Dr. Ángel Durán Pérez
La libertad de expresión es uno de los pilares fundamentales de cualquier sociedad democrática. Es el derecho que permite a las personas expresar sus opiniones, ideas y pensamientos sin temor a represalias. Sin embargo, para que esta libertad tenga un impacto positivo en la sociedad, es esencial que venga acompañada de una correcta información. Estar bien informado no solo potencia la calidad de la expresión, sino que también contribuye al desarrollo personal y colectivo, y por supuesto se sustenta en el derecho humano a la verdad que se encuentra implícitamente en los artículos 1o. tercer párrafo, 17 y 20 apartado B de la Constitución mexicana y el artículo 18 de la Ley General de Víctimas.
La información es poder. Esta frase, aunque trillada, encierra una verdad innegable. Una persona bien informada tiene la capacidad de tomar decisiones más acertadas, de entender el contexto en el que se encuentra y de emitir opiniones basadas en hechos y no en suposiciones. Cuando se habla de libertad de expresión, la calidad de la información que respalda esa expresión es crucial. Una opinión basada en datos erróneos o en prejuicios puede generar desinformación, confusión y, en el peor de los casos, daño a terceros.
Estar bien informado no solo significa tener acceso a datos y hechos, sino también ser capaz de procesarlos y entenderlos. Una persona que se toma el tiempo de investigar, de contrastar fuentes y de reflexionar sobre la información, tiene mayores probabilidades de expresar ideas congruentes. Estas ideas, al estar respaldadas por una base sólida, pueden contribuir de manera efectiva al debate público y al interés común.
La libertad de expresión no es solo un derecho, sino también una responsabilidad. Cuando se emite una opinión en público, se está influyendo, en mayor o menor medida, en la percepción de otras personas. Por ello, es esencial que las opiniones que se compartan busquen el interés común. Estar bien informado es una manera de asegurarse de que las ideas que se expresan no solo son válidas para uno mismo, sino que también pueden ser beneficiosas para la sociedad en su conjunto.
Aunque la libertad de expresión sin estar informado no está prohibida, su valor es limitado. Una opinión sin fundamento puede ser fácilmente desacreditada, y en lugar de contribuir al debate, puede generar ruido y confusión. Además, la desinformación puede tener consecuencias negativas para el desarrollo personal, ya que limita la capacidad de las personas para entender el mundo que les rodea y tomar decisiones informadas.
La libertad de expresión, es un derecho humano fundamental que permite a las personas expresar sus opiniones, ideas y pensamientos sin temor a represalias. En México, este derecho está consagrado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en diversos tratados internacionales firmados y ratificados por el Estado mexicano. Esta libertad es esencial para el desarrollo de una sociedad democrática y para el progreso de un país y del mundo en su conjunto.
El artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que “La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, los derechos de tercero, provoque algún delito, o perturbe el orden público”. Este artículo garantiza a todas las personas el derecho a expresar libremente sus ideas, siempre y cuando no dañen el honor y la moral de terceros.
México ha firmado y ratificado diversos tratados internacionales que protegen y promueven la libertad de expresión. Uno de los más importantes es la Convención Americana sobre Derechos Humanos, también conocida como el Pacto de San José. En su artículo 13, esta Convención establece que “Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión”. Además, señala que este derecho no puede ser objeto de restricciones previas y que solo puede ser limitado en casos excepcionales, como la protección del orden público o la moral.
Otro tratado relevante es el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que en su artículo 19 establece que “Todo individuo tiene derecho a la libertad de expresión; este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole”.
La libertad de expresión no es un derecho absoluto. Está sujeto a ciertos valores y principios que buscan garantizar su ejercicio responsable. Algunos de estos valores y principios son:
- Respeto a la verdad: Es esencial que la información que se difunde sea veraz y basada en hechos comprobables.
- Responsabilidad: Las personas deben ser conscientes de las consecuencias de sus palabras y evitar difundir información que pueda dañar a terceros.
- Pluralidad: La diversidad de opiniones enriquece el debate público y contribuye al desarrollo de una sociedad democrática.
- Tolerancia: Es fundamental respetar las opiniones de los demás, incluso si no se está de acuerdo con ellas.
Para ejercer de manera efectiva la libertad de expresión, es esencial estar bien informado. La investigación y la concientización son herramientas clave para garantizar que las opiniones que se expresan estén basadas en hechos y no en prejuicios o desinformación. Una sociedad informada es una sociedad más crítica, más participativa y más democrática.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) es el máximo tribunal en México y tiene la responsabilidad de interpretar y aplicar la Constitución. A lo largo de los años, ha emitido diversos precedentes judiciales relacionados con la libertad de expresión, consolidando y clarificando su alcance y limitaciones en el marco legal mexicano.
Uno de los casos más emblemáticos relacionados con la libertad de expresión es el de la revista “Letras Libres”. La SCJN ha determinado que las figuras públicas, debido a su posición en la sociedad, están sujetas a un mayor escrutinio por parte de la prensa y del público en general. Por lo tanto, deben tolerar críticas que, en circunstancias normales, podrían ser consideradas invasivas o difamatorias para un ciudadano común. Dicho precedente fortaleció la protección de la libertad de expresión, especialmente en el ámbito del periodismo.
En sus precedentes, la SCJN tuvo que ponderar entre el derecho al honor y la libertad de expresión. En este caso, se determinó que, aunque ambas son garantías constitucionales, la libertad de expresión tiene un peso preponderante cuando se trata de asuntos de interés público. La Corte estableció que las opiniones o críticas relacionadas con asuntos públicos o figuras públicas no pueden ser sancionadas, incluso si son erróneas, siempre y cuando no se haya actuado con real malicia.
En 2017, la SCJN se pronunció sobre el derecho de réplica, estableciendo que cualquier persona tiene el derecho a solicitar una rectificación cuando se sienta directamente aludida por información inexacta o falsa. Este fallo reafirmó la importancia de la veracidad en la información y equilibró el derecho de los medios de comunicación a informar con el derecho de las personas a no ser difamadas.
Con la creciente importancia de las redes sociales e internet, la SCJN ha tenido que adaptar sus interpretaciones a esta nueva realidad. En 2019, estableció que los comentarios realizados en plataformas digitales gozan de la misma protección que aquellos hechos en medios tradicionales. Sin embargo, también señaló que esta libertad no es absoluta y puede ser limitada en casos donde se promueva el odio o la discriminación.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) y el sistema universal de derechos humanos han emitido diversos precedentes en relación con este tema.
Sobre este mismo tema la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) conoció el Caso de la Radio y Televisión de Guatemala y Otros vs. Guatemala (2018): La Corte IDH determinó que Guatemala había violado el derecho a la libertad de expresión al no garantizar un proceso transparente y equitativo en la adjudicación de frecuencias de radio y televisión. La Corte señaló que los Estados tienen la obligación de garantizar que los medios de comunicación puedan operar libremente y sin interferencias.
En el Sistema Universal (Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas): conoció el Caso de Ilgar Mammadov vs. Azerbaiyán (2019): Ilgar Mammadov, un político y bloguero azerbaiyano, fue detenido y condenado por sus publicaciones críticas al gobierno. El Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas determinó que Azerbaiyán había violado el derecho a la libertad de expresión al detener y condenar a Mammadov por ejercer su derecho a criticar al gobierno. El Comité instó al Estado a liberar a Mammadov y a garantizar su derecho a la libertad de expresión.
Estos precedentes reflejan la importancia que tienen los organismos internacionales en la protección y promoción de la libertad de expresión. A través de sus decisiones, estos organismos envían un mensaje claro a los Estados sobre la necesidad de respetar y garantizar este derecho fundamental.
La libertad de expresión, reconocida universalmente como un derecho fundamental, se manifiesta de múltiples formas. Sin embargo, su máxima potencia y beneficio para la sociedad radica en su ejercicio basado en la investigación y en la presentación de ideas respaldadas por evidencias auténticas.
A lo largo de la historia, las decisiones judiciales, tanto a nivel nacional como en foros internacionales, han subrayado la importancia de este ejercicio responsable. El sistema interamericano de derechos humanos, entre otros, ha sido un baluarte en la defensa de este derecho, enfatizando la necesidad de que la expresión esté anclada en la verdad.
En este contexto, aunque es válido ejercer la libertad de expresión desde cualquier perspectiva, es imperativo reconocer que, como individuos y miembros de una sociedad, tenemos el deber moral y ético de garantizar que nuestras expresiones estén fundamentadas.
Emitir opiniones o compartir información sin verificar su veracidad no solo desvirtúa el propósito de este derecho, sino que también puede ser perjudicial para el tejido social y la construcción de una democracia sólida.
En última instancia, una democracia robusta no se mide únicamente por la capacidad de sus ciudadanos de expresarse libremente, sino por cómo estos ejercen dicho derecho. La libertad de expresión, cuando se practica con responsabilidad, se convierte en una herramienta poderosa para el progreso, el entendimiento y el bienestar colectivo.
Es, por tanto, esencial que, al ejercer este derecho, busquemos siempre contribuir al bien común, fortaleciendo así los cimientos de nuestra sociedad.
Esto todavía es mucho más importante, cuando quien ejerce este derecho, lo hace a través de los diversos medios de comunicación, pues aquí el deber exige cerciorarse que lo afirmado, sea verídico, pues el contenido de esto, necesariamente debe servir a las personas para la buena toma de decisiones, generalmente es una obligación contenida en muchas de las constituciones estatales.