Lic. Raymundo Manuel Salcedo Flores
Hay un proverbio chino que dice “ojalá que te toque vivir tiempos interesantes”.
La elección del pasado domingo tuvo un resultado que casi todas las encuestadoras vaticinaban, pero algunas personas se negaron (y al parecer siguen negándose) a ver: la aplastante victoria de la coalición “sigamos haciendo historia” en la elección presidencial y en el Congreso.
Los resultados están lejos de ser definitivos, ya que al cierre de esta edición el único dato con el que se cuenta es el PREP (Programa de Resultados Electorales Preliminares) y el inicio de los cómputos distritales; pero éste da cuenta de que el electorado le dio 60 senadurías por mayoría relativa a los integrantes de la coalición y 4 por el principio de Primera Minoría, esto es 64 escaños en total en el Senado; así como 256 de las 300 diputaciones por mayoría relativa. Aún está por verse la asignación de legisladores por representación proporcional, pero es claro que dicha coalición ha obtenido la mayoría en ambas cámaras.
Si las proyecciones de la elección son correctas, la cantidad de diputados y senadores que finalmente alcance el gobierno entrante será suficiente para poder hacer cambios incluso a la Constitución; así como a efectuar las tan anunciadas reformas en materia judicial y electoral.
La gran crítica que comienza a generarse gira en torno a la acumulación de poder en un solo ente político; porque la historia política de México tiene episodios de autoritarismo y hegemonía de un solo partido político entre 1929 y 1994; a los que parte de la historiografía ha denominado la “dictadura priista”.
Al margen de los análisis sociológicos y políticos que se pueden hacer al respecto, existe un fondo jurídico que se puede analizar de todo esto.
En un artículo anterior me referí al voto disidente en México; esto es, al voto nulo, al voto blanco y al voto emitido a favor de candidatos no registrados; en ese artículo se concluyó la ambigüedad legal que existe, por ejemplo, entre el voto para candidatos no registrados.
Los efectos legales que tiene el voto nulo (ya sea intencional o accidental) y el de candidatos no registrados son inexistentes: en Sonora se ha dado el caso no en una sino en dos ocasiones que un candidato no registrado ha ganado la elección y los precedentes judiciales han sido lapidarios: tanto las autoridades jurisdiccionales locales y federales han determinado que ese recuadro sólo tiene efectos para libertad de expresión y no para emitir un voto jurídicamente efectivamente válido a favor de una persona.
De este modo, se consolida la partidocracia.
El poder se ha consolidado en manos de los partidos políticos y son muchos los ciudadanos que no se sienten representados por esos partidos, de ello da cuenta la participación en la elección, que alcanzó el 60%
Como se anticipó al inicio de este artículo, una sola coalición política ha obtenido la mayoría del Congreso de la Unión, lo que, en términos del artículo 135 constitucional, permitiría hacer reformas a la Constitución; y aunque Marbury sostuvo que el poder de reformar la Constitución no implica el poder de destruirla; pero en la práctica, el poder reformador de la Constitución sí puede hacer modificaciones serias al texto fundamental.
Ahora bien, esta posibilidad de reformar la Constitución se podría ver comprometida si, como resultado de los cómputos distritales y de las impugnaciones que haya de resolver el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, se hiciera valer lo previsto por la fracción IV del artículo 54 de la Constitución, en el sentido de que la sobrerrepresentación de los partidos en la Cámara de Diputados no puede ser superior al 8% de la votación total emitida; en cuyo caso, esta mayoría calificada se verá comprometida.
Sin embargo, el poder con que contará la coalición ganadora será mucho más del que venía teniendo con la última composición del congreso; y la posibilidad de que alcance la mayoría calificada para reformar la Constitución es muy cercana. Ciertamente, esto genera un gran compromiso para esa coalición, compromiso de cumplir con lo prometido en los casi dos años de campaña, gran parte de la cual fue a todas luces ilegal; la etapa de las campañas ha terminado. Ahora llega el tiempo de cumplir.
La acumulación de poder en una determinada fuerza política implica una gran responsabilidad y afecta gravemente la representación de quienes disienten; si en México se aspira a una verdadera democracia, es necesario que las voces queden representadas y se logren reformas a favor de los ciudadanos. La coalición que ha llegado al poder no tiene ahora ningún pretexto ni excusa para cumplir con las iniciativas que ha plantado durante la campaña.
No obstante, esta elección deja algunos temas en el tintero que pueden y deben comenzar a resolverse en la reforma electoral que claramente habrá de emprenderse: la segunda vuelta en la elección presidencial cuando no se obtenga el 50%; porque aunque en esta y en la anterior elección presidencial el candidato ganador lo ha hecho con más de ese porcentaje, pero no siempre será el caso, y es necesario que existan estos mecanismos para que la legitimidad del candidato electo sea mayor; lo mismo ocurre con la reforma a la composición de las Cámaras, donde el respeto a las minorías es sumamente importante.
Sólo el tiempo dirá si la decisión expresada el pasado domingo en las urnas logra cumplir con las expectativas que se han puesto sobre los hombros del proyecto político gobernante; pero es cierto que se avecinan cambios en el sistema legal de nuestro país, probablemente en el sistema político y también en el sistema electoral; cambios que prometen ser de gran calado; pero la acumulación de poder en un solo grupo de personas no es sano para ninguna democracia, es preciso que esas reformas de gran calado impliquen disminuir la posibilidad de que un solo partido político o coalición alcance niveles de representación que puedan ser un peligro para el sistema democrático.