Democracia Transformadora
Hacia la reconstrucción profunda del sistema judicial en Colima
Dr. Ángel Durán Pérez
La justicia de calidad es el valor más alto que una sociedad debe tener y la abogacía libre e independiente, la mejor profesión para su defensa: Ángel Durán
En el Estado de Colima, hay una crisis judicial. Sus integrantes (el pleno de magistrados) se resisten a dar el paso hacia la modernidad, aunado a los efectos de la pandemia por COVID-19, el pleno de este poder, ordenó cerrar sus puertas por mucho tiempo, pretextando que abatiría el rezago, lo que nunca sucedió, afectando gravemente la comunidad jurídica (principalmente a la comunidad de litigantes) y a la sociedad, pues sus asuntos de paralizaron; provocando una gran inconformidad sobre todo, por la visibilización de la incapacidad del sistema de justicia para seguir trabajando; un poder que se vio rebasado totalmente, renuente a utilizar el nuevo sistema de justicia legal, constitucional y convencional, que hoy tenemos desde 2011, desordenado, con conflictos internos. Todo esto, ha generado el colapso en la calidad del sistema judicial; ante ello, la comunidad jurídica se organizó y el 13 de diciembre de 2021, en la explanada del poder judicial y junto a la obra la flama de la justicia, leyeron un Manifiesto judicial: La comunidad jurídica libre e independiente colimense manifiesta a la sociedad que:
La sociedad colimense tiene el derecho inalienable de contar con un sistema judicial eficiente, que proteja los derechos humanos de la población y a contar con tribunales autónomos e independientes que impartan justicia de verdad; derechos que están consagrados en la Carta Magna local, en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en tratados internacionales firmados y ratificados por el Estado Mexicano.
Una sociedad democrática, debe tener un sistema de justicia que proteja la dignidad humana, combata la corrupción, la impunidad y cualquier acto que dañe los derechos humanos de una sociedad, tanto individuales como colectivos.
Un gobierno judicial democrático debe trabajar en sinergia con los poderes del Estado a fin de reforzar los más altos valores de justicia y lograr que la sociedad confíe en sus jueces.
Una sociedad merece tener juzgadores capaces y que cuenten con los méritos y capacidades de impartir justicia, por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial.
La sociedad tiene derecho a tener un gobierno judicial sensible, humanista y con vocación de servirle conforme a los problemas que la aquejan.
La sociedad como ente colectivo de vivir en un estado en paz, tiene el derecho irrenunciable de pedir que sus jueces trabajen arduamente para conseguir la paz pública y el bien común, para que sus resoluciones contribuyen a proteger la dignidad humana y el desarrollo de una sociedad en convivencia pacífica, solidaria y fraternal.
La sociedad es la única recipiendaria de la buena función judicial y a que se le garantice un sistema de justicia sostenible y sustentable.
La sociedad tiene el derecho irrenunciable a que los integrantes del sistema judicial sean producto de un sistema electivo democrático que cumpla con los más altos estándares nacionales e internacionales en elegir a quienes tengan mejores méritos y capacidades en la función judicial.
La sociedad necesita que los procedimientos que se utilicen para integrar a los sistemas judiciales se apeguen al marco jurídico nacional e internacional a fin de proteger el acceso de justicia como un derecho de interés colectivo.
La abogacía es una función que debe proteger el Estado democrático y a la vez ésta, tiene el deber ineludible de velar por la eficiencia del sistema judicial.
La sociedad tiene el derecho de que la abogacía se desempeña de manera ética, responsable y eficiente, garantizándole un desempeño libre y en el que se pueda desarrollar sin ningún riesgo.
La comunidad jurídica consciente del sentido más alto que debe tener un sistema judicial para garantizarle a la sociedad justicia de calidad y garantizar el bien común, proclama el siguiente:
Manifiesto judicial
La comunidad jurídica colimense y la abogacía libre e independiente, estamos conscientes que el sistema judicial local es una institución pública que tiene como tarea la aplicación de los valores, principios y derechos humanos, contenidos en la Constitución colimense, en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y tratados internacionales de derechos humanos y las leyes que de ella emanen; haciéndolos respetar en favor de toda persona y también protegiendo los derechos de interés colectivo.
Ante la sociedad, manifestamos públicamente quienes firmamos este manifiesto, que el poder judicial local, y que a pesar de contar con la infraestructura necesaria, no es un factor de confianza de la sociedad.
El motivo de desconfianza social, estamos conscientes la abogacía, que se debe a una multiplicidad de factores; algunos propiciados por el mismo poder judicial local y algunos otros que no son su causa, pero que finalmente no los trata de solucionar.
Si una sociedad no cuenta con un sistema judicial confiable y eficiente, impera la corrupción e impunidad.
En México la confianza de la sociedad en el poder judicial según latinobarómetro 2021, es del 25% en una escala del 1 al 100, en 2019 teníamos un 26%, vamos a la baja en confianza y calidad, lo cual es un índice insatisfactorio y esto trae como consecuencia un problema de identidad entre sociedad y poder judicial.
La comunidad jurídica y la sociedad pide que el poder judicial vuelva a su esencia natural, de ser un poder que imparte justicia en un sentido de realidad objetiva y que sea producto de evaluación social, que sea ésta la que indique el grado de satisfactor máximo de eficiencia.
El sistema judicial que debe de imperar en el Estado de Colima, tiene que ser de calidad, de eficiencia y satisfacer un sistema confiable socialmente y para que esto ocurra, es necesario que todo el sistema, cumpla con los protocolos reglamentarios del derecho nacional e internacional de los derechos humanos, sobre todo con las reglas y principios básicos relativos a la independencia de la judicatura de la ONU.
El sistema de justicia local, no está cumpliendo con el derecho humano a que una sociedad cuente con un sistema judicial eficiente, autónomo e independiente que garantice la protección de los derechos humanos de la persona; a pesar de que, la legislación nacional e internacional obligan a que el Estado lo proteja en la realidad.
Las causas por las que el sistema judicial no garantiza la impartición de justicia eficiente
Los motivos principales son: que el poder local carece de autonomía e independencia, no se cuenta con un Consejo de la Judicatura para que este órgano tenga función del control administrativo del poder judicial, de capacitación de sus integrantes, la falta de nombramiento a través de procedimientos objetivos y transparentes de servidores públicos que integran los órganos de justicia; principalmente que las magistraturas, juzgadores y personal en general no se utilizan las normas de buenas prácticas para escoger a servidores con méritos y capacidades, no están aplicando un sistema judicial humanista en términos de lo que establece hoy la propia Constitución mexicana; los juzgadores utilizan doctrina judicial legalista a ultranza y no aplican el derecho nacional e internacional de los derechos humanos en sus actuaciones; las y los que imparte justicia son electos a través de procedimientos que no cumplen con los parámetros que establece la normatividad nacional e internacional, la regla es la designación discrecional de todo el personal y esto ocasiona una distorsión funcional y causa un efecto corruptor y como consecuencia un desorden institucional; no se respeta el servicio civil de carrera, no existe transparencia bajo el principio de máxima publicidad en el desempeño judicial, no hay rendición de cuentas de las magistraturas y juzgadores, hay grupos de poder al interior de la clase juzgadora, cambios de adscripción a juzgadores de castigo a partidos judiciales lejanos, represión a quien expresa inconformidad y amenaza de sanción, a quien critica al poder judicial, cuando hay quejas en contra de juzgadores por parte de litigantes, las resoluciones son de impunidad y protección, cuando mucho los cambian de adscripción, encubren a integrantes que se ven envueltos en acciones delictivas y escandalosas, que generalmente quedan en la impunidad, una desobediencia muy marcada entre la clase juzgadora y la magistratura, falta de respeto entre los juzgadores, el uso discrecional del presupuesto, así como tampoco se busca que la productividad sea eficiente, ni que ésta sea el elemento para ascensos, ni tampoco estímulos a la excelencia ni a la productividad.
La abogacía libre recuerda que: “Sólo la ley adoptada por los órganos democráticamente elegidos y constitucionalmente facultados, ceñida al bien común, puede restringir el goce y ejercicio de los derechos y libertades de la persona” Opinión Consultiva OC 6/86 Corte IDH
Sus propuestas.
1. El poder judicial debe combatir y erradicar la impunidad y corrupción al interior conforme al sistema legal que existe para ello, ya que este, es parte integrante del Sistema Estatal Anticorrupción, investigar de manera real las denuncias que se hacen en contra del personal de ellos mismos y dictar resoluciones justas sancionando a quiénes hayan cometido faltas administrativas o acciones penales en contra de la impartición de justicia y evitar la autoprotección, hacer una reingeniería integral del buen funcionamiento del sistema judicial, a través de protocolos conforme a los usos y prácticas que eficiente la transparencia, la rendición de cuentas de todos y todas las servidores públicas del poder judicial, para ello se deberá llevar a cabo capacitación permanente del personal, para que quede evidencia de su productividad; para ello, se deberá implementar el expediente electrónico a fin de que haya registro permanente y automático del desempeño de cada servidor o servidora pública; erradicar las prácticas nocivas de extravío -en muchos casos intencionales- de expedientes; tener una contraloría interna autónoma e independiente; pugnar por contar con un Consejo de la Judicatura autónomo e independiente adoptando las recomendaciones de ONU y las relatorías encargadas de la eficiencia judicial; para que se encargue de la administración, capacitación, servicio civil de carrera y evaluación del propio poder judicial el cumplimiento irrestricto en que la justicia sea pronta y expedita, para que esto ocurra, es indispensable que los juzgadores deberán substanciar los procesos dentro de los plazos de la ley y se erradique la cultura de que se avanza hasta que haya tiempo; evaluación constante de la función judicial a través de procedimientos objetivos; los ascensos se deben de ganar por méritos y capacidades y ningún cargo deberá ser discrecional, sino producto de una evaluación profesional, transparente y bajo condiciones de igualdad; pensando que, la sociedad es la que tiene el derecho a contar con un sistema judicial eficiente; contar con justicia digital eficiente y el expediente físico; protocolos de comportamiento interno del personal donde se evite la pérdida de tiempo en actividades ajenas o distracciones en redes sociales, salidas injustificadas, evitar cancelación de audiencias, fomentar la sensibilidad social de la buena atención al público, permanente capacitación para el cumplimiento de estos fines y sobre todo, la impartición de justicia de calidad, cumplir con los protocolos de alertas y avisos de posibles actos de corrupción conforme al Sistema Estatal Anticorrupción e informar al personal de los principios y valores para tener un sistema de justicia eficaz; nadie dejará de ser evaluado sobre los objetivos claros en el ejercicio eficiente del poder judicial.
2. Capacitación permanente y urgente en la materia de los derechos humanos, el derecho internacional de los derechos humanos y en toda la corriente doctrinaria del sistema judicial mexicano originada por la reforma constitucional en derechos humanos del 10 de junio de 2011 y dar contenido a todo el funcionamiento del sistema judicial bajo esta vertiente, impartir justicia de calidad en los plazos establecidos por la ley, emitiendo las resoluciones de manera completa e imparcial; que se destierre la dádiva como interés de impulso procesal; aplicar correctamente y bajo los principios constitucionales de eficiencia judicial, el nuevo sistema de justicia penal de oralidad; utilizar de manera garantista el sistema victimal; que no haya reelección de juzgadores y magistraturas sin los procedimientos de evaluación tal y como lo establecen los Principios Básicos Relativos a la Independencia de la Judicatura y evitar las judicaturas vitalicias de facto, que previó a diagnóstico se incrementen juzgados en el Estado para cumplir con la función de dar acceso de justicia de calidad a la sociedad; que las instalaciones donde se imparte justicia sean dignas, que a todo servidor público se le doten todas sus garantías judiciales de trabajo, ya que algunos tienen que pagar gastos que son del poder judicial; que se le garantice el derecho al abogado litigante su ejercicio profesional y eficiente y que no tenga ningún límite en la revisión de sus expedientes, pretextando razones injustificadas, que se implemente de inmediato la comunicación judicial de forma electrónica; que se siga utilizando la tecnología en las notificaciones y cualquier otra forma o modelo de comunicación entre el tribunal y las partes mientras llega el expediente electrónico, que en los juicios familiares se atienda conforme a la necesidad de los derechos de las personas afectadas, en cualquier momento y de manera urgente, tener servidores públicos sensibles; que en todos los partidos judiciales pueda accederse al expediente de manera electrónica; que haya personal calificado auxiliar como: profesionales en psicología, trabajo social, o cualquier otra especializada que se necesite; contar con instalaciones para atender problemas familiares; las listas de notificación deben publicarse a temprana hora del día y de todos los tribunales del Estado; los juicios de oralidad mercantil se desahoguen en todos los partidos judiciales; que se les dote a todo el personal que notifica y a quienes se trasladan a cumplir su función a otras partes de su campo de trabajo, de todo lo necesario, gastos, infraestructura vehículo ya que de lo contrario no podrá hacer y, evitar que ellos paguen de su dinero para hacer una función que le corresponde al poder judicial; que se implementen las jornadas completas de horas de trabajo por parte del poder judicial, que se democratice y se privilegie el buen servicio de justicia en el costo de las copias evitando negocios particulares, con voluntad podemos eficientar al sistema judicial estatal.
Por una justicia eficiente
Por una justicia que le sirva a la sociedad
Por una justicia que pueda desempeñar libremente la abogacía colimense