Dr. Ángel Durán Pérez
En la arquitectura de los estados modernos, la Constitución emerge como el pilar fundamental sobre el cual se asientan los derechos y libertades de los ciudadanos.
Desde que terminó la Segunda Guerra Mundial, este documento ha cobrado una importancia sin precedentes, estableciéndose como una barrera infranqueable contra los abusos de poder y las tragedias humanitarias que el mundo juró nunca más permitir.
Este artículo se propone explorar, en una narrativa cronológica, cómo los objetivos de las constituciones han evolucionado y por qué, a pesar de las constantes tentativas de modificación por parte de quienes detentan el poder. La sociedad debe jugar un rol crucial en su defensa y preservación.
Los objetivos fundamentales de una Constitución
Al finalizar la Segunda Guerra Mundial, el mundo se encontraba en un estado de reflexión profunda sobre cómo garantizar que los horrores vividos no se repitieran. La respuesta encontrada fue la creación o renovación de constituciones nacionales que no solo estructurasen el estado, sino que, fundamentalmente, establecieran un catálogo extenso de derechos para las personas. De esta manera, se generó una obligación indeclinable de los estados de comprometerse a respetar y mantener la vigencia de estos documentos como guardianes de la dignidad humana y preservadores de la especie.
Una Constitución representa la voluntad colectiva de un pueblo, encarnando sus anhelos más trascendentales y los mínimos indispensables para proteger la dignidad humana. (Pero cuando ésta es modificada a antojo de un poder, sin consulta social se desvirtúa su objetivo)
Los objetivos de una Constitución, por lo tanto, se convierten en los ejes sobre los cuales gira la vida política, social y económica de una nación, sirviendo como marco de referencia para la legislación, la administración de justicia y la acción gubernamental.
La tentación del poder
Sin embargo, el poder tiene una naturaleza embriagadora. Quienes lo detentan, a menudo se ven tentados a modificar las constituciones para perpetuar su permanencia en el poder o ampliar sus prerrogativas.
Este impulso no es nuevo; es tan antiguo como la política misma. Pero en el contexto de las democracias modernas, donde el equilibrio de poderes y la separación de funciones son fundamentales, la tentativa de alterar la Constitución adquiere una dimensión particularmente problemática.
La discrecionalidad que el poder concede, si bien necesaria para la gobernanza, debe ser ejercida dentro de los límites establecidos por la Constitución. El desafío radica en que, en su búsqueda por satisfacer voluntades individuales y particulares, los gobernantes pueden verse inclinados a sobrepasar estos límites, generando tensiones y conflictos con aquellos que demandan el cumplimiento de la voluntad general.
El rol de la sociedad
Frente a las tentaciones del poder, la sociedad desempeña un papel crucial. Es el pueblo, como titular de la soberanía y fuente de legitimidad de la Constitución, quien debe vigilar su cumplimiento y resistir cualquier intento de modificación que comprometa los principios democráticos y los derechos fundamentales.
La participación ciudadana activa, el escrutinio público de las acciones gubernamentales y el compromiso con la educación cívica son herramientas esenciales en esta tarea. La historia nos muestra que las constituciones más resilientes son aquellas que cuentan con el respaldo y la protección de sus ciudadanos. Cuando la sociedad está informada, comprometida y dispuesta a defender sus derechos, la tentación del poder encuentra un contrapeso efectivo.
La Constitución es mucho más que un documento legal; es la expresión viva de los valores, principios y aspiraciones de un pueblo. En ella, se balancean los ideales de libertad y justicia con las necesidades de orden y gobernabilidad. Frente a las tentaciones del poder, es indispensable que la sociedad asuma un rol activo y vigilante, asegurando que la Constitución no sea solo un referente teórico, sino una realidad vivida.
Con la exploración de la dinámica entre el poder y la protección constitucional, es fundamental destacar los mecanismos que en países como México se han establecido para salvaguardar este documento fundamental ante posibles vulneraciones por parte de quienes ejercen el gobierno. La realidad muestra que, frecuentemente, son los gobernantes quienes representan el mayor riesgo para la integridad de la Constitución.
Desde el momento en que se asume el ejercicio del poder, todo servidor público, todo aquel que representa el poder, está obligado a jurar respeto y cumplimiento a la Constitución. Sin embargo, este juramento muchas veces se ha vuelto una formalidad sin mecanismos efectivos que aseguren su verificación y cumplimiento. Este vacío pone de manifiesto la necesidad de que tanto los estados como la sociedad, en su conjunto fortalezcan los mecanismos de defensa de la Constitución.
Mecanismos de defensa constitucional en México
Y es que en México, existen varios mecanismos tanto para la defensa individual como colectiva de la Constitución. Entre ellos, el juicio de amparo se destaca como una herramienta poderosa para cualquier persona que sienta que un derecho humano, amparado por la Constitución, ha sido vulnerado. A través de este mecanismo que protege a la Constitución, se puede solicitar a un juez federal la suspensión del acto que infringe dicho derecho, defendiendo así la carta magna. Del mismo modo, los partidos políticos y ciertos servidores públicos, pueden promover acciones o controversias constitucionales ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación cuando se publica una ley que invade la esfera de su competencia o cuando un ciudadano se siente vulnerado en sus derechos político-electorales, recurriendo a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para que se le respeten sus derechos políticos y esto también es defender a la Constitución. Estos mecanismos representan herramientas vitales para mitigar el impacto de intentos por socavar el valor de la Constitución.
El poder, adictivo y corrosivo, puede llevar a quienes lo ejercen a olvidar su objetivo esencial de proteger y elevar los principios constitucionales. La realidad es que, a menudo, las enmiendas constitucionales impulsadas desde el gobierno, buscan satisfacer objetivos particulares más que reflejar la voluntad popular.
La Necesidad de Reforzar los Mecanismos de Defensa y Participación Ciudadana
El sistema presidencial mexicano ha hecho numerosas enmiendas a la Constitución, a veces hasta el punto de hacerla casi irreconocible. Esto se debe en gran medida a la intención del gobierno de modificarla para alcanzar objetivos específicos, desatendiendo la representación social real. La modificación de la Constitución debería ser un proceso reservado para especialistas, constituyentes responsables, y con una participación masiva de la sociedad, no solo impulsado por aquellos en el poder. La introducción de mecanismos más fuertes y efectivos para la participación ciudadana en la reforma constitucional es imperativa. Solo así se puede asegurar que los cambios reflejen el avance social y no los caprichos del poder en turno.
La sociedad debe unirse para proteger y promover los derechos humanos y garantizar un sistema de gobierno que proporcione instituciones fuertes y duraderas, capaces de resistir los embates del poder.
Hacia un nuevo constitucionalismo en el siglo XXI
Desde 1948 el constitucionalismo moderno, ha buscado proteger los derechos humanos al más alto nivel democrático, sin conceder a quienes están en el poder, la facultad de cambiar la Constitución a su antojo. La Constitución pertenece a la población; son las reglas a las que incluso el estado y sus gobernantes deben someterse.
Cuando un estado es débil, el poder puede llegar a invisibilizar a la Constitución, pero esta situación nunca ha resultado beneficiosa, el síntoma visible, es que la sociedad ni siquiera la conoce, y si no la conocemos entonces ¿cómo la defenderemos? Reorganizar el sistema constitucional para el siglo XXI requiere una reevaluación profunda de cómo la sociedad puede y debe participar en la defensa y reforma de la Constitución. Asegurar que este documento fundamental refleje verdaderamente los valores, derechos y aspiraciones de la población es crucial para mantener la integridad y relevancia de la democracia en nuestros tiempos. La participación activa de la ciudadanía en este proceso no solo es un derecho, sino también una responsabilidad fundamental que debe ser ejercida con vigor y determinación.
La sociedad debe estar informada, comprometida y dispuesta a actuar para garantizar que la Constitución se mantenga como un verdadero reflejo de sus valores y necesidades. Esto implica no solo resistir los intentos de aquellos en el poder de alterar el texto constitucional para sus propios fines, sino también promover activamente reformas que fortalezcan los principios democráticos y los derechos humanos.
La defensa de la Constitución es una tarea que compete a todas las personas. Requiere de un compromiso activo con la democracia y una comprensión clara de los derechos y deberes que emanan de este documento fundamental. La educación cívica juega un papel crucial en este proceso, al proporcionar a la ciudadanía las herramientas necesarias para entender, valorar y defender los principios constitucionales.
En un mundo en constante cambio, donde los desafíos a la democracia y a los derechos humanos son cada vez más complejos, la necesidad de una sociedad civil fuerte y participativa es más apremiante que nunca. Los mecanismos de defensa de la Constitución deben ser accesibles y efectivos, permitiendo una respuesta rápida y contundente ante cualquier intento de subvertir los principios democráticos.
La reforma constitucional debe ser un proceso inclusivo, transparente y deliberativo, que refleje un amplio consenso social. Solo a través de un diálogo constructivo entre la sociedad, los expertos y los representantes elegidos se pueden realizar cambios que verdaderamente fortalezcan la estructura democrática del país y promuevan el bienestar de todos sus ciudadanos. La defensa y la promoción de la Constitución en el siglo XXI requieren de una ciudadanía empoderada, informada y activa. Es mediante la participación de todos los sectores de la sociedad que se puede asegurar que la Constitución continúe siendo la piedra angular de la democracia y un escudo efectivo contra las tentaciones del poder. La tarea de preservar y renovar este documento vital es continua y esencial para el avance de una sociedad justa, equitativa y libre. La renovación de la Constitución debe ser un proceso llevado a cabo con responsabilidad y transparencia.
Es preocupante observar que, en ocasiones, quienes han jurado respetar y proteger la Constitución, al asumir el poder, buscan la manera de modificarla para ajustarla a sus propios intereses. Esta realidad debe servir de advertencia para la sociedad, destacando que cualquier cambio a la Constitución debe ser resultado de una voluntad colectiva, sometido a un riguroso escrutinio público para asegurar que sea indispensable y beneficioso para el bienestar nacional. Los cambios constitucionales deben representar un avance significativo, independientemente de si continúan la dirección de los años anteriores o si responden a nuevas necesidades. Sin embargo, estos cambios no deben ser impulsados únicamente por un sector de la sociedad, un grupo político, o ser una respuesta a las circunstancias históricas del momento. Las constituciones son más que simples documentos; son el compendio de reglas, valores y principios que facilitan la convivencia armónica en una nación.
Durante los últimos casi trescientos años, las luchas por los derechos constitucionales han sido intensas y, en muchos casos, han requerido grandes sacrificios. Esto subraya la importancia de la Constitución como el instrumento supremo de gobernanza, merecedor de nuestra protección y defensa ante cualquier intento de subversión por parte de quienes detentan el poder. En el contexto de un mundo globalizado, es esencial que las naciones trabajen conjuntamente para garantizar el respeto a las constituciones a nivel mundial, manteniendo el orden y previniendo crímenes contra la humanidad. Es imperativo analizar y fortalecer las estrategias para prevenir que la Constitución se degrade a ser solo papel para aquellos con poder político, militar o económico.
El poder, en sus múltiples formas, representa una amenaza constante para la Constitución y el sistema democrático. Puede manifestarse a través de la fuerza militar, el dominio económico de grandes corporaciones, la influencia de los medios de comunicación y redes sociales, o el uso político de la Constitución para legitimar el poder. En la era actual, donde la tecnología y la inteligencia artificial avanzan a pasos agigantados, la Constitución de cada país debe estar preparada para enfrentar estos nuevos desafíos globales.
El siglo XXI se caracterizará por la emergencia de nuevos poderes, impulsados por el avance tecnológico. En este contexto, la sociedad debe estar vigilante y comprometida para asegurar que la Constitución se adapte y responda eficazmente a estos cambios, sin perder su esencia protectora de los derechos fundamentales. La tarea de actualizar y defender la Constitución es más crucial que nunca, exigiendo la participación activa de todas las personas, para garantizar que se preserve como el pilar de nuestra democracia y bienestar colectivo.
Este compromiso colectivo hacia la protección y actualización de la Constitución nos lleva a la necesidad de un diálogo inclusivo y constructivo entre todos los sectores de la sociedad. Es esencial que este diálogo trascienda las diferencias políticas, sociales y económicas, uniendo a la ciudadanía en torno al objetivo común de preservar los fundamentos democráticos y adaptarlos a las exigencias del presente y futuro. La inclusión de mecanismos de participación ciudadana en el proceso de reforma constitucional se convierte en un imperativo. La tecnología, correctamente canalizada, ofrece nuevas oportunidades para facilitar este tipo de participación, permitiendo que una gama más amplia de voces sea escuchada y considerada. La inteligencia artificial y las plataformas digitales pueden servir como herramientas para analizar propuestas, realizar consultas populares y fomentar un debate público más rico y diverso sobre las reformas necesarias.
Además, la educación juega un papel crucial en este proceso. Es fundamental que los ciudadanos entiendan la importancia de la Constitución, conozcan sus derechos y deberes, y estén informados sobre cómo los cambios tecnológicos y globales afectan a la sociedad y al estado de derecho.
Solo a través de una ciudadanía educada y comprometida se puede asegurar una defensa efectiva de los principios constitucionales. La protección de la Constitución en el siglo XXI también requiere una vigilancia constante contra las amenazas que surgen del poder económico, militar y tecnológico. Las instituciones democráticas deben ser fortalecidas para resistir estas presiones, garantizando que cualquier cambio en la Constitución se haga en beneficio de la totalidad de la sociedad y no a favor de intereses particulares.
En última instancia, la defensa de la Constitución es una responsabilidad compartida por todas las personas y el estado requiere de un esfuerzo constante y colectivo para asegurar que siga siendo un documento vivo, relevante y capaz de proteger los derechos y libertades de todos. La Constitución no es solo un conjunto de reglas; es la expresión de nuestra identidad como sociedad, de nuestros valores más preciados y de nuestra aspiración a vivir en un mundo más justo y equitativo.
A medida que avanzamos en este siglo de cambios rápidos y desafíos sin precedentes, nuestra dedicación a la Constitución y a los principios democráticos será la piedra angular sobre la cual construiremos un futuro prometedor para todos. La tarea es ardua, pero la recompensa –una sociedad más justa, libre y democrática– bien vale el esfuerzo. Es hora de unirnos en esta misión vital, reconociendo que cada paso que damos hacia la protección y mejora de nuestra Constitución es un paso hacia un futuro mejor para nuestra nación y para el mundo.