Karime Athie Ortiz
“El derecho a trascender con dignidad,
no es una renuncia a la vida,
más bien es abrazar la vida sin dolor, con amor y libertad”.
En México, desde hace muchos años se ha intentado regular la muerte asistida para personas con enfermedades terminales o crónicas graves. Los primeros debates se llevaron a cabo en 1970, sin éxito alguno.
En 2023 se presentaron diversas iniciativas sobre la muerte digna, sin embargo, se quedaron únicamente en un análisis legislativo.
En la actualidad en algunas entidades federativas está permitida la voluntad anticipada, como un derecho de todas las personas de decidir con antelación, de forma consciente y libre, si desea hacer uso o no de tratamientos médicos que prolonguen artificialmente la vida en caso de se encuentren en etapa terminal.
El pasado 28 de octubre, Samara Martínez presentó en el Senado de la República la Iniciativa llamada “Ley Trasciende”, que promueve el reconocimiento de los derechos de las personas a decidir sobre el final de su vida, cuando padezcan una enfermedad en etapa terminal o una enfermedad crónica, degenerativa y discapacitante.
La Iniciativa fue presentada con el respaldo de 128,000 firmas, así como de diferentes sectores de la sociedad y grupos parlamentarios.
A través de su testimonio como paciente de enfermedad renal crónica y enfermedades autoinmunes y con un diagnóstico terminal, Samara Martínez está abriendo nuevos panoramas respecto al significado de la dignificación de la vida y muerte de los seres humanos.
Actualmente el artículo 166 Bis 21 de la Ley General de Salud, prohíbe la eutanasia, clasificándola como “homicidio por piedad”, por lo que en caso de realizarse implicaría una sanción penal de acuerdo al artículo 312 del Código Penal Federal.
La “Ley Trasciende” busca modificar estos artículos para permitir que personas mayores de edad, diagnosticadas por médicos especialistas con enfermedades crónico-degenerativas discapacitante o amenazante a su salud, sin posibilidad de cura, o enfermedades terminales, puedan ejercer este derecho en caso de que así lo deseen.
La Iniciativa señala que, para poder ejercer el derecho a la eutanasia o muerte digna, las personas deberán ser mayores de edad, contar con dos dictámenes médicos coincidentes, y expresar ante Notario Público su voluntad de forma libre, informada, y en pleno uso de sus facultades.
Es imprescindible señalar que esta Iniciativa de ninguna manera pretende promover la muerte, sino humanizarla, evitando el dolor y agonía en los casos específicos mencionados anteriormente.
Lo anterior nos lleva a una profunda reflexión sobre el poder decidir libremente respecto a la última voluntad de vida, del límite del cuerpo humano, más allá de creencias, debates políticos o paradigmas sociales.
Algunos de los principales obstáculos en este camino, han sido las creencias, los condicionamientos culturales, los estigmas sociales, y la falta de información desde un punto crítico y humano que conlleve un sentido de consciencia.
La apertura al debate en Comisiones legislativas permitirá difundir información certera sobre el espíritu y esencia de estas reformas, desde una perspectiva jurídica, médica y social.
Uno de los principales retos será transformar los paradigmas que por años han prevalecido alrededor de este tema, así como lograr el equilibrio entre la protección de la vida y el respeto a la libertad de decisión y dignidad de todas las personas.
Desde este espacio que me brinda Paréntesis Legal, quiero expresar mi admiración y reconocimiento para Samara Martínez, impulsora de esta Iniciativa, con quien recientemente tuve el gusto de platicar. Estoy cierta que esta lucha se convertirá pronto en un derecho para todas las personas.