Dr. Silvino Vergara Nava
«Vivimos un momento excepcional en nuestra región,
en que una emergencia pone de relieve
problemas preexistentes.
Hay fenómenos pre-pandemia
que la pandemia agudiza o agrava».
Eugenio Raúl Zaffaroni
En la primera semana de octubre de 2020, en las habituales y monótonas conferencias matutinas desde Palacio Nacional, se sostuvo que se presentará una iniciativa de reforma respecto de las denominadas “outsourcing”. Ella corresponde a la regulación para que los derechos de los trabajadores no se vean afectados. Ahora bien, esto, como ha sucedido en esta administración pública (llena de muy, pero muy buenos propósitos) en muchas ocasiones, no se da en el momento oportuno o, bien, la propuesta determinada no es la que corresponde para resolver el problema.
Aquella propuesta es un ejemplo de esto, pues, con la realidad en la que nos encontramos actualmente, no son tiempos para implementar esta reforma. La pandemia, la crisis de salud, la crisis económica son elementos suficientes como para meditar que no es el momento oportuno para esta serie de regulaciones, que pretenden, simplemente, establecer más infracciones y delitos. Esta decisión no responde sino al pretendido interés de «resolver el problema» implementando más prohibiciones; pero no es así. El riesgo claro de una legislación así es que, por otorgar derechos de los trabajadores, nos quedaremos sin trabajadores.
Es evidente que los esquemas de outsourcing y, también, de los otros denominados insourcing se crearon para que haya un ahorro respecto de toda la serie de cargas impositivas que hay como patrón por contar con trabajadores y fomentar el empleo. Sin embargo, pareciera que es un castigo pretende contratar personal. Dicho esto, en tanto existan más prohibiciones y regulaciones, más será el riesgo de azotar las fuentes de empleo y de que se extingan o, bien, que cada vez más personas se establezcan en esquemas donde no habrá ni los derechos de salud mínimos para ellos y sus familias. Está muy claro en la experiencia mundial que, entre más se apriete el cinturón de la ley, será más fácil romperla y, por ende, que se dé una serie de incumplimientos generalizados por la imposibilidad de cumplir.
En consecuencia, la única salida para una reforma sería la de una verdadera transformación en el país, en vez de establecer más prohibiciones a las outsourcing o agudizar las sanciones y los castigos. Es necesario disminuir las cargas tributarias que tienen los patrones, simplemente, por contar con trabajadores. Así, muchas veces, los empleos de mayor confianza no cuentan, ni acaso, con servicios de seguridad social, y esto se debe a tantas cargas impositivas que lo hacen imposible e inviable para las empresas, sobre todo para las pequeñas y medianas, para las que no forman parte de los grandes monopolios, las que son empresas familiares y que viven al día.
Es muy preocupante que, en tiempos de pandemia, se pretenda poner un cinturón aún más fuerte, con el que ya no habrá trabajadores con servicios de seguridad social a medias, sino, de plano, empleos y trabajadores sin la más mínima prestación de servicio social. Esto se deberá a la pretensión de limitar, todavía más, los esquemas de outsourcing.
Es evidente que, si de verdad se pretendiera auxiliar los empleos, lo que debería suceder es hacer lo oficial más fácil. Pero sucede, desde hace muchos años, que se hace lo contrario: lo fácil se hace difícil y lo difícil, imposible. Hoy, uno de los casos imposibles será contratar personas para las empresas. Por ello, bien se puede decir que esta legislación es imprudente e inoportuna.