Brenda Xiomari Magaña Díaz
En México somos expertos en transformaciones institucionales que arrasan primero y reflexionan después o como bien lo resume la sabiduría popular: “Primero tiramos el árbol y luego preguntamos quién estaba trepado.”
La reforma judicial aprobada por la mayoría de Morena es el ejemplo más reciente de este fenómeno. Presentada como la gran promesa de justicia popular —romper la llamada “casta judicial”, abrir las puertas a la participación ciudadana y acabar con la corrupción de los tribunales—, es en realidad un rediseño institucional cuyo costo humano apenas se discute.
Partiendo del discurso oficial, la reforma apela a un deseo legítimo: erradicar la impunidad y el elitismo judicial. Sin embargo, su diseño plantea riesgos profundos. Convertir a los jueces en candidatos es politizar la justicia. Someterlos a campañas, partidos y slogans es degradar su papel de árbitros profesionales e imparciales. Es el de intercambiar a los estudiosos del Derecho por los candidatos que buscan no la razón sino la popularidad.
Pero, más allá del debate sobre la independencia judicial, hay una pregunta que permanece cuidadosamente silenciada: ¿qué sucederá con los miles de jueces, magistrados y funcionarios judiciales que ocupan actualmente esos cargos? ¿Cuál será su destino? ¿Emigrarán a la abogacía privada, al extranjero, a la academia? ¿Serán convertidos en una nueva clase técnica marginada, recordada como los “jueces del viejo régimen”?
La elección popular de jueces no es solo una medida legal, es una ruptura constitucional. Bajo la narrativa oficial, el juez dejó de representar la razón para convertirse en el emblema de la corrupción, el nepotismo y el elitismo técnico. Todos los jueces, magistrados y ministros se retiran de sus cargos con esa acusación, política y social, sobre sus espaldas.
En medio de este caos, Morena olvidó o ignoró deliberadamente un aspecto fundamental de su reforma: una propuesta para los desplazados. La pregunta que la reforma ni siquiera quiso responder es: ¿cómo vamos a darle un lugar en la sociedad a todos estos funcionarios que le han dedicado la mayoría de su parte adulta al Poder Judicial?
Estamos hablando de profesionales formados durante años en un sistema de carrera judicial, muchos tras rigurosos concursos públicos. Hoy se enfrentan a un futuro sin proyecto: no existen mecanismos de reconversión profesional, ni programas de transición, ni siquiera padrones serios que evalúen sus trayectorias. No hay propuestas para aprovechar su conocimiento, ni estrategias de integración en otros ámbitos públicos o privados. El mensaje es brutal en su simpleza: quien no sea electo (y haya sido sorteado en la tómbola para salir este año), queda fuera.
La historia mexicana conoce bien este patrón. Cada cambio de régimen arrastra consigo oleadas de técnicos, burócratas, jueces e ingenieros que son expulsados no por su desempeño, sino por el sistema al que pertenecieron. No se les juzga por su trabajo, sino por el régimen que representan. El resultado es siempre el mismo un país incapaz de estabilizar su capital humano.
Hoy se repite el patrón: una clase judicial entera está siendo desmantelada no por evaluaciones objetivas de su desempeño, sino por lo que simboliza: un sistema asociado al elitismo, la distancia social y la desconfianza pública. Sí, existen redes de privilegio, corrupción y burocratismo. Pero también hay operadores jurídicos con alta formación, profesionalismo y vocación ética.
Este desplazamiento ocurre en un vacío institucional total. Ni el oficialismo ni la oposición en las cámaras del Congreso han presentado propuestas reales de transición judicial. Al día de hoy:
- No existen mecanismos de reconversión profesional para reubicar o capacitar al personal en otras funciones. Aunque en los discursos políticos se ha mencionado de forma general que los jueces podrían litigar de inmediato o recibir compensaciones, no hay un plan operativo, publicado ni detallado, que establezca procesos de transición.
- No hay estrategias oficiales para aprovechar el conocimiento acumulado.
- No existen garantías de evaluación que permitan que los trabajadores del Poder Judicial conserven sus trabajos. Aunque la reforma promete que se respetarán los derechos laborales, no establece un proceso claro de transición.
Me pregunto: ¿qué país estamos construyendo cuando, en nombre de la justicia, desplazamos sin protección a personas que han entregado su capital humano al servicio público?
Transformar al Poder Judicial no debería ser un proceso de demolición, sino un trabajo paciente de reconfiguración cultural, profesional y humana. Sin un verdadero proyecto de transición, lo que emergerá no será una justicia renovada, sino otro edificio levantado sobre los mismos cimientos frágiles. Peores operadores, peores redes, y quizá un autoritarismo judicial disfrazado de legitimidad popular.
La pregunta no es solo cómo cambiar al Poder Judicial, sino cómo evitar que, en nombre de la justicia, terminemos desperdiciando lo mejor de él.