Karime Athie Ortiz
Durante mucho tiempo se ha pugnado ante todas las instancias por la protección de los seres sintientes, logrando una importante transformación social y jurídica de prevención y sanción para quien cometan cualquier acto de crueldad y maltrato animal.
Hace algunos días, Pedro Sola, conductor de un programa de televisión, expresó públicamente comentarios de odio y violencia extrema hacia los seres sintientes. Palabras que claramente incitan al maltrato animal.
La responsabilidad de quienes están detrás de un micrófono, en un programa que se transmite en televisión abierta a nivel nacional, y que cuenta con una alta audiencia, debe asumirse no sólo desde el punto de vista de la libertad de expresión, si no desde la ética, los valores, el respeto, la dignidad y por supuesto sobre las leyes que rigen en nuestro país.
Si bien es cierto, la libertad de expresión constituye uno de los pilares fundamentales de nuestra Carta Magna, las opiniones, ideas y comentarios, deben armonizarse con la protección de otros derechos, reconociendo que ningún derecho fundamental es absoluto.
Y entonces, jurídicamente, ¿cuál es el límite del discurso público cuando una expresión contribuye a justificar, normalizar o incentivar conductas de violencia contra los animales?
El límite constitucional se sobrepasa cuando en el uso legítimo de la libertad de expresión, un discurso se convierte en el vínculo para la comisión de un delito, la afectación de bienes jurídicos protegidos o la incitación de cualquier tipo violencia.
El derecho a la libre expresión se contrapone cuando se promueve, justifica o incentiva actos contrarios a la ley, como por ejemplo una invitación a realizar actos dañinos.
Es imperante reconocer que los discursos públicos tienen un impacto directo en la construcción de valores colectivos, por lo tanto, en el caso específico de los seres sintientes, cualquier expresión de violencia es contrario a la protección que el propio orden jurídico mexicano establece.
La libertad de expresión consagrada en el artículo 6º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece claramente que, la manifestación de ideas no será objeto de inquisición judicial o administrativa, salvo cuando se afecten derechos de terceros, se provoque algún delito o se altere el orden público conforme a los límites establecidos por la ley.
En ese sentido, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha manifestado que la libertad de expresión es un pilar importante para la democracia; sin embargo, también ha expresado que este derecho puede estar sujeto a responsabilidades posteriores cuando exista una afectación real a otros derechos.
México es uno de los países con mayor maltrato animal. De acuerdo a las denuncias presentadas, las principales formas son: el abandono, el confinamiento y ataduras, la falta de alimento y agua, golpes, lesiones, envenenamiento, quemaduras, muerte intencional, peleas ilegales, y reproducción clandestina.
En 2025, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México reportó 286 investigaciones por delitos de maltrato o crueldad animal. Es importante mencionar el subregistro de todos aquellos casos de maltrato que no son denunciados.
Actualmente las 32 entidades federativas cuentan con algún tipo de legislación sobre protección y bienestar animal, aunque no existe una homologación respecto al contenido y las sanciones.
Es por ello, que el maltrato de los seres sintientes ha dejado de ser un asunto privado para convertirse en un asunto de interés público que deber ser sancionable.
El impacto de una opinión violenta contra los animales por parte de quien forma parte de un medio de comunicación es inadmisible, ya que puede modificar o crear percepciones sociales.
La expresión de Pedro Sola no fue solo una opinión, fue la reprobable e indignante promoción directa de una conducta ilícita que normaliza la violencia en contra de los seres sintientes.
México ha avanzado hacia un modelo jurídico donde los animales son reconocidos como seres que requieren protección frente al sufrimiento y la crueldad.
Esta evolución obliga también a comprender y ejercer de forma responsable los mensajes difundidos a través de los medios de comunicación.
La consolidación de una sociedad consciente y respetuosa, requiere no solamente de la aplicación estricta de las leyes, sino también de una cultura de responsabilidad en el ejercicio de la palabra.