La gobernanza y los órganos electorales: la importancia de incorporar en su estudio las razones de la desconfianza de la ciudadanía hacia la democracia y las instituciones encargadas de su salvaguarda.
Lic. Rocío Rosiles Mejía
En los últimos años el sistema electoral mexicano se ha caracterizado por una tendencia evolutiva que lo ha conducido a estar en constante renovación, sin embargo, no podemos soslayar que pese a lo positivo que pueden resultar estos cambios tanto en la normativa como en el quehacer institucional de los órganos electorales la ciudadanía sigue siendo escéptica tanto con estos últimos como con los actores políticos involucrados en los procesos electorales. De acuerdo con datos de la encuesta de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) y el periódico Reforma el porcentaje de las y los encuestados que cree que hay mucha corrupción en las autoridades electorales asciende al 61.21%, mientras que, por lo que respecta a los partidos políticos esta cifra llega al 76.15%.[1] Más preocupantes aún son las cifras del Latinobarómetro 2018 que señala que solo el 38% de las y los mexicanos apoya la democracia[2] y el Índice de Democracia 2020 de la revista The Economist ubica a México en el lugar 72 en un listado que agrupa a 167 países y que clasifica a nuestra nación como una democracia defectuosa, con una calificación de 6.07 en una escala de 10.[3]
Atendiendo a lo anteriormente expuesto es inevitable no preguntarse cuál es el origen de esa desconfianza y descrédito hacia la democracia mexicana en un sistema que si bien aún tiene mucho por hacer ha logrado consolidar la alternancia en el poder, creado órganos autónomos encargados de llevar a buen puerto los procesos electorales y profesionalizado esta labor, considerando que, por ejemplo, en un país como Venezuela, Latinobarómetro arroja que el 75% de la población respalda la democracia, no obstante que, si comparamos estas cifras con la medición de The Economist a este país se le considera un régimen autoritario, ubicado en el lugar 143 de 167 países y con una puntuación de 2.73 en una escala de 10.
En ese sentido, ante este escenario consideramos que el estudio de la gobernanza electoral adquiere una enorme importancia a fin de obtener una respuesta no solo a la interrogante planteada con antelación sino también a otras más que derivan de esta ¿qué disgusta a la ciudadanía de las instituciones? ¿la percepción de la ciudadanía responde a genuinos problemas estructurales de nuestro sistema electoral o a un sesgo ajeno a los órganos en la materia que hace que la población emita un juicio negativo hacia la democracia? ¿es un problema de comunicación o de acercamiento de las instituciones electorales con la ciudadanía? Y la pregunta más importante ¿qué se puede hacer desde los órganos electorales para mejorar el apoyo a la democracia e incentivar la participación ciudadana?
En los últimos años la gobernanza electoral ha sido objeto de estudio tanto para la ciencia jurídica como para la política pues a través de esta se ha procedido al análisis de los distintos modelos de cómo se llevan a cabo las elecciones y las instituciones a cargo de la celebración de estas, así como de la resolución de conflictos en caso de que los mismos se presenten.
Luis Eduardo Medina Torres define la gobernanza electoral como la relación que se presenta entre los actores políticos y las autoridades electorales en el marco de un proceso comicial competitivo, con reglas conocidas y procedimientos adoptados por los participantes, cuyo ciclo inicia con las decisiones legislativas y termina con una resolución jurisdiccional o con una recomendación de modificaciones legislativas.[4] Por su parte, Alejandro Monsiváis Castillo señala que dos aspectos de la gobernanza electoral son el establecimiento de garantías mínimas de independencia y profesionalización en la administración electoral, así como la existencia de condiciones de equidad e imparcialidad en las elecciones.[5] Jonathan Hartlyn, citando a diversos autores, refiere que este tópico abarca la interacción de reglas constitucionales, legales e institucionales, y prácticas organizativas que determinan: (a) las reglas básicas de los procedimientos por utilizar en las elecciones y la contienda electoral; (b) la organización de campañas, el registro de los votantes y el escrutinio de los votos el día de las elecciones; y (c) la resolución de disputas y la certificación de los resultados.[6]
En ese tenor, se puede apreciar que el estudio de la gobernanza electoral se ha circunscrito al análisis de normas, estructuras administrativas y jurisdiccionales, así como la interacción de estas con actores políticos, no obstante, en pocas ocasiones la investigación sobre gobernanza ha incluido la manera en cómo tanto las autoridades electorales y los partidos políticos se relacionan con la ciudadanía y la forma en que esas interacciones con esta última inciden en la confianza o desconfianza hacia la democracia. A nuestro juicio, este último tópico es tan importante como estudiar otros temas que ya han sido abordados en la gobernanza electoral tales como el nombramiento de las autoridades electorales, la composición de estas, las reglas que garantizan la equidad de la contienda, etcétera, porque por más avances que se puedan tener en estos aspectos si la ciudadanía no es capaz de darle su justo valor o legitimidad a estas conquistas democráticas se corre el riesgo de retroceder en lo ya logrado. Por otra parte, si los órganos electorales limitan su labor a un cumplimiento mecánico y automático de los procedimientos que le imponen las normas en la materia sin analizar cómo estos impactan en la ciudadanía o cómo esta los percibe se estaría perdiendo la posibilidad de encontrar áreas de oportunidad que de ser mejoradas podrían reconciliar a la ciudadanía con la democracia.
En suma, es imperativo que las autoridades electorales incorporemos el estudio de la gobernanza electoral en nuestro quehacer institucional no solo para hacer una simple evaluación del mero cumplimiento de lo que dicta la Ley sino para analizar nuestra interacción con la ciudadanía a fin de conocer las causas de su desafección hacia la democracia y tomar las medidas necesarias para que la misma recupere su credibilidad.
- Urtiaga M. (2020). Corrupción y confianza en las instituciones. Los Mexicanos Frente a la Corrupción y a la Impunidad 2020. Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI). Pág. 61. Disponible en https://contralacorrupcion.mx/los-mexicanos-frente-a-la-corrupcion-y-la-impunidad-2020/assets/pdf/los-mexicanos-frente-a-la-corrupcion-y-la-impunidad-2020.pdf ↑
- Corporación Latinobarómetro. (2018). Informe 2018. Pág. 16. Disponible en https://www.latinobarometro.org/lat.jsp ↑
- The Economist. (2020). Democracy Index 2020. Pág. 10. Disponible en https://www.eiu.com/n/campaigns/democracy-index-2020/#mktoForm_anchor ↑
- Medina L. (2016). Gobernanza y régimen electoral en la reforma política de 2014. Primera Edición. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Pág. 17. Disponible en
https://www.te.gob.mx/publicaciones/sites/default/files//archivos_libros/TSDE%2052_Gobernanza%20y%20regimen%20electoral_Medina.pdf ↑
- Monsiváis A. (2009). La equidad electoral formal en las entidades federativas (1996-2007). Revista Perfiles Latinoamericanos. Número 33. Enero-junio 2009. Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales Sede México. Pág. 8. Disponible en https://perfilesla.flacso.edu.mx/index.php/perfilesla/article/view/167/111 ↑
- Hartlyn J. (2009). La importancia de la gobernanza electoral y la calidad de las elecciones en la América Latina contemporánea. Revista América Latina Hoy. Vol. 51. Universidad de Salamanca. Pág. 17. Disponible en https://www.redalyc.org/pdf/308/30811731002.pdf ↑