conforme a los estándares internacionales de derechos humanos.
Ya en la vida real generalmente, los jueces son elegidos por diversos mecanismos, consejos de la judicatura o mediante elección directa o por procedimientos de oposición, sin embargo, la mayoría adolecen de verdaderos procedimientos adecuados para que éstos sean imparciales y por eso tanta falla en México. Estos mecanismos buscan garantizar que los candidatos seleccionados posean integridad, conocimientos jurídicos y experiencia, sin embargo, detrás de ello hay mucha simulación.
La autonomía y la independencia se logran mediante la implementación de períodos de nombramiento largos, normalmente que traspasen periodos de gobierno y contar con protecciones contra la remoción arbitraria y la prohibición de interferencias externas.
La transparencia y la rendición de cuentas en estos procesos son fundamentales para asegurar un sistema judicial que no solo sea independiente y autónomo, sino que también se alinee con los valores de un sistema democrático judicial humanista, que prioriza la justicia, la igualdad y los derechos humanos.
Ante el fracaso de los sistemas de justicia en los países occidentales y su falta de congruencia y desestabilización democrática, los sistemas políticos de oposición y de izquierda, han puesto en la mira a la democracia judicial como un atentado en contra de las voluntades y exigen la participación del pueblo de forma directa para elegir a los nuevos juzgadores y México está queriendo implementar este sistema.
Esta crítica surge de la percepción de que los sistemas judiciales actuales no han logrado mantener la imparcialidad ni la justicia, conduciendo a una desconfianza generalizada en las instituciones.
En este contexto, la propuesta de una democracia judicial, donde el pueblo tenga un rol directo en la elección de jueces, busca devolver el poder a la ciudadanía y garantizar que las decisiones judiciales reflejen verdaderamente la voluntad popular.
No obstante, este enfoque también enfrenta desafíos significativos, incluyendo el riesgo de que las decisiones judiciales se vean influenciadas por la opinión pública y la política, en lugar de basarse en principios de justicia y derecho.
No obstante, un sistema de justicia democrático debe pervivir en los pueblos tomando en cuenta su historia y realidad, asegurando a las futuras generaciones un sistema judicial sustentable, que vaya más allá de las corrientes y pensamientos políticos de sus ideologías y de los sistemas de gobierno, siempre garantizando los derechos de toda persona.
Para ello, deben pervivir los ideales de las sociedades convulsionadas en los sistemas políticos, entre ellos las condiciones de cómo se deben elegir a los jueces bajo las reglas del sistema universal y de los sistemas regionales, pero también escuchando la participación de la sociedad en sus diferentes modalidades.
Esta combinación de respeto por cómo nos ha ido en justicia, la participación ciudadana es crucial para construir un sistema judicial que sea resiliente y adaptable a los cambios sociales y políticos, asegurando así la justicia y los derechos humanos para todas las personas.
Una sociedad responsable debe cuidar que su sistema de justicia no se salga de control, pero que tampoco los sistemas de pensamiento político la orillen a actuar.
Los jueces electos popularmente no van siempre en contra de una democracia judicial.
Un buen sistema de participación social en el nombramiento de los jueces, puede afianzar la responsabilidad tripartita en la designación, en el desarrollo profesional de los juzgadores y en la evaluación permanente de su trabajo como derecho humano que tienen los pueblos a tener un sistema de justicia confiable, pero también, estar sometidos a rendición de cuentas y esto puede ser un encargo que le corresponde a la sociedad.
Por eso es importante que ser un juez electo por voto popular, no siempre esté mal, porque, pensar que una sociedad no puede elegir a los juzgadores por el simple hecho de ser ciudadanos, sería menospreciar su conocimiento. Eso sí antes del voto le debe preceder un buen sistema legal que asegure que los candidatos a ocupar la titularidad de un juzgado, sean personas capaces e idóneas para el desempeño del cargo, si esto no se asegura, el remedio puede salir más caro que la enfermedad.
Sin embargo, si existe un híbrido, insisto, en que previo a la designación de ellos haya filtros donde debe notarse que se nombre a los mejores perfiles de juzgadores.
Los filtros de revisión para escoger los perfiles de idoneidad son un método infalible que debe ser previo a la elección de jueces por voto. Tampoco esto es la panacea, pero es una forma en cómo la sociedad puede enfrentar su realidad y hacerse cargo de lo que el sistema político actual, no ha podido lograr, porque ellos siendo los representantes de la sociedad, no han logrado integrar de manera adecuada y con personas idóneas al sistema de justicia y ahí están las consecuencias.
Si la sociedad se queja de que los jueces no son confiables, entonces el pueblo como tal puede participar directamente en elegir a cualquiera de los candidatos, porque ya existen filtros previos, que garantizan que cualquiera de ellos puede desempeñar un buen papel como juzgador.
Las sociedades modernas deben aprender a ser buenos jueces, pero también deben dejar a las comisiones de expertos para que con su conocimiento sepan escoger a los mejores perfiles, a los más capacitados y a los que reúnan la idoneidad para desempeñar el cargo de juzgador.
En una democracia se debe buscar el mejor método para construir un sistema de justicia confiable, y el mejor, siempre será aquel que se construye con base en consolidar un sistema judicial fuerte.
Y si dentro de eso se encuentra el que la sociedad elija por voto popular a sus jueces, entonces es parte de la democracia que debemos experimentar.
La propuesta de reforma estructural al sistema de justicia judicial en México busca equilibrar la participación popular con la idoneidad profesional de los jueces.
Un sistema en el que los candidatos sean preseleccionados mediante un riguroso proceso de evaluación que garantice su mérito y competencia, seguido de una elección popular, podría combinar lo mejor de ambos mundos: la legitimidad democrática y la excelencia judicial.
Este enfoque híbrido puede fortalecer la confianza en el sistema judicial, garantizar su independencia y asegurar que los jueces seleccionados representen tanto los valores democráticos como los estándares profesionales más altos.
Así, se establecería una democracia judicial eficiente que responda a las necesidades y expectativas de la sociedad mexicana. Eso sí, sino se es riguroso en estas prevenciones el cambio puede causar daño al sistema de justicia.
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