Mtra. Karime Athie Ortíz
Inicia el año y con ello nuevos retos y asuntos que se quedaron pendientes, iniciativas de ley sobre la protección de mujeres, niñas y niños que no avanzaron y que deberían ser retomadas en este nuevo periodo legislativo.
Son muchas las iniciativas en espera de ser discutidas y aprobadas en todo el país, la lista es larga y la necesidad de su aprobación es imperativa; avanzar en una agenda de género es impostergable.
Una de ellas es la “Ley Vicaria”, que, si bien es cierto, el pasado 29 de noviembre de 2023, se reformaron y adicionaron diversas disposiciones de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, del Código Civil Federal y del Código Penal Federal, en materia de violencia a través de interpósita persona, aún falta por aprobarse en los congresos de Chiapas, Tabasco, Veracruz, Jalisco, Chihuahua y Durango.
También quedó pendiente la “Ley Monzón”, llamada así en honor a Cecilia Monzón, víctima de feminicidio por su ex pareja, quien en su momento solicitó la patria potestad del hijo procreado por ambos, por lo cual se presentó esta Iniciativa de Ley para que sea suspendida la patria potestad del presunto feminicida desde el momento en que se vincula a proceso.
Al respecto, esta iniciativa ha sido aprobada en los congresos de Aguascalientes, Ciudad de México, Colima, Estado de México, Guerrero, Nayarit, Puebla y Sinaloa, quedando pendiente el resto de las entidades federativas.
La “Ley Acida” o “Ley Malena” una Iniciativa encabezada por María Elena Ríos, cuyo objetivo es reformar la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, el Código Penal Federal y códigos penales estatales, para incluirla como un tipo de violencia que causa lesiones y daños irreversibles, así como equipararla como tentativa de feminicidio con penalidades equiparadas a este delito.
También propone protocolos de atención integral médica, incluyendo cirugías reconstructivas, rehabilitación, asistencia jurídica y psicológica, así como un padrón de mujeres victimas que permita visibilizar este tipo de violencia.
En marzo del 2023, la “Ley Malena” fue aprobada en el Congreso de Puebla y posteriormente presentada en los congresos de la Ciudad de México, Oaxaca, Querétaro, Quintana Roo, así como, en la Cámara de Senadores.
El Sistema Nacional de Cuidados (SNC) es uno de los grandes pendientes de la actual legislatura, esta Iniciativa fue presentada en 2021 y busca reformar los artículos 4º y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con la finalidad de reconocer el derecho al cuidado de niñas y niños, adultos mayores, personas con alguna enfermedad o discapacidad, y abrir nuevas oportunidades para las personas cuidadoras, específicamente para las mujeres, ya que se estima que son quienes sostienen el 75% del cuidado no remunerado en México, lo anterior permitirá disminuir la brecha de desigualdad a través subsidios, políticas públicas, programas y acciones específicas.
La aprobación del SNC es trascendental ya que se prevé se reduzcan los índices de violencia familiar y de género contra las mujeres, fomentando independencia económica y redistribuyendo las labores del hogar.
Para el funcionamiento del SNC se requiere un presupuesto que permita mejorar los servicios de salud, la instalación de estancias infantiles, subsidios para personas cuidadoras, entre otros elementos importantes a considerar.
Son muchos los retos para este 2024, aunado a que estamos ante la jornada electoral más importante de la historia, en donde se elegirán mas de 10 mil cargos públicos, entre ellos a la persona titular del Poder Ejecutivo, a las y los legisladores que integrarán los congresos estatales y federales; quienes, ante la situación prevaleciente, deberán asumir la responsabilidad de brindar protección y bienestar a todos los habitantes, en especial a las mujeres, niñas y niños victimas de violencia.
Más allá de un discurso político, es necesario que los tres órdenes de gobierno afronten la situación actual y lleven a cabo acciones concretas con resultados tangibles y satisfactorios, que garanticen el ejercicio y protección de los derechos de las mujeres.
Prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, niñas y niños es preponderante para poder consolidar y garantizar un Estado de derecho, con oportunidades de desarrollo y crecimiento para todas y todos.