Karime Athie Ortiz
Como cada año miles de mujeres marchamos el 8 de marzo, un mes que se pinta de morado en todos los espacios públicos y privados en conmemoración del Día Internacional de la Mujer, pero también se inunda de exigencias y reclamos ante la falta de justicia.
No se trata de un tema que nos ocupa exclusivamente a las mujeres, sino de caminar en sociedad sin importar el género. Tampoco se trata de partidos políticos o gobiernos en turno, sino de exigir a las autoridades que lleven a cabo las acciones necesarias de prevención y atención a los delitos en contra de nosotras.
Actualmente el Poder Judicial se encuentra en una etapa de renovación y tiene el gran reto de brindar capacitación para juzgar con perspectiva de género a más de 881 personas que serán electas en los siguientes comicios. Un panorama sumamente complicado para las mujeres víctimas que hoy claman justicia.
Es importante que el Poder Judicial trace una ruta de capacitación enfocada a quienes tendrán la facultad y obligación de impartir justicia. No hay tiempo ni lugar para juzgar sin perspectiva de género, la situación de violencia en la que estamos inmersas las mujeres es de urgente atención.
De igual forma, es de vital importancia capacitar a las personas que fungen como ministerios públicos, a la policía de investigación, y a todas las personas que tienen la obligación de actuar como primer respondiente. La no revictimización de las mujeres debe ser prioridad al momento de presentar una denuncia y durante la integración de las carpetas de investigación.
Por otra parte, es importante que las personas juzgadoras tomen acción para disminuir los índices de impunidad, especialmente en los casos de violencia contra las mujeres. A menor impunidad, menor el índice delictivo.
Tan solo en 2024 la impunidad por el delito de feminicidio fue del 76 por ciento, una cifra alarmante ante la exigencia de justicia en todas las entidades federativas, que parece no ser escuchada.
Leyes como la Ley Sabina, Ley Vicaria, Ley Olimpia, Ley Ingrid, Ley Monzón, Ley 3 de 3 vs Violencia, Ley Malena, Ley Monse, Ley Alina y muchas otras que han sido impulsadas por víctimas que han tenido que recorrer un largo camino, contando una y otra vez su historia en lo público y en lo privado con tal de evidenciar la violencia ejercida en su contra. Un sistema que nos obliga a la revictimización constante para poder ser escuchadas y alcanzar la justicia tan anhelada.
Lo anterior, debe incitarnos a una reflexión profunda: ¿que tanto ha tenido que pasar, o más bien dicho a “no pasar” para que sean las víctimas quienes tomen este rol que constitucionalmente es una obligación del Estado?
Las mujeres representamos casi el 52 por ciento del total de población en México, y en estricto sentido se nos debe garantizar una vida libre de violencia y justicia para todas las víctimas; el respeto a nuestros derechos desde todos los espacios y ámbitos debe ser de facto.
Estamos ante un momento importante y creciente de exigencias para los tres poderes del Estado, no basta con legislar si en los hechos las autoridades jurisdiccionales son omisas ante las leyes que nos protegen, y no, no es una obligación de cada una de las víctimas ser vigías de su correcta aplicación. ¿En qué momento toda la responsabilidad de justicia recayó en las víctimas?
Las personas que sean electas para formar parte del Poder Judicial tendrán que trabajar para combatir la corrupción y la impunidad de los miles y miles de casos de violencia contra las mujeres. No hay tiempo para curvas de aprendizaje y procesos retardados de justicia.
La justicia equitativa que da a cada persona lo que le corresponde, reconociendo sus características y condiciones específicas, nos puede acercar a procesos judiciales con una justa reparación del daño.
Esperamos que la justica sea el resultado de un andamiaje legal que se ha construido a lo largo de los años y que cuenta con las herramientas indispensables para poder juzgar a los responsables de la comisión de delitos en contra de las mujeres.
Pugnamos para que no sea necesario apostarnos frente a las fiscalías, tribunales, organismos de derechos humanos, televisoras y medios de comunicación para exigir justicia.
Es imperante que cada autoridad cumpla con su obligación en lo que respecta a la prevención de delito, así como a garantizar nuestra seguridad conforme lo dictan las leyes.
Mientras la violencia contra nosotras continue y la justica no sea para todas, seguiremos alzando la voz cuantas veces sea necesario.