Martha Eugenia Magaña López
Uno de los lugares donde se refuerza la violencia de género es en casa, sí justo ahí donde deberíamos considerar que es el lugar más seguro para una mujer.
Generalmente la privacidad del hogar propicia que la violencia doméstica agrave su intensidad, es un hecho analizado que convivir con un agresor como jefe de familia, pone en una posición no sólo de desventaja sino de peligro constante y latente a la mujer.
La privacidad donde los golpes, gritos, humillaciones y violaciones rebotan en las paredes del hogar y lejos de desvanecerse se refuerzan, constituyen un día a día para las madres violentadas.
La muralla del silencio es completamente avasalladora y esta se rompe, en ocasiones, como método de supervivencia, aunque para ello, la mujer tenga que dejar al cuidado de su agresor a sus propios hijos.
La ley establece que ambos padres deben hacerse cargo de las obligaciones alimentarias, reconocido como un derecho para los niños niñas y adolescentes en el artículo 4 Constitucional.
A lo largo de la historia, se ha establecido que tanto la estructura social, como las leyes que la rigen, ha sido creada en un sistema patriarcal, esto es, se confeccionó pensando únicamente en las necesidades de un hombre como centro de la sociedad, por ser a quien se le otorga el rol de crecimiento profesional, líder familiar, proveedor del hogar, administrador de los bienes y conformador del patrimonio.
El llamado Modelo Duluth, creado por Domestic Abuse Intervention Programs[1], es un estudio que muestra los ejes de violencia, realizado a nivel mundial en 26 países, donde se establece que el centro de las nuevas violencias de género, es el poder y control que pierde el varón cuando la mujer se separa.
El pensamiento machista de que la mujer pertenece al hombre, al decidir ser su pareja se exacerba cuando esta decide separarse de él, aunque en su intento por salir de ese yugo de agresiones, tenga que dejar a sus hijos bajo ese halo de violencia; es justo aquí cuando las infancias se vuelven “moneda de cambio” para controlar a la mujer durante todos los años que resten para que éstos cumplan la mayoría de edad o bien, siendo mayores concluyan su carrera.
La exigencia del pago de alimentos al no ser la madre custodia, constituye herramienta clave para que el varón imprima violencia económica y psicológica en su expareja.
Emili no fue la excepción, cuando se separó de su pareja a diferencia del contexto general del que hablamos, ella contaba con la profesión de abogada.
Cabe destacar que ese solo hecho, no excluye a Emili de ser considerada víctima de violencia de género, porque las relaciones de desigualdad entre ella y su pareja eran latentes, pues mientras ella tenía una profesión que combinaba con la maternidad y los cuidados, su pareja tenía un estatus económico mejor derivado del crecimiento profesional que pudo desarrollar mientras Emili se hizo cargo del hogar y la crianza.
En efecto, no basta que en una pareja ambos sean profesionistas para considerar que se encuentran en una posición de igualdad, es necesario analizar los roles que desempeñaron, como en este caso donde Emili desarrolló como papel secundario el litigio en la abogacía, pues su rol principal era el hogar y la crianza lo que mermó sin duda las oportunidades de crecimiento en el campo laboral.
Emili contrajo matrimonio con Mario y tuvieron dos niñas, las cosas no funcionaron en la relación de pareja, ella fue víctima de violencia familiar por parte de Mario quien la humillaba, utilizando estereotipos de género como su rol de madre, le gritó, la aventó y llegó a golpearla, Emili no soportó el maltrato y huyó de su agresor, lo que generó que este se quedara al cuidado de las niñas.
Una vez que Emili trató de poner en orden sus ideas, intentó recuperar legalmente a sus hijas, por lo que solicitó la guarda y custodia de las niñas, tres años después de la pelea legal y entre miles de acuerdos, recursos, reclamos legales y de palabra por parte de su expareja, una Jueza local otorgó a Emili la guarda y custodia, sin embargo, esa decisión fue impugnada por Mario.
El tribunal de alzada otorgó la razón a Mario, sobre la base de que Emili había “abandonado el hogar conyugal”, además las niñas ya estaban “habituadas” a vivir con su padre y eso impactaría en la estabilidad emocional de las niñas al modificar su entorno social.
Emili devastada por la determinación judicial no la atacó en la vía de amparo, lo cual generó que esta se mantuviera vigente.
Sin embargo, esto no terminó ahí, la ley establece que ambos padres tienen la obligación legal de proveer alimentos (casa, vestido, sustento alimenticio, salud, esparcimiento), a menos que uno de ellos se encuentre imposibilitado para hacerlo, lo cual sucede cuando la causa es extrema, como por ejemplo cuando uno de ellos fallece o sufre alguna afectación en su salud que no le permita desempeñarse activamente para obtener ingresos.
Lo anterior generó que Emili no solo perdiera legalmente la guarda y custodia de sus hijas sino también que fuera obligada a proveerlas de alimentos, pues es una abogada litigante activa laboralmente.
Así, Emili además del golpe que recibe una madre cuando la desprenden de sus hijas, a la luz de una lectura formalista de ley y sin observar el contexto del porqué tuvo que “abandonar el hogar conyugal” al salir huyendo para dejar de ser víctima del maltrato de que era sujeta y además sin pensar en que el agresor sigue imprimiendo una violencia en Emili de forma indirecta, esto es, a través de terceras personas, sus hijas.
Lo anterior, es sumamente delicado, esta violencia se llama vicaria y no es otra cosa que vengarse de una mujer a través de lo que más quiere ¡sus hijos!, la patología de los varones que generan este tipo de daño tiene como finalidad ver sufrir a la mujer para seguirla controlando a través de la “moneda de cambio” … sus propias niñas.
La ley que fue creada hace más de cien años, no visibilizó este tipo de violencia y esto ha generado que las mujeres madres, vivan travesías legales interminables tratando de demostrar que no son “malas madres”, que son víctimas de la persona que ahora tiene bajo su cuidado a sus hijas, que no son “exageradas”, que no están “locas” y además son obligadas a tener audiencias para “conciliar con su agresor”.
El derecho familiar castiga a la víctima de violencia de género sin duda, al partir de la creencia de aquel modelo de familia nuclear que tiene finalidad la perpetración de la especie y que es pilar fundamental de la sociedad, por lo que prima su “cuidado” y por encima de lo que una mujer pueda sentir o vivir está “conservarlo”.
Imagina que en materia penal, la ley obligue a la víctima de una violación a “conciliar” con su agresor para ver si le otorga el perdón, llegan algún acuerdo en el que nuevamente puedan “convivir bajo el mismo techo”, “por los niños”, sería una completa violación a los derechos humanos de la víctima, lo cual no se visibiliza aun en materia familiar.
Así, Emili tras diez años de pelea legal continua, es denunciada penalmente por su expareja por incumplimiento de las obligaciones alimentarias, esto porque según alega el denunciante, Emili no ha entregado el importe monetario que se le asignó como pensión.
En efecto, un juicio más para Emili, no bastan los diez años de separación con sus hijas, la evidente fractura de lazos de apego, la violencia económica de los pagos en juzgados y tribunales, además de la pensión alimenticia impuesta, que se ejerce en ella al no visibilizar, insisto, los motivos reales por los que Emili dejó el hogar.
Entonces para las leyes ¿Emili debió aguantar los golpes, insultos y humillaciones? hasta que la autoridad lo corroborara para que no se considerara madre abandónica?
Emili fue citada a la audiencia del juicio y el juez que conoció del asunto consideró que el tema era cuestión familiar y no penal por lo que emitió auto de no vinculación a proceso.
Mario no quedó conforme con la determinación, así que la impugnó y el tribunal de alzada le dio la razón, sobre la base de que la madre no acreditó haber hecho los depósitos en ciertos meses.
Emili en esta ocasión, al ser vinculada a proceso por incumplimiento a las obligaciones alimentarias de sus hijas, acude a la justicia federal.
En el amparo, la Jueza que conoció el asunto determinó que la resolución de alzada era contraria a derecho, porque no se valoró lo señalado por Emili para justificar por qué en esos meses no existía como tal un pago, sin embargo, si había cumplido con la pensión alimenticia impuesta.
La teoría del caso propuesta por la defensa de Emili se centró en el hecho de que las mensualidades que supuestamente no habían sido pagadas, en realidad fueron cubiertas en especie, pues esto sucedió justamente en la pandemia y Emili justificó ante el juzgado familiar que derivado de la situación atípica no tenía trabajo y sus padres la poyaron con artículos para cubrir así la pensión, lo cual se negó por la jueza de primera instancia, sin embargo una Jueza federal determinó que debía autorizarse a Emili la entrega de la pensión en especie mientras durara la situación de grave riesgo y cierre de actividades, decisión que quedó firme y de la cual fue notificado el padre de las niñas.
Entonces, si Mario conoció de esa decisión de amparo que no combatió y además recibió físicamente el pago en especie que brindó Emili a sus hijas, de lo cual existe constancia, surgen varias interrogantes ¿Cuál es la verdadera intención de la denuncia penal?, ¿Las niñas realmente no tienen sustento alimenticio?, ¿Mario solo quiere denigrar a su expareja y mostrarle quién tiene el control?
Mario es un empresario exitoso así que evidentemente no requiere aportación de Emili para atender a sus hijas y brindarles lo que necesitan (sin que esto implique una afirmación en el sentido de que Emili no debería seguir pagando la pensión por ese hecho), pero si revela que la verdadera intención de Mario es lastimar a Emili, no le basta verla alejada de sus hijas, sino que mientras estas sean menores de edad, usará todas sus armas para destrozar a quien ya no tiene cerca para gritarle, a quien ya no puede golpear físicamente.
La Jueza federal logró visualizar el contexto de violencia y por esa razón otorgó la protección federal a Emili para que el tribunal de alzada emitiera su determinación con perspectiva de género y valorara en forma correcta y bajo una visión violeta, los hechos que llevaron a Emili a presentarse en esa sala de audiencias penales, donde ella siendo víctima no solo de su expareja, sino del sistema quien no visibilizó en varias oportunidades del litigio la violencia de género, física y vicaria cometida en contra de Emili y sus hijas, nunca debió haber llegado.
Semblanza de Emili
Emili es una madre más que ha sido víctima de su expareja quien usa a sus hijas como “moneda de cambio” para ver sufrir a quien se atrevió a “abandonarlo”.
Lo más grave es que Emili también es víctima del sistema judicial que omite interpretar las leyes con una justa visión de género y fortalece al agresor al no visibilizar y comprender en su justa medida que el agresor de una madre no puede ser “un buen padre”, porque ha destrozado a quien dio la vida a las infancias y su afán de venganza no saciará hasta tener nuevamente “el control de lo perdido”.
Emili ganó tan solo una batalla y hoy tiene esperanza de que el camino se pinte de morado y puede ser analizada su situación bajo una nueva mirada … sí la de género.
@marthakmagana
[1] Sonia Vaccaro, golpear donde más duele, pp. 34